La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, que controla el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, convocó el martes a una sesión en la que se espera se discuta el retiro del fuero al presidente interino Juan Guaidó, poniendo más presión a la crisis política que vive la nación.
La solicitud tuvo lugar el lunes a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela. Podría allanar el camino para la eventual salida de Guaidó del cuerpo legislativo que también lidera y hasta ser enjuiciado.
El propio Guaidó desestimó el anuncio el lunes, alegando que no le retirarán su fuero parlamentario y catalogó a los magistrados de cobardes.
«No hay ningún tipo de allanamiento porque ni siquiera lo decretaron ellos … ni siquiera tuvieron el valor de hacerlo ellos (…) rebotaron la pelotica a la Constituyente», dijo Guaidó.
«No tengan duda de que me quieren ver preso, claro que lo quieren hacer, no tengan dudas. Pero no hay preocupación», agregó.
Las autoridades del gobierno en disputa alegan que Guaidó no respetó la negativa de salida del país que pesa sobre él desde el pasado 29 de enero.
Guaidó salió del país el pasado 22 de febrero en una gira latinoamericana por la región que lo llevó a Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Perú y Ecuador; además de encontrarse con el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, en la reunión del Grupo de Lima en Bogotá.
Al regresar, fue recibido en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el más importante del país, por parte del cuerpo diplomático y cientos de ciudadanos.
La Constitución garantiza inmunidad para el presidente, los diputados y demás funcionarios electos por voto popular y prevé que para retirarles el fuero deben ser sometidos previamente a un antejuicio de mérito ante el Tribunal Supremo de Justicia. El retiro de la inmunidad parlamentaria debe ser aprobado por la Asamblea Nacional.
Maduro busca cerrar el cerco a Guaidó, quien es reconocido como presidente legítimo de Venezuela por más de 50 naciones, incluyendo Estados Unidos.
Ya Guaidó había sido inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años, por supuestamente ocultar o falsear datos en su declaración jurada de bienes.
A mediados de marzo, el fiscal general, Tarek William Saab, que responde a Muduro, anunció la apertura de un segundo proceso contra Guaidó por su «presunta implicación en el sabotaje realizado al sistema eléctrico nacional», que ha dejado sin luz por largo tiempo a muchos de los estados venezolanos.
fuente:voanoticias