Un estruendo se siente a lo lejos. La gente mira de un lado al otro, asustada. Algunos empiezan a correr. Otros se preguntan dónde ir.
El humo empieza a esparcirse por las calles del sector de Tobalaba, en la zona oriente de la capital de Chile, Santiago.
El fuego lo provocan las bombas molotov lanzadas por algunos de los cientos de manifestantes reunidos fuera del centro comercial Costanera Center.
La ofensiva apuntaba directamente a las fuerzas policiales, quienes, a su vez, intentan reprimir -con bombas lacrimógenas y agua- a quienes llevan días marchando en las calles.
El ambiente está tenso. Vestidos de negro y con el rostro cubierto, algunos manifestantes parecen estar dispuestos a todo. Gritan contiendas como «¡basta de abusos!» y «¡esto no termina!» mientras que los Carabineros responden con agresividad.
Esta escena, que ocurrió el 6 de noviembre cuando habían pasado 20 días desde que estalló la peor crisis política y social de los últimos 30 años en Chile, no ha parado de repetirse.
20 días en los que las principales avenidas de diversas ciudades del país sudamericano han sido protagonistas de intensas protestas, rayados y, en muchos casos, destrucción.
Barricada ardiendo cerca del centro comercial Costanera CenterYa nada es normal. La gente sale temprano de sus trabajos, los supermercados y centros comerciales abren por unas pocas horas y los medios de comunicación se dedican a transmitir solo sobre el colapso en el que está sumido el país.
Aún así, con la economía estresada y con distintos servicios operando de forma incorrecta -como el transporte-, las marchas siguen teniendo una base de apoyo importante entre los chilenos.
Según la encuesta Termómetro Social, elaborada por Núcleo Milenio en Desarrollo Social (DESOC), más del 85% dice estar «de acuerdo» con las protestas de la ciudadanía.
El gobierno de Sebastián Piñera, por su parte, ha sido transversalmente cuestionado por su respuesta a la crisis.
Se dice que los anuncios hechos hasta ahora -entre los que se encuentran el alza del 20% en las pensiones solidarias- son «cosméticos» o que llegan «demasiado tarde«.
En ese contexto, ni las autoridades y ni los académicos y expertos han sido capaces de dilucidar qué es lo que realmente quiere la calle y cuán factible es que sus demandas sean satisfechas.
Es una pregunta difícil de responder pues las demandas son múltiples.
Le preguntó a cuatro manifestantes por qué siguen marchando. Sus respuestas son distintas, pero tienen algo en común: ninguno está dispuesto a parar.
«Aguantamos mucho tiempo»
«Protesto porque necesitamos una calidad de vida más justa para todos», dice Felipe Izquierdo.
Felipe asistió a un colegio municipal (público) y, por lo mismo, dice ser testigo directo de las «injusticias» que existen en el sistema político y económico chileno.
«Yo tenía un compañero que la mamá vivía con 200.000 pesos mensuales (US$270). Se compraba el pan justo y para comer siempre había masa, pasta o arroz».
Felipe tiene una deuda por sus estudios universitarios que debe terminar de pagar en el 2033Productor audiovisual -que ha asistido a todas las protestas desde que estalló la crisis- agrega que, a pesar de que tuvo la suerte de estudiar, hoy está endeudado con un crédito universitario llamado CAE (Crédito con Aval del Estado) que debe seguir pagando hasta el 2033.
Esa deuda -explica- le aparece cada vez que quiere arrendar un lugar donde vivir o cuando necesita pedir plata prestada al banco.
Pero Felipe, además, tiene otra preocupación: su mamá, quien solo recibe de pensión 130.000 pesos (US$173).
«Ella se ve obligada a seguir trabajando. Y a mí me da miedo cuando no lo pueda seguir haciendo porque probablemente voy a tener que hacerme cargo y mi situación es supervolátil», dice.
Felipe asegura que le dan «rabia» los «sueldos precarios y la mala salud para quienes no tienen atención privada».
«El descontento es grande y aguantamos mucho tiempo. Por eso la gente hace destrozos y quieren que arda todo, para que por fin nos tomen en cuenta. Y no vamos a parar», concluye.
«Ha faltado empatía en la clase social alta»
Un caso distinto es el de Rosario Hurtado, universitaria que acudió a un colegio privado y tuvo acceso a oportunidades que muchos chilenos no tuvieron.
Sin embargo, Hurtado está determinada a marchar pues, según dice, la cuna no debería determinar la calidad de vida de las personas.
«Yo no protesto para mí, pero no me puedo quedar callada ante las injusticias que vienen siendo sistemáticas hace más de 30 años en Chile», dice.
«Desde mi lugar, que es privilegiado, debo aportar de alguna forma. Creo que ha faltado mucha empatía en el país y, específicamente, en la clase social alta», agrega.
«Yo no protesto para mí, pero no me puedo quedar callada ante las injusticias que vienen siendo sistemáticas hace más de 30 años en Chile».«La gente -continúa- mira para abajo, en un sentido despectivo. Y nosotros tenemos que ser capaces de renunciar a nuestros privilegios o, al menos, compartirlos».
Para Rosario, el gobierno aún no ha dado señales de querer levantar una agenda social potente y eso ha generado que las marchas continúen.
«Se han logrado muy pocas cosas. Y creo que nosotros no podemos ceder, tenemos que presionar hasta que el gobierno se canse y ceda», dice.
Rosario asegura que las autoridades han combatido las protestas con «fuego».
«La represión ha sido tan violenta que dan ganas de devolver la mano, dan más ganas de pelear. La violación a los derechos humanos es gasolina para el enojo», explica.
