El secretario de Estado de los Estados Unidos dice que el movimiento de la CPI se enfoca en objetivos injustos del estado judío y llama a negociaciones directas entre Israel y los palestinos
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, denunció el viernes la decisión de la fiscal principal de la Corte Penal Internacional de proceder con una investigación sobre crímenes de guerra presuntamente cometidos en los territorios palestinos, informó The Times of Israel en su sitio web.
“Nos oponemos firmemente a esta y cualquier otra acción que busque atacar a Israel injustamente“, dijo Pompeo.
“No creemos que los palestinos califiquen como estado soberano y, por lo tanto, no están calificados para obtener la membresía plena o participar como estado en organizaciones, entidades o conferencias internacionales, incluida la CPI“.
En Twitter, Pompeo agregó: “El camino hacia una paz duradera es a través de negociaciones directas“.
Today, the #ICC prosecutor raised serious questions about the ICC’s jurisdiction to investigate #Israel. Israel is not a state party to the ICC. We firmly oppose this unjustified inquiry that unfairly targets Israel. The path to lasting peace is through direct negotiations.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 21, 2019
El sábado, el ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijo que la decisión “prueba una vez más que la CPI es ilegal y no rinde cuentas. La soberanía de Estados Unidos está en juego aquí, así como la de Israel … No puede haber compromiso ni rendición en este punto“.
La fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, dijo el viernes que estaba “satisfecha de que haya una base razonable para proceder con una investigación sobre la situación en Palestina“.
John Bolton, entonces asesor de seguridad nacional de EE. UU., llega a Downing Street para encontrarse con el canciller britanico de Hacienda, Sajid Javid, en Londres, el 13 de agosto de 2019. (Foto AP / Frank Augstein)
Agregó que “hay una base razonable para creer que se han cometido crímenes de guerra en el contexto de las hostilidades de 2014 en Gaza” por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel por presuntamente lanzar ataques desproporcionados y “asesinatos intencionales y deliberadamente causar lesiones graves al cuerpo o la salud … y dirigir intencionalmente un ataque contra objetos o personas que usan los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra“.
Dijo que también había “una base razonable para creer que los miembros de Hamás y los grupos armados palestinos cometieron … crímenes de guerra” al atacar a civiles y torturar a individuos.
Su declaración indica que podría iniciarse una investigación completa, que podría incluir cargos contra israelíes y palestinos.
El primer ministro Benjamin Netanyahu criticó el viernes el movimiento como “un día oscuro para la verdad y la justicia“, calificando el fallo de Bensouda de “escandaloso e infundado“.
Dijo que la decisión convertía al tribunal con sede en La Haya, que Israel se ha negado a firmar desde su creación en 2002, en una “herramienta política” contra el estado judío. Afirmó que Bensouda “ignoró por completo los argumentos judiciales serios que presentamos“.
Netanyahu argumentó que la CPI “no tiene autoridad para juzgar el asunto. Tiene jurisdicción solo en demandas presentadas por estados soberanos, pero nunca ha habido un estado palestino. No aceptaremos ni consentiremos esta injusticia. Continuaremos luchando con todas las herramientas a nuestra disposición“.
Fiscal Fatou Bensouda en la Corte Penal Internacional en La Haya, Paises Bajos, 18 de diciembre de 2012. (AP / Robin van Lonkhuijsen, Pool)
También expresó asombro de que Bensouda “dice que es un crimen, un crimen de guerra, que los judíos vivan en su tierra natal, la tierra de la Biblia, la tierra de nuestros antepasados“. Bensouda había dicho que la política de Israel de asentar a sus ciudadanos en Judea y Samaria podría constituir un delito.
La Autoridad Palestina acogió con beneplácito la decisión, calificándola de “un paso muy atrasado para avanzar el proceso hacia una investigación, después de casi cinco largos y difíciles años de examen preliminar“.
