La diputada Margarita Escobar señaló que la ley contiene al menos el 95% de acuerdos entre el Ejecutivo y la Asamblea,
Con 56 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención, los diputados aprobaron en la sesión plenaria de este sábado el Dictamen N °36 que contiene la Ley Especial Transitoria de Emergencia por COVID-19 Atención Integral de la Vida y la Salud y Reapertura de la Economía.
Los diputados que votaron en contra fueron Leonardo Bonilla, diputado independiente, José Juan Martel, del CD; Reynaldo Carballo, del PDC; Luis Urías, del PCN; Milena Mayorga y Gustavo Escalante, ambos de ARENA.
Dicha ley permitirá la apertura económica del sector privado desde el próximo 8 de junio, bajo las medidas sanitarias establecidas en la ley, y el sector público las comenzará el 15 de junio.
El tiempo máximo de cuarentena para los casos sospechosos de COVID-19 no podrá exceder de 15 días, salvo que las autoridades de salud dispongan de un plazo diferente el cual deberá ser justificado.
La diputada Margarita Escobar señaló que la ley contiene al menos el 95% de acuerdos entre el Ejecutivo y la Asamblea, a excepción del los 15 días de cuarentena que había solicitado el presidente Bukele.
Dictamen de la ley de cuarentena en relación a pandemia de COVID-19
La reunión entre representantes del Gobierno y los diputados para establecer dicha ley finalizó alrededor de las 9 de la mañana de este sábado, después de casi 24 horas de discusión.
Estos son algunos de los puntos que generaron más discusión:
Duración de la cuarentena
Posición del Gobierno: Un encierro domiciliar estricto durante 15 días antes de la primera fase de la apertura económica, sin especificar fecha. Punto inamovible.
Posición de la Asamblea: Cuarentena domiciliar obligatoria durante 10 días para reiniciar las actividades económicas el 8 de junio para el sector privado y el 13 de junio para el sector público.
Circulación del transporte público
Posición del Gobierno: Inicio del servicio del transporte colectivo a partir de la primera fase de la apertura de la economía de forma gradual.
Posición de la Asamblea: Que el Viceministerio de Transporte envíe a la Asamblea un plan de gradualidad del transporte público en los primeros 7 días de entrada en vigencia de la ley sanitaria y el inicio del servicio que arranque el décimo día. En este punto el FMLN aboga para que los buses y microbuses comiencen a operar desde el día uno de aprobada la ley.
Restricción de salir de acuerdo al número de DUI
Posición del Gobierno: No es violación de movilidad, sino regulación de movilidad y debe mantenerse para evitar más contagios y regular la cantidad de personas que salen a la calle.
Posición de la Asamblea: Restringir la movilidad es como declarar un régimen de excepción. Las personas no deben ser supeditadas a salir de sus casas de acuerdo al último número de su DUI. Punto de honor para ARENA y el FMLN. Aseguran que incorporar la propuesta del Gobierno implica una votación de 56 votos, mayoría calificada. Esto significa que si los partidos mayoritarios no lo respaldan no se aprueba la ley.
Centros de contención
Propuesta del Gobierno: insiste en que las personas que violan la cuarentena domiciliar deberán ser enviadas a centros de cuarentena controlada sin previa evaluación médica antes de ser llevado al centro de detención, sino hasta que la persona llegue al lugar.
Propuesta de la Asamblea: Que al ciudadano que se le remita a un centro de contención deberá ser solo si un médico o personal sanitario mediante un dictamen médico determina que es una persona que ha estado expuesta al contagio o puede estar contagiada con el COVID y es un riesgo para los demás.
Permitir que operen industrias de bebidas carbonatadas y boquitas
Posición del Gobierno: Para evitar la propagación del COVID se restringe que dichas empresas funcionen por la falta de distanciamiento social. Se les permitirá operar hasta la primera fase de la apertura económica.
Posición de la Asamblea: Las empresas pueden operar de acuerdo al 50% de su capacidad técnica, ya que no hay producto local en inventarios y estos se están importando a precios altos en detrimento de las finanzas del Estado porque deja de percibir impuestos.
