Incidentes aislados entre manifestantes y la policía en la capital chilena marcaban el lunes el primer mes de una ola de protestas que han sacudido al país sudamericano y que han dejado más de 20 muertos y miles de detenidos.
Aunque han bajado de intensidad, las manifestaciones – que iniciaron por un alza en el precio del transporte para extenderse luego a múltiples reclamos en salud, educación, pensiones y el pedido de una nueva Constitución- se mantienen pese al intento del Gobierno por frenarlas.
En la populosa barriada de Puente Alto, escaramuzas con la policía obligaron el cierre de locales comerciales y del tren subterráneo, cuya estación sufrió destrozos al inicio de la crisis. Otros focos se reportaban en otras partes de la ciudad.
En muchas ocasiones, las manifestaciones han derivado en saqueos, incendios y cuantiosos destrozos a infraestructura pública y privada, mientras aumentan las denuncias por un uso excesivo de la fuerza por partes de los cuerpos de seguridad.
La portavoz del gobierno, Karla Rubilar, dijo el lunes que la policía ha tenido que actuar en “circunstancias muy adversas donde ha habido un nivel de violencia que no habíamos visto nunca en democracia”.
El domingo, el presidente Sebastián Piñera insistió en los esfuerzos del gobierno por atender las demandas y avanzar en una nueva carta magna y, además de volver a condenar la violencia, también reconoció abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.
“No habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia ni con aquellos que cometieron atropellos o abusos”, sentenció el mandatario.
Partidos políticos de todas las tendencias firmaron la semana pasada un acuerdo para promover un referendo sobre una nueva Constitución y el mecanismo para su elaboración, lo que fue bien recibido por los mercados financieros.