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijo: “hemos logrado lo que queremos. A partir de hoy, la CPI podrá aceptar los reclamos que hicimos en el pasado“.
“Es un día histórico. Cada palestino que ha resultado herido puede presentar una demanda en la corte contra Israel “, dijo Abbas.
Saeb Erekat, Secretario General de la Organización para la Liberación de Palestina, dijo que era “un paso positivo y alentador que acerca a Palestina a la apertura de una investigación criminal contra los crímenes de guerra que se han cometido, y al fin de la inmunidad de aquellos que cometieron los crímenes“. Agregó que “contribuiría a la prevención de crímenes“.
A pesar de ser acusado por Bensouda de posibles crímenes de guerra, el grupo terrorista Hamás acogió con beneplácito la decisión y dijo que “revela el carácter de la ocupación israelí en el sistema internacional [y] la inmensidad de la injusticia cometida contra el pueblo palestino“.
Anticipándose al anuncio de Bensouda, los funcionarios israelíes habían hecho pública anteriormente una opinión legal del Fiscal General Avijai Mandelblit argumentando que el tribunal no tiene jurisdicción para una investigación. Afirmó que al recurrir a la CPI, los palestinos buscaban “presionar a la Corte para tomar decisiones sobre problemas políticos que deberían resolverse mediante negociaciones y no mediante procedimientos penales“.
El fiscal general Avijai Mandelblit asiste a una ceremonia de despedida celebrada por el fiscal estatal saliente Shai Nitzan en el Ministerio de Justicia en Jerusalén el 18 de diciembre de 2019. (Olivier Fitoussi / Flash90)
Según el asesor legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Tal Becker, “hay un esfuerzo palestino para criminalizar el conflicto, donde solo los israelíes tienen obligaciones legales y solo los palestinos tienen derechos. Pero como ha demostrado la historia, eso solo separará a las dos partes”.
El examen preliminar de la CPI se inició en 2015 después de que la Autoridad Palestina firmó el Estatuto de Roma y aceptó formalmente la jurisdicción del tribunal sobre su territorio. Investiga la construcción israelí más allá de la Línea Verde, la Guerra de Gaza de 2014 y las llamadas protestas fronterizas de la Marcha del Retorno de Gaza que comenzaron en marzo de 2018.
Bensouda indicó en el pasado que la cuestión de si el tribunal tiene jurisdicción era complicada, razón por la cual la fiscal general decidió el año pasado emitir un documento explicando el punto de vista de Israel, dijo Roy Schöndorf, el fiscal general adjunto de derecho internacional en el Ministerio de Justicia.
El informe del fiscal general solo se ocupa de la supuesta falta de jurisdicción de la CPI. Mandelblit no abordó otros asuntos que la fiscal debe tener en cuenta, ya que considera si abrir una investigación, como si los presuntos delitos son lo suficientemente graves como para merecer la participación del tribunal, o si se puede confiar en los tribunales locales para investigar estos presuntos delitos.
A principios de este mes, el Informe de la CPI sobre las actividades de examen preliminar había sido noticia en Israel al afirmar que Bensouda “siguió con preocupación las propuestas presentadas durante el reciente proceso electoral, que se presentarán a la Knéset, para que Israel anexe el Valle del Jordán en Cisjordania“.
Netanyahu ha prometido en repetidas ocasiones aplicar rápidamente la soberanía israelí sobre el Valle del Jordán, una cuarta parte de Cisjordania, si puede formar un nuevo gobierno en medio del estancamiento político en curso. Su partido Likud incluso ha afirmado que el primer ministro solo está interesado en permanecer en el cargo durante seis meses adicionales, una demanda de negociación de coalición de unidad, para cumplir la promesa.
Los palestinos también estaban descontentos con el informe de este año, ya que destacaba la supuesta tortura de la policía de la Autoridad Palestina de los detenidos civiles y la compensación financiera de la AP a los involucrados en la realización de ataques terroristas contra israelíes.