El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció esta semana la derogación de la ley 1386, también conocida como «ley madre», que había generado un paro general, movilizaciones y bloqueos en gran parte del territorio del país sudamericano.
Arce le pidió al congreso durante el fin de semana la abrogación o derogación de la ley, un trámite que comenzó a discutirse este lunes.
«El país no quiere más zozobra e incertidumbre innecesariamente», dijo el mandatario en un mensaje televisivo.
De esta manera, gran parte de los sindicatos y comités cívicos que habían salido a las calles durante cerca de seis días anunciaron este martes el cese del paro, pero señalaron que continuarán en «emergencia y movilización permanente».
Las protestas habían comenzado la semana pasada, tras varios meses de tensiones después de la aprobación en agosto de la ley 1386 o ley madre, que intentaba imponer un control frente al blanqueo de capitales.
La ley, llamada oficialmente Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, tiene siete puntos entre los que se destaca el que establece que la estrategia indicada en la ley podrá ser modificada por el presidente a través de un decreto.
Rechazo
La ley fue considerada por varios estamentos sociales de Bolivia como un exceso en el ejercicio del poder ejecutivo.
Distintos líderes cívicos bolivianos señalaron que la norma buscaba imponer un «totalitarismo económico y financiero».
Por ejemplo, el Comité Nacional por la Defensa de la Democracia anotó en un comunicado emitido tras conocerse la aprobación por parte del Congreso boliviano que la ley «busca generar acciones de inteligencia financiera contra la población, control de las actividades económicas del pueblo, persecución y amedrentamiento, eximiendo de todo este proceso a la principal actividad ilegal generadora de ganancias ilícitas, cual es el narcotráfico».
Roberto Laserna, investigador social afiliado al Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), dijo que la ley era un golpe directo a la economía boliviana, que en gran medida navega en la informalidad.
«Los sectores que salieron a protestar representan a gran parte de la demografía del país y son importantes desde el punto de vista económico, porque manejan gran cantidad de recursos pero mayormente operan en la economía informal, por lo que temían verse afectados por la nueva legislación», señaló.
Tras varias semanas de demandas y ante la negativa del gobierno central de derogar la ley, sindicatos y organizaciones sociales decidieron salir a las calles el pasado 8 de noviembre.
Las protestas tuvieron un alcance nacional y fueron comparadas con las que terminaron con la salida de Evo Morales del poder en 2019.
fuente:bbcmundo