De acuerdo al Latinobarómetro de 2018, 3 de cada 4 salvadoreños mayores de 18 años están dispuestos a tolerar la corrupción a cambio de que sus problemas sean solucionados.
La corrupción es el abuso de poder para el beneficio propio, según Transparencia Internacional. En el ámbito político, se dice que la corrupción es la manipulación de instituciones y normas de procedimientos en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sostiene que la corrupción en sí misma puede considerarse un obstáculo estructural para el disfrute de los derechos humanos. Esta misma oficina también advierte que, de acuerdo al nivel y grado de penetración, la corrupción puede repercutir de forma devastadora en la disponibilidad, calidad y accesibilidad de los bienes y servicios vinculados a los derechos de la población. Pero parece que no todos los salvadoreños son conscientes de las consecuencias que la corrupción tiene para ellos y para el país.
De acuerdo al Latinobarómetro del año 2018 (más reciente a fecha de esta publicación), el 58 % de la población mayor de 18 años en El Salvador dijo que, respecto a 2017, la corrupción aumentó mucho o algo.
La encuesta también arroja que un 69 % de la población se mostró muy de acuerdo o de acuerdo en que, ante un acto de corrupción, lo mejor es callar. Por otra parte, cerca del 45 % de los salvadoreños dicen estar de acuerdo o muy de acuerdo con pagar el precio de “cierto grado de corrupción” a cambio de que se solucionen los problemas del país.
Otro dato interesante es respecto a qué grupos de personas piensan los salvadoreños que están involucrados en actos de corrupción. Más de la mitad de la población cree que el Presidente de la República y sus funcionarios, así como los diputados tienen relación con actos corruptos. El 53 % y el 54 % de la ciudadanía piensan que el ejecutivo y el legislativo, respectivamente, abusan de su poder para beneficio propio.
Una leve mejoría
Aunque hay algunas preguntas que se mantienen año con año, hay otras que solo se realizan en determinadas ediciones del Latinobarómetro. El Diario de Hoy extrajo los resultados de las bases de datos de los últimos años. Si bien tales mediciones no son las más recientes, son cercanas al año 2019, lo cual permite dimensionar de mejor manera la forma en que se percibe la corrupción en el país.
En el año 2017, se consultó a los salvadoreños si creían que se ha progresado en reducir la corrupción en las instituciones del Estado, respondiendo el 78 % que “no”, “poco” o “nada”. Es decir, hubo una impresión generalizada de escaso avance en la lucha contra la corrupción.
En 2016, el 74 % de la población dijo sentirse obligada a denunciar un acto de corrupción si lo hubieren presenciado; también, el 73 % de la población consideró que la gente común puede marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción. El 46 % de las personas piensan que la forma más efectiva para el ciudadano común de combatir la corrupción es denunciandola. A pesar de lo anterior, ese mismo año, el 49 % dijo estar dispuesto a tolerar la corrupción siempre que se solucionen los problemas del país.
Ante estos resultados, El Diario de Hoy entrevistó a dos personas con conocimiento de la materia: Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana y Karen Estrada, politóloga de la Red de Politólogas, que es un proyecto que busca promover, visibilizar y potenciar el trabajo de las mujeres dedicadas a la Ciencia Política latinoamericanista.
Estrada piensa que la percepción de aumento de la corrupción en la ciudadanía tiene que ver con la información recibida por la población en ese momento. Es así como el destape de los casos de corrupción de expresidentes, tanto de ARENA como del FMLN, hizo que ambas fuerzas políticas fueran consideradas “similares”.
Sobre la aceptación de la corrupción, esta politóloga sostiene que es un tema de cultura política, en donde la gente suele asumir o normalizar el hecho de que “roba pero al menos resuelve este o aquel problema”; es decir, que al tener una continua ausencia de respuestas a sus necesidades, la población tiende a tolerar o justificar en cierta forma cualquier manifestación de corrupción relacionada con la “solución” otorgada.
Respecto a cómo revertir o erradicar la disposición de la ciudadanía a tolerar la corrupción, Estrada dice que esto sería un proceso de largo plazo. Principalmente, debería de implicar reformas a las regulaciones de la función pública. Es decir, atacar de raíz las prácticas de corrupción en todos los niveles. Lo primordial es la efectiva formulación e implementación de las políticas dirigidas a la función pública.
