Mientras un grupo de jubilados recibe prestaciones equivalentes al 100% de su último salario, otros recibirán una pensión vitalicia y un grupo con similares características sabe que su pensión solo durará unos años.
Las reformas que ha sufrido el sistema de pensiones salvadoreño a lo largo de los años ha creado una brecha de desigualdades que permanece y se acentúa a medida que los grupos poblacionales se acercan a sus edades de jubilación.
Mientras muchos jubilados tienen hoy una pensión equivalente al 100% de su último salario a través del sistema público derogado (ISSS e INPEP), otros cuentan los años para cuando se les acaben sus ahorros solo con la esperanza de una pensión mínima y un grupo más tiene el beneficio de recibir una cuota mensual fija de por vida, aún cuando no completó los requisitos de cotización.
Además están las mujeres de 55 años que desde abril de 2017 han comenzado a jubilarse con el “sistema puro” de las AFP y en el que solo lograrán una pensión equivalente al 30% de su salario actual, como producto de una baja rentabilidad que tuvieron sus ahorros por más de 15 años.
Todas estas diferencias de beneficios forman parte de una serie de reformas legales que los políticos han hecho en los últimos años y que, en algunos casos, lejos de garantizar una mejor pensión para los trabajadores, han aumentado la deuda estatal y reducido las posibilidades de una mensualidad mucho mayor.
“La gente se pregunta por qué si tienen los mismos años de trabajo que su compañero, no tendrán los mismos beneficios”, explica Rommel Rodríguez, economista de la Fundación Nacional de Desarrollo (Funde), para quien el tema debe analizarse a profundidad y con argumentos técnicos, ahora que la Asamblea Legislativa ha reabierto el debate a través de una comisión ad-hoc.
Explicar el tema es tan variado como los cambios que ha sufrido el sistema.
Aunque el sistema de pensiones público se derogó hace 21 años, a enero de este año se han jubilado 117,634 personas con ese esquema, en el que los cotizantes recibían una pensión equivalente al 100% de su último salario pese a solo haber cotizado un 9% en el INPEP o un 3.5% en el ISSS.
Actualmente el ISSS y el INPEP ya no tienen dinero para pagarle a estos jubilados, por lo que el Estado se hace cargo de pagarles su pensión que, en teoría, tendría que salir de una partida presupuestaria financiada con recursos propios, pero que en la práctica, se financia con dinero privado de los trabajadores de hoy, a quienes solo se les paga una tasa de interés que no supera el 3%.
Muchos trabajadores de hoy afirman que las pensiones del sistema público eran mucho mejores que las que pagará el sistema privado, sin tomar en cuenta que era dinero público, que salía de los impuestos de los demás salvadoreños.
Pero cuando llegó el sistema privado y los primeros “optados” comenzaron a jubilarse, se dieron cuenta que su pensión no sería igual a los del sistema público. Demandaron un cambio a los diputados de ese entonces y los políticos aprobaron en 2003 un Certificado de Traspaso Complementario (CTC) para equiparar las pensiones con los del ISSS y el INPEP.
El otro cambio llegó en 2006, cuando el Gobierno ya no pudo pagar el dinero al INPEP, el Gobierno ideó un Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) para financiar ese gasto y, a su vez, dividió al grupo de “Optados” en dos: “Optados A” y “Optados B”, poniendo como fecha límite el 23 de septiembre de 2006.
Los que cumplieron su edad de jubilación antes de ese 23 de septiembre les prometieron pagarles su pensión con los fondos de su ahorro más lo que se les debía del ISSS o el INPEP traslado en un Certificado de Traspaso (CT) y el CTC que les prometieron en 2003.
Pero a los que comenzaron a jubilarse después del 23 de septiembre de 2006, ya no se les pagó ningún certificado de traspaso y a cambio, los políticos les prometieron un “beneficio definido” de por vida o una cuota fija del 63% del promedio de sus salarios de los últimos 10 años al cumplir 25 años de cotización.
Estos cambios provocaron que en 2013 un grupo de jubilados reunidos en la Asociación de Pensionados del Sistema de Ahorro para Pensiones (APSAP) buscara apoyo legislativo para resolver la desigualdad que creó el Decreto 100 pues afirmaron que sus beneficios eran totalmente diferentes a los de otros jubilados aunque tuvieran características de trabajo y edad similares.
“En la medida que van saliendo los grupos, van a demandar trato y beneficios como los que han recibido otros. Y hay que ser francos, hemos sido tratados inequitativamente”, afirma Rommel.
En 2017 la forma de cálculo de las pensiones volvió a cambiar: los que se jubilen dentro del “sistema puro” de AFP tendrán que dividir su ahorro de pensión entre 20 años y cuando su ahorro termine, se activará una Cuenta de Garantía Solidaria que le pagará la misma pensión que recibió esos 20 años.
por:edh