Una ex primera dama de Perú fue sacada el jueves a rastras de una corte de San Francisco mientras maldecía la decisión de un juez de mantener en prisión a su esposo, el expresidente Alejandro Toledo, en la espera de un proceso de extradición.
Toledo, de 73 años, es buscado en Perú para ser juzgado por presuntamente recibir un soborno de 20 millones de dólares de la empresa constructora brasileña Odebrecht durante su mandato entre el 2001 y el 2006.
El exmandatario, que niega las acusaciones, fue arrestado en julio y solicitó su libertad bajo fianza de 1 millón de dólares.
El juez federal de Estados Unidos, Thomas Hixson, dictaminó que había mucho riesgo de que Toledo pudiera escapar, ya que tiene conexiones con personas influyentes en diferentes países.
«He pensado mucho en esto», dijo Hixson en una sala llena de simpatizantes de Toledo y medios peruanos. «Voy a mantener la orden de detención», agregó.
Después de que se anunció el fallo, la esposa de Toledo, la antropóloga belga-estadounidense Eliane Karp, de 65 años, gritó: «¿Qué mierda de juicio es este? ¡Esto una burla! ¡una burla!».
Los miembros de seguridad sacaron a rastras de la sala del tribunal a Karp, quien gritaba que su esposo moriría en prisión.
Este es el último drama en un escándalo de corrupción de gran alcance en América Latina que ha golpeado particularmente a varios políticos peruanos. A principios de este año, otro expresidente, Alan García, se suicidó para evitar ser arrestado en la investigación de Odebrecht. Otros dos exmandatarios están bajo investigación, uno con arresto domiciliario.
Toledo ha sido considerado un fugitivo en Perú desde 2017, cuando un juez peruano ordenó su detención para evitar que huyera u obstruyera la investigación. Pero Toledo estaba fuera del país en ese momento y se negó a regresar, argumentando violaciones del debido proceso y persecución política.
El expresidente se alzó en el poder tras los abusos y la corrupción del gobierno de su predecesor Alberto Fujimori, un populista de derecha de mano dura que ahora está en prisión en Perú por violaciones de derechos humanos y sobornos.