El primer ministro, Biniamín Netanyahu, advirtió a su Gabinete que si se aprueba el proyecto de ley que busca legalizar en forma retroactiva los asentamientos judíos construidos en terrenos privados palestinos podría haber graves consecuencias, incluyendo el juicio de funcionarios israelíes en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.
Los fiscales de la CPI realizaron recientemente una revisión preliminar sobre los territorios disputados para determinar si lanzarán una investigación de gran escala contra Israel por crímenes de guerra.
“Si se aprueba este proyecto de ley, nos podrían llevar a todos a La Haya”, advirtió Netanyahu durante una reunión de Gabinete, que duró seis horas, sobre el inminente desalojo y demolición del asentamiento ilegal o “outpost” de Amona para el 25 de diciembre, tras la determinación de la Corte Suprema de Justicia de que fue construido sobre terrenos privados palestinos.
El primer ministro advirtió también que la aprobación de esa ley podría empujar al presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, a actuar en contra de Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU antes de que finalice su mandato el 20 de enero.
El proyecto de la Ley de Regulación ha sido aprobado por el Parlamento (Knéset) en forma preliminar y será votada el miércoles en primera lectura, pero el asesor legal del Gobierno, Avichai Mandelblit, ha advertido que en su formato actual será indefendible ante la Corte Suprema.
Sin embargo, el partido religioso nacional Habait Hiehudí, y su líder Naftalí Bennett, no están dispuestos a dar marcha atrás con la legislación.
“No abandonaremos este proyecto de ley hasta que no veamos una solución a Amona y a todo la empresa de los asentamientos”, dijeron funcionarios de ese partido.
Durante la reunión, Mandelblit ofreció una solución de compromiso que consistiría en trasladar a Amona por un período de ocho meses a tres terrenos cercanos que pertenecen a palestinos ausentes.
Durante esos ocho meses, los funcionarios de planeamiento y construcción, junto con los expertos legales trabajarían para encontrar terrenos disponibles para trasladar el asentamiento de forma permanente.
Simultáneamente, el asesor legal del Gobierno examinará la posibilidad de introducir el “modelo chipriota”, según el cual se establecería un tribunal para las disputas de tierra en Cisjordania (Judea y Samaria) para enfrentar tales cuestiones y prevenir crisis similares en el futuro.
No obstante, Mandelbilt advirtió que esas soluciones sugeridas por los funcionarios políticos son válidas solamente si la Ley de Regulación no es admitida.
“Si la Ley de Regulación es aprobada en la Knéset, entonces esta racionalidad ya no es relevante, y el Ministerio de Defensa deberá evacuar inmediatamente los terrenos”, apuntó el asesor legal.
Mientras tanto, los habitantes de Amona se preparan para resistir la inminente evacuación. “La evacuación de Amona será un mega-evento” advirtió un activista. “Tal vez no seamos gente violenta pero protestaremos usando medidas pasivas serias para convertir la eliminación de una comunidad en un evento traumático de la historia de Israel”.
fuente:aurora