Los hondureños acudían el domingo a las urnas para elegir presidente, diputados y miles de otros cargos locales en unas elecciones donde el conservador Partido Nacional (PNH) podría perder el poder que ostenta desde 2010, en medio de escándalos de corrupción y acusaciones de narcotráfico contra sus líderes.
A pesar de que hay 13 candidatos para el sillón presidencial, las encuestas colocan sólo a dos con las mayores opciones de ganar: Nasry Asfura, alcalde de Tegucigalpa y contendiente por el PNH, y la exprimera dama Xiomara Castro, del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre).
A continuación, seis temas que enfrentará el ganador de la contienda una vez que asuma el cargo a fines de enero de 2022.
El lastre de la corrupción
Incluso en los momentos más álgidos de la pandemia del coronavirus, la corrupción continuó siendo el principal problema para la mayoría de los casi 10 millones de hondureños, según una encuesta de CID Gallup publicada en septiembre.
Y es que, desde enero de 2018, cuando el presidente Juan Orlando Hernández asumió su segundo mandato consecutivo en medio de denuncias de fraude, el combate contra la corrupción en el país ha ido en franco retroceso, coinciden expertos.
El Congreso, dominado por el oficialista PNH, aprobó una serie de medidas que dificultan la investigación de delitos de cuello blanco. Tampoco renovó las funciones de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) -secundada por la OEA-, que tenía en la mira al mandatario, su círculo cercano y decenas de funcionarios públicos.
En 2020, Honduras ocupó el puesto 157 de 180 países, según el ránking de percepción de corrupción de Amnistía Internacional. La nación ha ido cayendo en la lista en los últimos años y, desde 2014, cuando Hernández asumió la presidencia por primera vez, retrocedió 31 puestos.
El próximo gobierno tendrá un fuerte motivo para combatir la corrupción, toda vez que Estados Unidos -su mayor socio comercial- está condicionando una ayuda de 4,000 millones de dólares para Honduras y otros países centroamericanos a la lucha contra este flagelo.
A pesar de que Castro ha prometido integrar una comisión internacional anticorrupción con el apoyo de la ONU, analistas y congresistas en Washington se muestran escépticos sobre un cambio verdadero argumentando que la corrupción está profundamente arraigada en Honduras.
De hecho, los tres principales candidatos presidenciales -o sus allegados- han sido señalados por corrupción.
Economía precaria
En el último lustro, la economía de Honduras ralentizó su crecimiento, lastrada por la inseguridad y la corrupción. En 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) del segundo país más poblado de Centroamérica cayó un 9% por los efectos de la pandemia y de dos potentes huracanes que golpearon la zona.
Las proyecciones del Banco Mundial sugieren que la proporción de personas que viven por debajo de la línea de pobreza de 5,5 dólares al día habría aumentado al 55% en 2020, esto es, más de 700.000 nuevos pobres.
Además, de 2019 a 2020, la tasa de desempleo casi se duplicó al legar al 10,9% y la de subempleo pasó del 60,6% al 70,7%. En septiembre de 2021, unos 3,3 millones de hondureños -un tercio del país- enfrentaban inseguridad alimentaria aguda.
Por si fuera poco, el país tiene una de las tasas de cobertura de la vacuna contra el COVID-19 más bajas de América Latina; apenas el 39% de sus 9,5 millones de habitantes tienen el esquema completo, según cifras oficiales. Ello hace temer a epidemiólogos que un rebrote podría obligar a las autoridades a imponer restricciones que frenen la recuperación económica.
Quien triunfe el domingo recibirá un país con más de 15,000 millones de dólares en deuda pública, que representa un 57% del PIB. De ese total, unos 8,172 millones de dólares corresponden a deuda externa.
Castro, candidata del partido izquierdista Libre, ha propuesto «readecuar» y «auditar» la deuda, mientras que la política de Asfura podría implicar una mayor colaboración con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que el país tiene un acuerdo y una línea de crédito.
Migración al alza
Las difíciles condiciones de vida, la inestabilidad política y la corrupción en Honduras han contribuido a que la migración crezca sin freno.
En el año fiscal 2021, que terminó en septiembre, los hondureños representaron casi la mitad de los 701,049 centroamericanos detenidos en la frontera suroeste de Estados Unidos, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país (CBP, por sus siglas en inglés).
A pesar de que el creciente número representa un dolor de cabeza para la administración Biden, no hay indicios claros de que un nuevo gobierno en Honduras busque quebrar esa tendencia ya que las remesas que envían los migrantes representan una gran ayuda para la precaria economía.
El dinero que envían los migrantes hondureños -que residen mayormente en Estados Unidos- representa el 22% del PIB del país centroamericano, uno de los porcentajes más altos de la región.
«Si se reproducen escenarios como los de 2017, esto tendría repercusiones fuertes en el número de hondureños que decidirían dejar el país», opinó Tiziano Breda, analista del International Crisis Group (ICG), haciendo referencia a las presidenciales de ese año, fuertemente cuestionadas por la comunidad internacional y que devinieron en violentas protestas.
La sombra del narcotráfico
A fines de marzo, un juez federal estadounidense sentenció a cadena perpetua a Juan Antonio «Tony» Hernández, hermano del presidente de Honduras, por sus vínculos con el narcotráfico y posesión de armas.
Si bien el mandatario no se encuentra siendo juzgado por ningún delito, ha sido señalado por narcos de haber recibido sobornos antes de llegar al poder a cambio de contratos gubernamentales y protección contra posibles capturas y extradiciones a Estados Unidos.
Hernández ha negado repetidamente las acusaciones y sostiene que, por el contrario, se basan en testimonios falsos de quienes intentan castigarlo por sus esfuerzos para limpiar Honduras del narcotráfico.
En todo caso, algunos analistas opinan que Washington está tras los pasos de Hernández y que su salida del poder, a fines de enero de 2022, podría allanar el camino. Sin embargo, otros, no lo creen tan probable.
Como expresidente, Hernández puede jurar como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que daría inmunidad ante cualquier intento de extradición. El exmandatario guatemalteco Jimmy Morales hizo lo propio para, según sus críticos, evitar ser enjuiciado por corrupción.
Relaciones China y Taiwán
A mediados de noviembre, Hernández, el mandatario saliente, realizó una visita sorpresiva a Taiwán en momentos en que Taipéi ha mostrado su preocupación porque la candidata puntera en las encuestas, la izquierdista Xiomara Castro, aseguró que, de ganar, «abriría inmediatamente relaciones diplomáticas y comerciales con China continental».
Honduras es uno de los 15 países que mantiene lazos diplomáticos formales con Taiwán, que China reclama como su territorio sin derecho a las relaciones entre estados.
La mayoría de aliados diplomáticos de Taiwán están en Centroamérica y el Caribe. Entre ellos figuran Guatemala, Nicaragua, Haití, Honduras y otros.
Pero en su ofensiva por aislar internacionalmente a la isla, China ha conseguido pescar algunos aliados históricos de Taipéi como Panamá, República Dominicana y, más recientemente, El Salvador. Y Honduras podría ser el próximo a pesar de una relación diplomática de 80 años.
Sin embargo, no todo está dicho ya que la propuesta de Castro aún se está evaluando, dijo a Reuters el jefe del grupo que elaboró su plan de gobierno, Hugo Noé.