Representantes del gobierno de Estados Unidos criticaron el viernes hechos de corrupción en Venezuela y ratificaron que continuarán apoyando al presidente encargado Juan Guaidó, durante una audiencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) titulada «Corrupción del Estado y Crisis Humanitaria en Venezuela».
El embajador Carlos Trujillo, representante Permanente de EE.UU. ante la OEA, señaló que los esfuerzos del régimen Nicolás Maduro y del gobierno del líder opositor «no pueden ser más distintas; el régimen de Maduro busca la represión y Guaidó busca ayudar a su pueblo».
Dijo estar orgulloso del camino que ha tomado la OEA ante esta crisis y señaló que ante una visita organizada por la embajada colombiana a la frontera, con 16 estados miembro, se vieron conmovidos con la situación y «vimos a personas que huían de la represión política y de la crisis humanitaria que se había generado por parte de las políticas fallidas de Maduro».
Reiteró el apoyo de Estados Unidos como de organizaciones internacionales para apoyar el esfuerzo de países, como Brasil y Colombia, y otros que han acogido a millones de venezolanos fuera de su país. Y resaltó el anunció del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, de proporcionar 15 millones de dólares más al apoyo para Venezuela. Con este financiamiento, dijo Trujillo, son «más de 52 millones de dólares para ayudar a los países a hacer frente a grupos de venezolanos, la crisis alimenticias y de otras índoles».
«La asistencia humanitaria es una solución temporal a una crisis de esta índole; la solución de esta crisis se encuentra en la democracia», agregó. Trujllo también instó «a poner presión sobre Venezuela para restaurar la democracia ya».
También resaltó el importante papel que Colombia ha adoptado frente a la crisis para unir a los países. Al respecto, Alejandro Ordoñez Maldonado, representante Permanente de Colombia ante la OEA, dijo que la diferencia entre la corrupción de Venezuela frente a la de otros países es que allí no existe institucionalidad ni sanciones.
«En Venezuela, a lo que se le llama institucionalidad, está al servicio o es un instrumento de la empresa criminal», explicó. «Más de 200 casos de posible corrupción que han permanecido sin castigo, por parte del régimen dictatorial de Maduro», agregó Ordoñez.
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El embajador Gustavo Tarre Briceño, representante del presidente encargado de Venezuela ante la OEA, dio algunos datos puntuales que describen la crisis en su país.
Dijo que la situación que hoy envuelve a los venezolanos se atribuye a «experimentos sociales perversos y crueles de la historia del planeta; ningún gobierno de Latinoamérica había degradado tanto a la humanidad».
Resaltó que la generación actual de venezolanos es la que menos ha comido proteína desde los tiempos de la colonia, no consumen vegetales pro su altísimo costo, menos educados y la cifra de deserción escolar más elevada.
Atribuyó el fenómeno también a la falta de transporte y los bajos sueldos de los maestros.
«Se convirtió así en un gigantesco campo de concentración donde cada venezolano está expuesto a la forma de control estatal y policial de un sistema que trata de doblegar al hombre», agregó el embajador.
A esto, dice, se le suma la ausencia de rendición de cuentas y corrupción porque el régimen «usurpador» otorga la crisis venezolana a la crisis del petróleo y sanciones impuestas a nivel internacional, además del sabotaje del sector privado venezolano.
No obstante, enfatizó en que «durante las gestiones de Chávez y Maduro, tuvo lugar una sistemática destrucción del aparato productivo venezolano». «La palabra meritocracia pasó a ser un pecado», agregó.
También señaló que la destrucción de la petrolera estatal PDVSA obedece a la «política económica desacertada» y «pésima gerencia acompañada de casos de corrupción escandalosos».
Enfatizó en que la crisis humanitaria no es reciente y «no es producto de la causalidad»; sin embargo, aclaró que saben que la ayuda humanitaria es momentánea y puntual, pero que el objetivo del presidente encargado Juan Guaidó y su gobierno es lograr el cese de la usurpación y lograr pronto las elecciones democráticas. Y que el gobierno de la comunidad internacional también se necesitará cuando Venezuela esté en camino del desarrollo y el progreso.
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En la audiencia que inició cerca de las 10:00 a.m. testigos comenzaron a presentar sus evidencias y testimonios a un panel de expertos.
Michael Kozak, representante de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado estadounidense se refirió a los incidentes ocurridos a partir del 23 de febrero, cuando los venezolanos liderados por Guaidó intentaron sin éxito entrar la ayuda humanitaria almacenada en Colombia, Brasil y Curazao.
«Los que apoyan a Maduro han robado miles de millones dólares de ingresos por producción petrolera (…) El gobierno directamente controla el suministro de alimentos que recibe la mayoría de la población por los programas Claps. En vez de alimentar al pueblo, el militar ha robado mucha comida, la que ha vendido en el mercado negro», dijo Kosak a la audiencia.
