Una nueva crisis política sacude las calles de Bolivia.
Este miércoles, el país sudamericano se sumió en el tercer día consecutivo de protestas antigubernamentales que, en lo que va de semana, han derivado en enfrentamientos entre manifestantes, policías y movimientos afines al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
Los mayores choques han ocurrido en las regiones de Santa Cruz de la Sierra, Potosí, Tarija y Cochabamba. También ha habido protestas en La Paz, Oruro y Beni.
La protesta se origina en el rechazo de la polémica ley 1386, también conocida como «ley madre», aprobada en agosto y criticada por grupos sociales y opositores que consideran que otorga al gobierno un poder excesivo y discrecional.
Desde el oficialismo, sin embargo, la protesta es rechazada y vista como un instrumento con el cual se busca «desestabilizar» al gobierno del presidente Luis Arce.
La jornada del lunes fue la más concurrida y se saldó con más de un centenar de detenidos y varios heridos.
La protesta, que ha sido convocada como un «paro indefinido», ha estado caracterizada por los numerosos cortes de vías que han realizado los manifestantes y por las intervenciones de la policía para dispersarles, que han sido criticadas por su aparente dureza.
¿Qué es la «ley madre»?
La Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, conocida también como «ley madre», fue aprobada el pasado agosto y, como su nombre sugiere, formalmente apunta a combatir el blanqueo de capitales.
La norma contiene 7 artículos, entre ellos uno que establece que esta estrategia podrá ser modificada por el ejecutivo a través de un decreto.
Además incluye anexa la estrategia en sí, que es un documento técnico de 54 páginas que sienta las bases para su implementación.
¿Por qué causa protestas?
Los críticos de la «ley madre» afirman que esta busca imponer un «totalitarismo económico y financiero».
El Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade), una de las organizaciones que cuestiona la norma, hizo pública una lista de 11 objeciones a la ley y pidió su derogación alegando que esta tiene como propósito «generar acciones de inteligencia financiera contra la población, control de las actividades económicas del pueblo, persecución y amedrentamiento, eximiendo de todo este proceso a la principal actividad ilegal generadora de ganancias ilícitas, cual es el narcotráfico».
Por su parte, la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol) propuso modificar el artículo que prevé la posibilidad del ejecutivo de cambiar la norma por decreto para evitar que sea usado por los gobiernos «para generar condiciones de persecución política».
Las movilizaciones contra esta norma han estado impulsadas principalmente por movimientos gremiales y sindicales.
«Son los pequeños comerciantes, la mayor parte de ellos de mercados y calles, los transportistas, que son chóferes y dueños de los medios de transporte, y ahora están a punto de sumarse los cooperativistas mineros», señala Roberto Laserna, investigador social afiliado al Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres).
Laserna explica que estos sectores son amplios desde el punto de vista demográfico e importantes desde el punto de vista económico, porque manejan gran cantidad de recursos, pero que mayormente operan en la economía informal, por lo que temen verse afectados por la nueva legislación.
Laserna afirma que la norma permite investigar todo tipo de transacciones de cualquier cuenta bancaria que resulte sospechosa y no como en otras partes del mundo, donde no se puede indagar cualquier cuenta, sino solamente aquellas cuyas operaciones superan unos montos específicos.
«Entonces uno podría verse involucrado en sospechas y, a raíz de estas, un fiscal podría ordenar, por ejemplo, el congelamiento de cuentas, exista o no razón para hacerlo«, apunta.
«Además, esto ocurre en un país en el que una gran parte de la población pertenece al sector informal de la economía. Es decir, es gente que no tiene papeles al día, que trabaja mucho sin contratos, entonces les resulta más difícil explicar de dónde o cómo acumuló dinero para comprarse una casa, un camión o un auto y eso tiene a la gente también muy molesta y muy suspicaz», agrega.
¿Qué dice el gobierno?
El presidente Luis Arce defendió este miércoles la vigencia de la ley madre y acusó a la «derecha» de fomentar las protestas en contra de la norma para evitar que avancen las investigaciones judiciales y conseguir «la impunidad de lo que pasó el 2019 con el golpe de Estado».
El llamado «caso golpe de Estado» es una investigación abierta en contra de dirigentes opositores por la crisis política ocurrida en 2019 que derivó en la renuncia y salida del poder del entonces presidente Evo Morales.