Elías Antonio Saca y Mauricio Funes. Foto EDH/ AFP
En relación a la aparente contradicción entre el dato de 2016 (cuando el 76 % dijo sentirse obligado a denunciar la corrupción) y el dato de 2018 (cuando el 69 % dijo que “lo mejor es callar”), la politóloga dice que esto se debe a la debilidad de las instituciones encargadas de ejercer justicia y a un desencanto con respecto al tratamiento de importantes casos de corrupción y los resultados de estos. Sin embargo, Estrada matiza comentando que la coyuntura electoral ha evidenciado que la ciudadanía ha retomado al menos durante ese periodo la importancia de la denuncia para marcar la diferencia.
Por otro lado, Escobar considera que, sin lugar a dudas, un hecho que ha tenido impacto en la percepción de la corrupción es que se ha hecho público y se ha dado el juzgamiento de casos de corrupción tales como el del expresidente Mauricio Funes y la condena del expresidente Elías Antonio Saca. Entre los ciudadanos, esto ha creado la percepción de que “hay una alta corrupción”.
El director ejecutivo de Acción Ciudadana considera que la corrupción es aceptable en la sociedad salvadoreña, pues se la equipara con lo que se conoce popularmente como “ser viveza”. Es así como “quien rompe la regla para obtener una ventaja es al final recompensado con aprobación social”. Según Escobar, se debe cambiar la visión ciudadana de la corrupción ya que es un acto que afecta el bien común. Se necesita un cambio cultural.
Él recuerda que en los últimos cinco años los casos de corrupción han sido relevantes y tenerlos en la agenda ha tenido un impacto en la visión ciudadana respecto de los partidos políticos. De acuerdo a Escobar si eso lo combinamos con la campaña que tuvo Nayib Bukele señalando la corrupción, se explica la “factura electoral” que le pasó la ciudadanía al FMLN y a ARENA.
Desconfianza generalizada
El Latinobarómetro también ayuda a medir qué tanto confía la población en las diferentes instituciones nacionales. Ya se habló sobre la poca confianza que inspira la Asamblea Legislativa en los salvadoreños pero, ¿qué ocurre con las otras entidades?
En 2018, la policía lograba un porcentaje de confianza del 22% en aquellos mayores de 18 años. En el caso del poder judicial, los valores son igualmente bajos; en 2018, el 14% de la ciudadanía confió en ese órgano del Estado.
Casi iguales resultados lograron el Tribunal Supremo Electoral, el gobierno en su conjunto y los partidos políticos. En 2018, ninguna de esas tres entidades superó el 15% de población confiando en estas.
La corrupción no debería prescribir
A finales de noviembre de 2018, El Diario de Hoy entrevistó a Ronald Gamarra, uno de los acusadores en el juicio penal contra Alberto Fujimori, expresidente del Perú condenado por diversos crímenes de corrupción. En aquella ocasión, Gamarra señaló que se debe exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones respecto del combate a la corrupción. El exfiscal dijo que aunque los tratados internacionales no obligan a adoptar la fórmula de la imprescriptibilidad de los delitos, sí es una medida que, a su juicio, lanza un mensaje directo a la sociedad ya que se deja claro que el Estado va a hacer todo lo posible por enfrentar la corrupción.
Gamarra advirtió también que la impunidad tiene un efecto devastador. Asimismo manifestó: “Creo que el combate a la corrupción no solo es una obligación del Estado y particularmente del Ministerio Público, sino que los ciudadanos tenemos la obligación de no ser parte de actos de corrupción, por mínimos que estos sean; es decir, pagar algo para evitar una multa, para evitar una sanción de alguna autoridad, para lograr rápido acceso a una atención de un servicio público”.
Nota metodológica
Es importante hacer saber al lector que los porcentajes consignados en esta nota son aproximados porque provienen de una encuesta que utiliza una muestra de salvadoreños para hacer las estimaciones. También es importante señalar que, algunas preguntas del Latinobarómetro no se repiten año con año, sino cada cierto tiempo siendo esta la razón por la que algunas gráficas o datos no se extraen para determinados años.
fuente:edh