«Sin lealtad al régimen no hay posibilidad de acceder a la comida», enfatizó.
Explicó que el 90% de los venezolanos tiene problemas para acceder a los alimentos y el 75% de los venezolanos ha perdido peso corporal.
El presidente en disputa Nicolás Maduro no admite la ayuda, ni que existe una crisis humantaria como asegura Guaidó. Los incidentes del pasado fin de semana en puntos fronterizos con Colombia y Brasil dejaron al menos cuatro muertos y decenas de heridos y detenidos.
«Esta es una cleptocracia rapaz que no tiene límite alguno. Vamos a seguir usando las herramientas políticas y económicas para acabar con esta cleptocracia», dijo en la apertura de la audienicia Marshall Billingslea, subsecretario del departamento del Tesoro de EE.UU.
«Vamos a perseguir a todos aquellos que han participado en estas atrocidades», agregó.
Poco antes de que comenzara la audiencia de la OEA el viernes, la vicepresidenta del gobierno en disputa de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo durante una visita en Rusia que Maduro ordenó trasladar a Moscú la oficina europea de la petrolera estatal PDVSA.
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Más sanciones de EE.UU. contra las fuerzas de Maduro
Los diplomáticos estadounidenses presentes en la OEA aludieron a las sanciones estadounidenses anunciadas el viernes contra seis funcionarios de las fuerzas de seguridad de Venezuela que habrían controlado a grupos que participaron en los actos del fin de semana para impedir la entrada de ayuda humanitaria.
«Estamos sancionando a los miembros de las fuerzas de seguridad de Maduro en respuesta a la represión violenta, las trágicas muertes y el incendio innecesario de alimentos y medicinas destinados a venezolanos enfermos y hambrientos», dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Entre los sancionados están los jefes de la Policía Nacional en el fronterizo estado Táchira, de la Guardia Nacional y las Fuerzas de Acciones Especiales de la policía, además de jefes militares de zonas fronterizas con Brasil y Colombia.
Lea: EE.UU. anuncia nuevas sanciones a oficiales de seguridad de Maduro.
La medida del viernes es la segunda esta semana tras sancionar el lunes a cuatro gobernadores aliados de Maduro. Washington también pidió a los aliados que congelen los activos de la petrolera estatal PDVSA.
Las sanciones bloquean cualquier activo que los individuos controlen en Estados Unidos y prohíben que las entidades locales que realicen transacciones comerciales o financieras con ellos.
El papel de la OEA para frenar la crisis en Venezuela
La audiencia es parte del accionar de la OEA para visibilizar la severa crisis política, económica y social que vive Venezuela, donde el presidente en disputa Nicolás Maduro no permite la entrada de ayuda humanitaria que espera en centros de acopio en Brasil, Colombia y Curazao.
La ayuda, que consiste en alimentos y medicamentos donados por Estados Unidos, Paraguay, Chile y otros países, fue solicitada por el presidente interino Juan Guaidó, desde que asumió el rol el pasado 23 de enero.
Países miembros de la OEA y el propio secretario general, Luis Almagro, sostienen que la decisión de Maduro de no aceptar la ayuda humanitaria constituye «una violación masiva» de los derechos básicos de millones de venezolanos».
El viernes Almagro dijo: «La corrupción desmesurada y sin precedentes en Venezuela está violando los derechos fundamentales a salud y la vida de todo un pueblo. Debemos actuar ya para poner fin a esta catástrofe.
La corrupción desmesurada y sin precedentes en #Venezuela está violando los derechos fundamentales a salud y la vida de todo un pueblo. Debemos actuar ya xa poner fin a esta catástrofe.
Mi discurso hoy en audiencia sobre Estado y Corrupción en Venezuela #OEAconVzla @OEA_oficial pic.twitter.com/mjvW17fXA2
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) March 1, 2019
La convocatoria de la OEA de este viernes sirvió para que varios testigos presentaran evidencias a un panel de expertos que se encargará de evaluar la información presentada, así como de otra información recopilada por la Secretaria General, y emitirán un informe y recomendaciones para el Secretario General para el eventual enjuiciamiento de los responsables en tribunales nacionales e internacionales.
? MAÑANA VIERNES 1 DE MARZO ?
AGENDA AUDIENCIAS: “Corrupción del Estado y la Crisis Humanitaria en #Venezuela” #OEAconVzla
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Mercedes De Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela, dijo en la audiencia que las prácticas de corrupción en Venezuela se han adelantado en los últimos 15 años, a partir del 2003, y sobre todo a partir del 2007.
«El esquema de corrupción ha ido involucrando a todos los actores (…) A pesar de que consecutivamente se viene viendo efectos negativos en la población de todas estas prácticas corruptas, el gobierno (en disputa de Maduro) ha insistido en profundizar aún más en sus prácticas», dijo De Freitas.
