«Somos seres humanos, somos seres humanos y tenemos derechos. No es justo que nos traten así. Llevamos niños, no les importa; y tenemos mucho tiempo en México».
Génesis Parra, una mujer venezolana con un menor a hombros, gritaba desesperada entre la muchedumbre.
La escena la grabó el diario La Verdad el 12 de marzo en el puente internacional Paso del Norte, que une el municipio mexicano de Ciudad Juárez con el estadounidense El Paso.
Fue el más reciente intento de cruce masivo en el punto de la frontera entre México y EE.UU. que más sufre la presión migratoria, alentada en parte por un rumor que circulaba en redes sociales.
La situación acabó con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) cerrando el puente al tráfico de peatones y con agentes con escudos antidisturbios repeliendo a los migrantes. Pero fue quizá lo que dijo al día siguiente el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, lo que mejor dejó patente la olla a presión que se ha vuelto la zona.
«La verdad es que nuestro nivel de paciencia se está agotando«, afirmó en su comparecencia semanal. «Vamos a tener una postura más fuerte en este sentido (con los migrantes varados sin poder cruzar a EE.UU.), en cuidar la ciudad».
Esa tensión y desesperación, coindicen organizaciones y expertos, es el trasfondo de la tragedia ocurrida en la noche de este lunes en un centro de detención que el Instituto Nacional de Migración de México (INM) tiene en el municipio fronterizo, donde por un incendio fallecieron al menos 38 personas y 29 resultaron heridas.
Flujo récord
No solo Ciudad Juárez-El Paso, toda la franja fronteriza vive un flujo migratorio récord, y eso ha generado dolores de cabeza al gobierno de Joe Biden pero también a México, convertido en una tensa sala de contención.
Más de dos millones de personas fueron arrestadas tratando de cruzar a territorio estadounidense el último año fiscal, que terminó el 30 de septiembre, un aumento del 24% con respecto al año anterior. Del total de detenciones, cerca de 500.000 correspondieron a ciudadanos venezolanos, cubanos y nicaragüenses.
Y solo el pasado diciembre los agentes fronterizos estadounidenses detuvieron a 251.483 personas, cinco veces más que ese mismo mes en 2019.
De acuerdo con los datos de la CBP, 202.000 fueron deportados a sus países de origen por medio del Título 8, y el resto fueron enviados a México bajo el polémico Título 42.
Se trata de una vieja directiva que la administración Trump resucitó en el contexto de la pandemia y que permite rechazar a ciudadanos extranjeros sin permitirles solicitar asilo y que, a pesar de ser una de sus principales promesas de campaña, el gobierno de Joe Biden no termina de retirar.
Mientras, para atajar la crisis y tratar de reducir el flujo, el presidente estadounidense ha lanzado una serie de planes, el último de los cuales lo anunció el 5 de enero y entró en vigor al día siguiente.
Biden informó que EE.UU. permitiría la entrada cada mes de hasta 30.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, pero que endurecería las restricciones para aquellos que intentaran cruzar la frontera con México sin la documentación necesaria.
La cuota se limita a quienes tengan un patrocinador financiero que ya esté en EE.UU., hayan superado una verificación de antecedentes y pasen una investigación de seguridad.
Y a su vez, México accedió a aceptar hasta a 30.000 migrantes al mes —de estos cuatro países— que intenten caminar o nadar para cruzar la frontera hacia Estados Unidos y sean devueltos. Normalmente serían enviados a sus países de origen, pero Washington no puede devolver fácilmente a personas de esos países por diversas razones, entre ellas la relación deteriorada que tiene con sus gobiernos.
«No se presenten en la frontera. Quédense donde están y soliciten (el acceso) de forma legal», advirtió el mandatario estadounidense.
La forma de hacerlo es a través de la aplicación CBP One, que permite a los solicitantes de asilo programar una llegada a los puertos de entrada a EE.UU. de Nogales (Arizona), Brownsville, Hidalgo, Laredo, Eagle Pass y El Paso (Texas), Caléxico y San Isidro (California).