Sobre demandas específicas, la universitaria asegura que es imperante bajar la dieta parlamentaria, subir los sueldos mínimos y empezar a conversar una reforma a la constitución pues, según dice, muchos derechos fundamentales se están viendo afectados.
«Los políticos han hecho lo que han querido con la ciudadanía y eso debe cambiar», dice.
«País de abusos»
Pedro Ramírez Aravena está parado a pocos metros de la protesta en el centro comercial Costanera Center.
Manifestante lanza de vuelta el gas lacrimógeno tirado por la policía cerca del centro comercial Costanera CenterMientras mira de lejos lo que está pasando, aplaude.
El hombre lleva 40 trabajando como conserje de un edificio en Providencia. Dice que su pensión es solo de 160.000 mensuales (US$213) y que, por lo mismo, debe seguir trabajando.
«Me da rabia, me frustra, porque esa plata las trabajan las NAFP (Administradora de Fondo de Pensiones) y son ellos los que se llevan los billetes», dice.
«Este es un país de abusos, de abusos contra el pueblo, contra los sueldos, los empleos. Se preocupan más del empresariado que de los empleados, por eso es bueno que sigan las manifestaciones».«Este es un país de abusos, de abusos contra el pueblo, contra los sueldos, los empleos. Se preocupan más del empresariado que de los empleados, por eso es bueno que sigan las manifestaciones», agrega.
Al igual que Rosario Hurtado, Pedro Ramírez asegura que el gran problema del gobierno es que jugó con «fuego».
«Esto hace mucho tiempo que se venía venir, yo lo sabía. Yo sabía que estaban jugando con fuego. Y con las burlas y sarcasmos, sobretodo de algunos ministros, ahí reventó todo el asunto», dice.
El conserje afirma que no tiene muchas esperanzas de que esto cambie.
«De verdad espero que algo entienda el empresariado con todo esto, pero el problema es que las manifestaciones van a parar en un tiempo más y el abuso va a seguir igual», concluye.
«Robo» del agua
Caminando en dirección a la protesta, el fotógrafo Nohlan Manquez asegura que son «muchos los factores» por los cuales protesta.
«Hay tanta desigualdad en ámbitos sociales, en el sistema de pensiones, en la privatización del agua, en la salud… Nuestra lucha es muy variada», dice.
Para él, el lema de que «no son los 30 pesos sino los 30 años», que se refiere al detonante de esta crisis, es «muy real».
La policía lanza gas lacrimógeno contra manifestantes. Las fuerzas del orden han recibido críticas por la violencia con la que han tratado a algunos manifestantes.«Los chilenos nos vemos afectados colateralmente de muchas formas», dice.
El fotógrafo asegura que, una de las temáticas que más le genera «rabia», es el «robo del agua«.
«Con nuestro sistema privatizado, la falta de agua encarece los productos y hoy están excesivamente caros. Un kilo de plátanos, por ejemplo, ha subido al doble en los últimos meses», dice.
Nohlan afirma, además, que la desigualdad la vive día a día por la falta de oportunidades en su trabajo como fotógrafo.
«A mí me ha costado llegar donde estoy porque en Chile todo se mueve por contactos y yo no estoy de acuerdo con eso. En realidad deberíamos valer por el trabajo que hacemos».
Antes de sumarse a la marcha, afirma: «Yo no voy a parar de protestar hasta que se cree una nueva constitución y se termine con la herencia de Pinochet».
¿Qué tan factible es cumplir con sus demandas?
Los cuatro manifestantes reflejan las múltiples demandas por las que se protesta en Chile.
El sistema de pensiones, la precariedad en la educación y la salud públicas, los bajos salarios y otras cosas más específicas, como la privatización del agua, forman parte del extenso petitorio.
Esto significa un problema importante para quienes intentan destrabar el conflicto. Al no tener una contraparte clara -ni una demanda en particular- las soluciones se diluyen con mayor facilidad.
Para el cientista político Cristóbal Bellolio, la única forma de salir de esta crisis es que el presidente Piñera anuncie medidas que haga sentir a los manifestantes que «ganaron».
Chile vive sumido en la mayor crisis de su joven democracia.«La calle necesita percibir que ha ganado algo. Y como las propuestas de Piñera han llegado tarde, la calle siente que, hasta ahora, no ha ganado nada».
Bellolio asegura que uno de los mayor problemas de estas manifestaciones es su naturaleza «heterogénea«. Por lo mismo, explica, el gobierno debiera dedicarse a «desactivar algunos grupos movilizados a través de entendimientos».
Por ejemplo -explica-, si se anunciara que se va a cambiar la constitución, varios grupos se descolgarían de las protestas. Lo mismo si se decidiera doblar las pensiones o el sueldo mínimo.
Por su parte, la doctora en ciencias sociales Gloria de la Fuente afirma que en este momento lo más importante es hacerse cargo del orden público y de los derechos humanos.
«El orden público es una necesidad de la democracia. Y la violencia y el atropello a los derechos humanos solo va a generar más rabia y va a seguir creciendo si no se le detiene», asegura.
La miembro del consejo para la Transparencia de Chile cree que la única manera de satisfacer las diversas demandas de la ciudadanía es a través de una nueva constitución.
«En el largo plazo, no veo otra salida que impulsar un proceso constituyente relevante«, dice.
«El gobierno ha llegado tarde a los anuncios y parte de la crispación tiene que ver con eso. Por eso, si este gobierno se abre a un proceso de nueva constitución, la situación tiene que cambiar», concluye.
fuente:bbcmundo