El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presidió una ceremonia en la que se integraron 1.400 hombres al plan antipandillas o Plan Control Territorial, como ha sido denominado por el gobierno.
Bukele anunció el martes la incorporación de militares de la Fuerza Armada en las tareas de seguridad, para apoyar a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Durante su discurso, el mandatario criticó a legisladores que se opusieron un préstamo de un millón de dólares para continuar financiando su Plan de Seguridad Nacional.
«Cuando los delincuentes les piden (a los diputados) dinero para matar salvadoreños dicen sí, pero cuando se pide dinero para un buque para combatir el narcotráfico dicen no», afirmó el presidente.
«Son días difíciles porque nos toca enfrentar no solo a este poder fáctico que se llama delincuencia, sino a este gran poder formal de políticos tradicionales, que se escudan en la Asamblea Legislativa», agregó.
Vivimos días difíciles. #PlanControlTerritorial pic.twitter.com/fUhmv22wG4
— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) February 19, 2020
Dijo, incluso, que los diputados del congreso «niegan recursos económicos para brindarles chalecos antibalas, uniformes, cascos, botas y visores nocturnos».
"Este día estamos incorporando 1,400 nuevos efectivos al #PlanControlTerritorial. Esta es una profesión que requiere amor al pueblo", Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/wV1TinElY1
— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) February 18, 2020
«Ustedes salen a luchar y a proteger a los salvadoreños con o sin fondos. A los que se los niegan, los salvadoreños los castigarán en las próximas elecciones y en la otra vida Dios lo hará», dijo Buekele.
"Hoy, Norman Quijano dijo que no se iba a apartar de su fuero porque no confiaba en el Fiscal General ni en las leyes del país, ¿por qué el expresidente de la @AsambleaSV sí puede decir que no confía en el sistema del país?", Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/MSELnA0nJy
— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) February 19, 2020
A pocos días de asumir, Bukele anunció su Plan Control Territorial para hacer frente a la violencia generada por las maras o pandillas, integradas por al menos 65.000 miembros que operan en barrios y comunidades populosas para realizar actividades de narcotráfico, extorsión y crimen organizado. En pocos meses, dijo el gobierno, el plan iba viento en popa.
Cuando Bukele fue juramentado se registraba un promedio de 9,2 homicidios diarios y en el primer mes de su mandato bajó a 7,7. Al cumplir sus primeros 100 días, la cifra se ubicaba en 5,9.
El gobierno no se ha mostrado dispuesto a recibir cuestionamientos, y durante la confrontación de hace unos días con el Congreso las tensiones llegaron a un punto límite cuando Bukele llegó al Palacio Legislativo acompañado de militares para presionar a los legisladores y que aprobaran el préstamo que defiende.
La presencia del ejército en el Congreso fue recibió un sinnúmero de críticas dentro y fuera del país, y la misma semana la Corte Suprema le ordenó a Bukele que dejara de utilizar a las fuerzas armadas en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y que ponen en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo.
El mandatario dijo que acataría la orden, pero las alarmas ya se habían disparado sobre el comportamiento que Bukele demostraba en un país que vivió años de presión militar durante la guerra civil.
Lo que el gobierno ha dicho sobre el préstamo es que requiere 575,2 millones de dólares para la implementación de las tres primeras fases de su plan entre 2019 y 2021. El dinero vendría del Fondo General de la nación, contribuciones especiales, donaciones y prestamos de organismos financieros internacionales.
La Comisión de Hacienda ya había avalado autorizar al gobierno para negociar un préstamo 109 millones de dólares, pero después la cúpula de los dos partidos mayoritarios -la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)- anunciaron que retiraban su apoyo debido a que necesitaban más información de cómo se usaría el dinero. Entonces, la confrontación estalló.
Ahora, que los planes de seguridad del gobierno estarían el riesgo sin la aprobación que pide el mandatario, la pregunta es si esto afectará las cifras de violencia que venían a la baja.
La antopóloga y experta de la Universidad de Dayton, Miranda Cady Hallett, dijo a la AP que no estaba segura de que el financiamiento del plan de seguridad pudiera ser un problema.
“No sé si la causa del conflicto sea verdadero, pero sí puedo decir que es una señal de un gobierno que no está funcionando”. Explicó que si la Asamblea no trabaja en conjunto con el presidente, “claro que va a afectar la habilidad del gobierno a llevar a cabo cualquier plan que tenga”.
(Con información de AP)