El combate a la corrupción y la “investigación y enjuiciamiento de funcionarios públicos presuntamente creíbles a ser corruptos” es una de las 16 condiciones que ha puesto el Congreso de los Estados Unidos para desembolsar el 50 % de los fondos de la Alianza para la Prosperidad.
Esa condición la deben cumplir, de manera individual, los países del Triángulo Norte –El Salvador, Guatemala y Honduras– que diseñaron y trabajan en el Plan de la Alianza para la Prosperidad, para el cual, los gobiernos aportan dineros de sus presupuestos y Estados Unidos aportará $750 millones durante el año 2016.
El 26 de febrero de 2016, el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, según un comunicado oficial de la Casa Blanca,en una reunión con los presidentes de Guatemala y Honduras, más el vicepresidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, manifestó “estar de acuerdo” en “apoyar los continuos esfuerzos institucionales para investigar y enjuiciar a funcionarios presuntamente implicados en casos de corrupción pública”, según el comunicado oficial de la sesión.
fuente:DEM