Horas antes de la votación, en la que únicamente participaron partidos de la oposición, el presidente Bukele publicó en su cuenta de Twitter: «Ellos saben que esta propuesta de ley será vetada. Su interés no es reactivar la economía. Mucho menos les interesa la vida y la salud del pueblo».
Ellos saben que esta propuesta de ley, será vetada.
Su interés no es reactivar la economía.
Mucho menos les interesa la vida y la salud del pueblo.
Su trabajo es meterle sancadia al Gobierno, boicotearlo y así poder apuntar el dedo acusador, cuando las cosas se desborden. https://t.co/sXlE1xPXAq
— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 30, 2020
Bukele manifestó que permitiría la reapertura económica hasta el 15 de julio, si el órgano Legislativo no aprobaba una «cuarentena científica» de 15 días.
Una delegación de altos funcionarios del Gobierno negociaron durante más de seis días con la Comisión Política de la Asamblea, que reúne a los líderes de las fracciones legislativas, sin que lograran un acuerdo definitivo sobre la ampliación de la cuarentena y las fechas de reapertura económica.
«Empresas empezarán a abrirse el 15 de julio. A menos que los diputados quieran dialogar de verdad y establecer una cuarentena con parámetros científicos y con el apoyo de los trabajadores de la salud, médicos y personal de enfermería», advirtió Bukele la madrugada del sábado 30 de mayo.
El Gobierno pedía a los diputados comenzar las actividades económicas el próximo 13 de junio, pero los diputados aprobaron que el sector privado comience las actividades el 8 de junio y el sector público el 15 de junio.
Los diputados opositores defendieron durante las extensas jornadas de negociaciones las fechas propuestas a raíz de la aparición de banderas blancas en varias zonas del país por la falta de alimentos y los representantes del Ejecutivo pidieron los 15 días para tratar de «aplanar» la curva de contagios.
Estas negociaciones se dieron por orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por la falta de una ley de emergencia para atender la pandemia.
La orden se dio en un fallo que revivió la legislación de emergencia que venció el 19 de mayo pasado para evitar un vacío legal por la falta de acuerdos entre Gobierno y Congreso.
Los salvadoreños se encuentran en cuarentena domiciliar obligatoria desde el 21 de marzo pasado, mientras que el 7 de mayo se instauró un confinamiento «absoluto», con el que únicamente pueden salir quienes trabajen en sectores prioritarios y se regula la compra de alimentos mediante el número de identidad.
La cuarentena únicamente está regulada, desde este sábado, por un decreto ejecutivo basado en el Código de Salud y que vence el 6 de junio próximo.
El Salvador registra 2,395 casos confirmados del coronavirus, de los que 1,318 se encuentran activos y 46 fallecidos, entre ellos una diputada suplente de la oposición.
Las fases de la reanudación económica son, de acuerdo al decreto legislativo, si no se prorroga la cuarentena son:
Fase 1: 8 de junio al 4 de julio para el sector privado; y 15 de junio al 4 de julio para el sector público.
En esta fase estarán prohibidas las clases, los espectáculos, eventos deportivos públicos, fiestas patronales, ferias, iglesias, salas de recepciones, convenciones, teatros, cines, gimnasios, piscinas, salones de belleza, casinos, loterías, parques, bares, discotecas.
Fase 2: del 5 al 24 de julio.
En esta fase se abren las iglesias y restaurantes con distancia de dos metros entre mesas atendiendo a grupos familiares o personas que habiten el mismo espacio físico. Se abren museos, salas de exposiciones.
Fase 3: del 25 de julio al 13 de agosto.
Se activan las salas de convención y recepciones hasta en un 50 %. Se abre el aeropuerto para el tráfico de pasajeros internacionales, las actividades de educación superior, los estadios de fútbol que pueden ser utilizados con un distanciamiento de 2 metros,
Fase 4: del 14 de agosto en adelante.
Se permiten todas las actividades suspendidas en la fase 3.
La ley exige que el Ejecutivo entregue informes a la Asamblea Legislativa de las compras que realiza durante la emergencia nacional, que le autorizará a realizar compras directas, sin procesos de licitación, de insumos médicos.
El jefe de fracción de Arena, Carlos Reyes, pidió al presidente Nayib Bukele que sancione la ley, ya que el 95 % de la normativa, según el político, fue consenso con el Ejecutivo.