«Hay que ser loco para pensar que nuestro gobierno va afectar a los más pobres», dijo Arce, según reseñaron los medios locales.
La semana pasada, la ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, negó que la ley 1386 afecte a los trabajadores gremiales o a los transportistas y aseguró que algunos grupos han querido interpretarla de esa manera para buscar la desestabilización del gobierno.
Otros voceros del gobierno, como el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Juan Vilca, han dicho expresamente que esta norma «no afecta al sector informal, sino a quienes se enriquecen de forma ilícita».
Pese a ello, los críticos de la norma han destacado que uno de los puntos de la estrategia aprobada junto a la ley menciona la «problemática de la informalidad» y señala expresamente que «la informalidad genera numerosas oportunidades para que el delincuente pueda ingresar a la economía el producto del delito y puedan ser llevadas a cabo en forma anónima y sin dejar ningún tipo de registro que permita su detección por las autoridades».
¿Cómo se comparan estas protestas con las de 2019?
Las protestas contra la ley madre han sido consideradas desde el gobierno como un «intento de desestabilización» impulsado por la derecha, a la cual el oficialismo también le imputa la responsabilidad por la crisis política vivida en 2019.
En un artículo publicado en el diario La Razón, el periodista Rubén Atahuichi hace algunos paralelismos entre lo ocurrido en 2019 y lo que pasa ahora.
«En uno de sus discursos, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, invocó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana a sumarse al pueblo, como lo hiciera el 2 de noviembre de 2019 su antecesor Luis Fernando Camacho, hoy gobernador de Santa Cruz, cuando lideraba las protestas que terminaron con el derrocamiento del presidente Evo Morales», escribe a modo de ejemplo.
Para concluir más adelante que no es el rechazo a la ley lo que les impulsa.
«Ya sabemos el libreto. No es democrático lo que hacen, buscan convulsionar el país para sus fines, con el pretexto de cualquier cosa», agrega.
El analista Roberto Laserna coincide en que es posible que entre quienes promueven las manifestaciones ahora haya «alguna gente» interesada en desestabilizar el gobierno, pero considera que no hay comparación con lo ocurrido hace dos años.
«La protesta de 2019 fue mucho más fuerte, era mucho más específica. Había un cansancio muy grande por un gobierno que había durado 14 años y que no había respetado la Constitución, no respetó el referéndum. En este momento yo creo que no hay ese riesgo. Quizás algunos grupos tienen la ilusión de derribar al gobierno de Luis Arce con este tipo de presiones, pero creo que eso no va a ocurrir y no debería ocurrir tampoco», señala.
Laserna asegura que el gobierno tiene legitimidad política y democrática, tras haber ganado las elecciones y haber obtenido una mayoría en el Parlamento.
El experto tampoco considera que el problema de fondo sea la ley 1386 y apunta más bien a un problema de desconfianza generalizada en el gobierno, en la justicia y en las instituciones.
«La ley es un detonante de un problema de confianza en la sinceridad democrática del gobierno y de confianza en los organismos institucionales que protegen los derechos de los de los ciudadanos».
Asegura que la ley contiene una cantidad de instrumentos de coerción y de persecución que podrían ser utilizados de forma abusiva para la persecución política y que fue aprobada en un contexto en el que los ciudadanos han perdido toda la confianza en el sistema jurídico.
Laserna dice echar en falta una disposición más dialogante por parte del gobierno de Arce, que llegó al poder «ofreciendo reconciliación y ofreciendo una reforma de la justicia, que no se han visto este año».
El experto considera «impredecible» cómo puede evolucionar este conflicto, pero destaca que no es correcto enfocarlo como si se tratara de un choque entre el gobierno y la oposición política, pues el verdadero motor de las protestas no es la oposición sino los movimientos de trabajadores de la economía informal.
«Son movimientos de extracción muy popular, indígena, formados muchas veces por migrantes rurales a la ciudad, al igual que el sector del transporte y los cooperativistas. Entonces, no estamos en una pelea de élites contra sectores populares, sino de sectores populares informales que no dependen del Estado ni de las empresas, sino de sí mismos y que están sintiéndose amenazados.
«El gobierno debería prestar mucha atención porque no son minorías, son sectores muy amplios y muy fuertes, que están muy organizados», advierte.
fuente:bbcmundo