Apuntó a la situación en PDVSA, la estatal petrolera que señala como parte del esquema de robo de los bienes y corrupción en Venezuela.
También se refirió a los «‘boliburgueses’ o millonarios que se han aprovechado de oportunidades (alrededor de la clase política dirigente) y se han hecho más millonarios». Así mismo, trajo a acotación a los ‘bolichicos’, quienes con «fondos públicos multiplicaron su fortuna».
En cuanto a la tasa de homicidios, aclaró que la disminución de esta se debe a que los venezolanos están migrando y que, por lo tanto, migran los delincuentes, pero hizo una comparación frente a México que, dice ella, igual deja a Venezuela en una débil posición: «Bajó de 87 a 81 por cada 100 mil habitantes, pero México cuenta con 16 por cada 100 mil habitantes».
Por su parte, la jurista española Almudena Bernabeu, dijo a modo de conclusión que, para ella, hay una violación de derechos humanos sostenidas en los niveles de corrupción.
E hizo un llamado a la rigurosidad del proceso: «los elementos están, pero hay que definir el acto inhumano como esto, un atentado contra la dignidad de las personas (…) No sé si internacionalmente hemos hecho el trabajo de entender todas esta implicaciones y si se está viendo lo que ocurre en Venezuela como un problema que tiene implicaciones internacionales».
«Creo que hay un obligación de cooperación internacional entre los estados en material penal que hoy nos esta viendo de una maneras sistemática o no se está haciendo regularmente», agregó.
La audiencia en la OEA llega un día después que fracasaran dos proyectos de resolución rivales presentados en el Consejo de Seguridad de la ONU por los gobiernos de Estados Unidos y Rusia.
Lea: Consejo de Seguridad de la ONU no logra consenso sobre tema venezolano.
También intervino Alek Boyd, editor de Infodio, una plataforma digital de periodismo de investigación y del fiscal nacional en el exilio, Pedro Lupera Zerpa.
Boyd dijo vía Skype que Madrid, España, «es la tierra de juego de la poliburguesía de Venezuela». Explicó que se está lavando dinero a través de la creación de empresas, compra de bienes raíces
«La corrupción es lo que ha hecho que mucha gente huya del país porque su bienestar no pueda ser mantenido y están huyendo», aseguró.»La economía ha colapsado únicamente porque los chavistas han robado todo el dinero».
Crisis en salud
Francisco Valencia, director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida, Codevida, participó en la sesión y trajo a la mesa testimonios de personas transplantadas que se han visto afectadas por la crisis, al no poder seguir sus tratamientos.
Se refirió principalmente al Hospital JM de los Ríos, de Carcas, donde el servicios de nefrología pediátrica, según él, se ha visto visiblemente deteriorada por la falta de recursos y de atención prioritaria.
Además, dio cifras de años recientes relacionadas con la crisis de la salud en Venezuela: “El estado invierte solo el 1,5 del PIB en salud; este gasto es 75% inferior al estándar mundial y el más bajo de Latinoamérica y el Caribe en las últimas décadas”. “Desde el 2016, no hay cifras oficiales sobre la situación de salud ni se rinde cuentas a la Asamblea Nacional” sobre ese gasto, agregó.
Los sistemas de vigilancia epidemiológica y ambiental han decaído, aumentando los vacíos de información.
Desde 2016 no se publican cifras oficiales sobre la situación de salud ni se rinde cuenta sobre el gasto ni estado de los servicios sanitarios públicos#OEAconVzla
— Codevida (@codevida) March 1, 2019
Dijo, incluso, que 300 mil personas (entre estas, trasplantadas) fueron privadas de medicamentos desde 2016; 140 mil personas con cáncer y más de 300 con condiciones cardiacas severas han visto reducidas su posibilidad de supervivencia por falta de atención médica.
También señaló que las defunciones aumentaron de 1.800, en 2014, a 5 mil en los últimos años. Y desde 2015 a 2016, crecieron en un 30 por ciento las muertes infantiles.
Valencia dijo que la crisis también generó la salida de profesionales de la salud: “55% del personal médicos, 24% de enfermeras y 30% de analistas renunciaron y salieron del país”.
“En un 64% asciende el déficit de camas en hospitales y 40% están fuera de servicio por deterioro físico: 71% de las emergencias en la mayoría de los hospitales no pueden prestar servicios de manera regular y el 25% dejo de funcionar”, agregó.
Otras cifras citadas por el director de la organización se refieren al 100% de los laboratorios que presentan fallas severas para hacer pruebas diagnósticas, 69% de los bancos de sangre no pueden garantizar infusiones seguras y el 79% de los hospitales tienen problemas regulares con el agua
Entre 2014 y 2018, añadió, la escasez en farmacia fue del 65% y, en hospitales, del 88%.
fuente:voanoticias