“No ha habido tiempos de paz para las mujeres” de El Salvador

No obstante, la CIDH en su informe es tajante: «Respecto del derecho a la vida, la Comisión observa con preocupación que El Salvador continúa siendo el país con mayor número de asesinatos de mujeres en la región». Según la entidad, «las muertes violentas de mujeres muestran signos de especial odio y ensañamiento como en los casos de asfixias, ahorcamientos y agresiones con machete. Igualmente, la Comisión ha sido informada de casos de violencia contra las mujeres perpetrada por agentes de Policía Nacional Civil (PNC)».

La comisionada vicepresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcon, no aclara si esto significa que la situación en El Salvador sería peor que la de otros países conocidos por tener un alto índice de feminicidios, como México. La funcionaria prefiere «resaltar que los feminicidios son la expresión más extrema e irreversible de la violencia y discriminación contra las mujeres. Este es un tema grave que requiere, más que una comparación entre países, un abordaje coordinado de las instituciones y desde un enfoque local, nacional y regional».

«Creemos que, respecto a otros países de Latinoamérica, es difícil medir porque hay pocos registros confiables que nos permitan tener parámetros de comparación regional, pero es claro que hay una violación sistemática que no ha mermado», afirma por su parte a DW Silvia Juárez, coordinadora de programa Derecho a una vida libre de violencia de ORMUSA (Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz).

«Casi 4 desapariciones diarias»

«La situación de las mujeres no ha variado significativamente en El Salvador», continúa Juárez. «Hay, por el contrario, en estos últimos dos años un debilitamiento de los subsistemas de protección con lo cual se pone en mayor riesgo la vida de las mujeres. Reconocemos que hay una disminución significativa de muertes violentas, pero no han cesado las desapariciones en condiciones verdaderamente preocupantes», agrega la representante de ORMUSA.

Mantilla Falcon declara a DW que en el documento Situación de derechos humanos en El Salvador de la CIDH, “la información recopilada indica que en 2018 se registraron 3.289 denuncias de personas desaparecidas; 3.030 en 2019; y, hasta octubre de 2020, se conoce un total de 1.630 denuncias de personas desaparecidas”.

Por su parte, Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de derecho y seguridad de la ONG CRISTOSAL, dijo a DW que en 2021 «la Fiscalía reportó, en una audiencia que se tuvo el 21 de octubre con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había 1.192 personas desaparecidas». Según cifras recopiladas por CRISTOSAL, «en El Salvador desaparecen aproximadamente 4,06 personas diarias».

«La práctica de la desaparición de personas ha variado en El Salvador. Los grupos criminales, entre ellos las pandillas, el narcotráfico y el crimen organizado en general, en los años 2000 comenzaron a mostrar su poderío dejando los cuerpos abandonados, mutilados, y expuestos -en el caso de las mujeres- con muestras de violencia machista. Sin embargo, en los últimos años, desde 2002 hasta 2017, se ha encontrado 238 fosas. Es decir que las pandillas y el crimen organizado modificaron la modalidad de mostrar ese poderío exponiendo los cuerpos y empezaron a ocultarlos en fosas clandestinas. Esto ocurrió con mayor énfasis durante la tregua que se produjo en 2012-2013 y está ocurriendo ahora», argumenta Navas.

Las defensoras también son víctimas

Mantilla Falcon asevera que «la situación de riesgo en la que se encuentran las mujeres defensoras de derechos humanos y las diversas formas de violencia que enfrentan es uno de los temas abordados en el informe» y dice que en El Salvador las «defensoras y periodistas se enfrentan continuamente a personas o colectivos que, además de reprobar su participación en la vida pública y su liderazgo en la defensa de los derechos humanos, hacen uso de estereotipos machistas para deslegitimar su trabajo».

«Como muchas mujeres defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, he recibido acoso a través de Twitter, que tiene la misma característica de otros casos: un funcionario escribe un comentario en el que se trata de desprestigiar la capacidad y credibilidad de una defensora o periodista y luego es seguido por decenas de mensajes ofensivos de otras cuentas, algunas de las cuales ni siquiera puede asegurarse que corresponden a personas reales», dice a DW la especialista en derechos humanos Celia Medrano.

«El Estado está fallando en su deber de investigar con la debida diligencia agresiones contra mujeres periodistas y, al no hacerlo, es responsable de que estas agresiones puedan escalar a niveles de agresión física y contra la vida», afirma Medrano y añade que «más grave aún, en comparación a gestiones gubernamentales anteriores, es el hecho de que ahora los mensajes de odio e incitación a la población para que vea al periodismo como enemigo provienen desde el mismo Estado».

«También es cierto que hay una descalificación de las organizaciones», dice por su parte Juárez, quien admite que, como ORMUSA, no se han visto expuestas a tales ataques. Pero no descartan la posibilidad de enfrentarlos porque «hemos cuestionado la situación que han vivido las mujeres desde siempre, desde que existimos, porque no ha habido tiempos de paz para las mujeres».

DW solicitó una entrevista a través del secretario de prensa de la Presidencia para conocer la postura del Gobierno de El Salvador, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.