Y esa app se ha vuelto el último escollo de una larga travesía para los miles de migrantes que están varados del lado mexicano en los alrededores de esos pasos fronterizos, a donde llegaron con la esperanza de que una posible derogación del Título 42 les permitiría por fin cruzar la línea y pedir asilo en el país del norte.
«Tres meses tratando de pedir cita»
«Llevamos tres meses tratando de usar la aplicación», contaba Alián, otro de los que acudieron el 12 de marzo al puente internacional Paso del Norte, con la mano apoyada en el hombro de su hijo de 4 años.
«Lo intentamos cada día, y nada. Mientras, cuando tenemos dinero rentamos donde dormir, cuando no, dormimos en la calle».
Testimonios como el suyo, de migrantes que se quejan que el sistema se bloquea y que no consiguen cita, se repiten a lo largo de la frontera; desde Reynosa, que colinda con la estadounidense Hidalgo, a Matamoros, que linda con Brownsville.
«Algunos se levantan antes del amanecer y se van a lugares donde creen que hay mejor conexión para intentarlo», le cuenta el periodista Manuel Noctis sobre la situación en la ciudad fronteriza mexicana en la que está radicado, Tijuana.
Y es que hay al día entre 700 y 800 citas disponiblespara los ocho puertos de entrada, y las organizaciones que trabajan con migrantes calculan que son más de 100.000 los que intentan conseguir una.
«Eso está llevando un mayor intento de cruces irregulares por el río y a una saturación en los albergues», añade Noctis, apuntando a una problemática común en otros municipios fronterizos.
Escalada de tensión
Pero quizá en ningún lugar es tan visible la aglomeración como en Ciudad Juárez.
Muchos de los que vivían en el campamento de cientos de carpas erigido junto a la valla fronteriza que las autoridades desmantelaron en noviembre, la mayoría venezolanos, vagan ahora por el municipio.
«Están desesperados. Se quedaron sin dinero y muchos venden paletas y flores o mendigan los cruces«, dice la periodista local Itzel Aguilera.
Aunque decenas de ciudadanos se han solidarizado con ellos, otros, alimentado por cierta retórica política, ven con desconfianza y hartazgo su presencia, reconoce Aguilera.
«Ha llegado un momento crucial para poner un alto y tener un punto de quiebre en este sentido», dijo el alcalde, apelando a ese sentimiento, el 13 de marzo.
«Es fundamental, porque pueden afectar la economía de la ciudad y a miles de juarenses y paseños, o de gente de Las Cruces, por actividades como la que se vio el día de ayer, que son totalmente ajenas a la realidad fronteriza», agregó.
Apuntó que hubo «algunas quejas» por la presencia de hombres pidiendo en las calles y llamó a los ciudadanos a no darles dinero — «algunos no quieren trabajar porque dicen ‘en un crucero saco más’— , al tiempo que anunciaba una postura más fuerte frente a lo que está ocurriendo.
Aunque las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el sector indican que el endurecimiento no es nuevo, y llevan semanas denunciando abusos en operativos de control migratorio, como detenciones arbitrarias, extorsiones y destrucción de documentación.
Llamó repetidamente al Ayuntamiento de Ciudad Juárez para solicitar una entrevista sobre cómo se vincula ese contexto a la tragedia de este lunes, pero cada una de las veces le fue respondido que ni el alcalde ni ningún representante del gobierno local estaba disponible en ese momento.
Mientras, las investigaciones para esclarecer lo ocurrido este lunes en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez continúan.
Varios testigos aseguraron a medios locales que el fuego empezó en el área donde estaban los migrantes masculinos retenidos, por lo que se sospecha que el fuego habría sido iniciado por los propios migrantes, algo que refrendó el presidente Manuel López Obrador.
Las autoridades creen que los migrantes, que habían sido detenidos en las calles de Ciudad Juárez el lunes por no contar con papeles, querían que les dejaran salir del centro para evitar ser enviados a la frontera sur de México.
fuente:bbcmundo