La Fiscalía pidió al Juzgado Cuarto de Paz que el expresidente, tres de sus exfuncionarios y tres empleados de Casa Presidencial se mantengan en prisión hasta la segunda audiencia
La situación jurídica del expresidente Elías Antonio Saca González, tres exfuncionarios de su gobierno y tres empleados de Casa Presidencial se definirá en la audiencia inicial que ha sido programada para el jueves por el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador.
La Fiscalía General, que ayer presentó el requerimiento para que se le abra el proceso judicial a Saca y a las otras seis personas, pidió al referido juzgado que ordene que se mantengan en prisión, mientras transcurre el período de instrucción y sean llevados de nuevo a la audiencia preliminar.
Sin embargo, algunos de los abogados defensores coincidieron en que solicitaran al juzgado, durante la diligencia, que sean procesados en libertad, pero cumpliendo con una serie de condiciones para garantizar la presencia de todos los acusados en el proceso judicial.
Los defensores argumentan que algunos de los imputados padecen de enfermedades que requieren de un tratamiento médico especial.
Horas antes de que la Fiscalía presentara el requerimiento en contra de los siete acusados, el Ministerio Público supervisó los allanamientos a las oficinas del Grupo Samix, y otras radioemisoras propiedad del expresidente Saca en San Salvador y Usulután.
Los acusan de peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas
En el requerimiento fiscal, el expresidente Saca, Elmer Charlaix, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez; fueron acusados ante el juzgado por peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.
Jorge Alberto Herrera Castellanos enfrentará los delitos de peculado y agrupaciones ilícitas. A César Daniel Funes y a Julio Humberto Rank, se les atribuye casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.
Para reforzar las imputaciones que se les hacen a Saca y a las otras seis personas, la Fiscalía presentó un legajo de documentación financiera de instituciones bancarias y estatales que fueron llevadas en 21 cajas de cartón.
“En esta clase de hechos delictivos, la prueba por excelencia viene siendo documentos tanto solicitados a las instituciones del Estado como el Ministerio de Hacienda, a la misma Presidencia de la República, otras instituciones estatales que conservan registros, y de distintas instituciones financieras como bancos que les han prestado productos financieros tanto a estas personas, como en los lugares donde tenían abiertas o contratadas las cuentas la Presidencia de la República”, dijo uno de los fiscales del caso.
Al expresidente Saca, a los tres exfuncionarios de su gobierno y los tres empleados de Casa Presidencial, les atribuye la Fiscalía el desvío de 246 millones de dólares que se supone fueron transferidos a 14 cuentas bancarias de tres de los imputados.
“Hemos encontrado que de la cuenta subsidiaria institucional del tesoro público de la Presidencia, hay 246 millones de dólares que han sido extraídos de manera ilegal de esa cuenta y han sido distribuidos en 14 cuentas bancarias de tres imputados, el señor Elmer Charlaix, Pablo Gómez, y Francisco Rodríguez Arteaga”, dijo Jorge Cortez, quien es el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, durante la conferencia de prensa el lunes pasado.
Las investigaciones fiscales revelaron que por lo menos 116 millones de los 246 millones de dólares fueron cobrados en efectivo.
Las transferencias de los fondos se hicieron entre el 2004 y 2009. También investigan otras supuestas transferencias en el gobierno de Mauricio Funes, según el fiscal del caso.
Detallan las investigaciones que éstos fondos fueron transferidos de las cuentas del Estado a cuentas particulares de empleados de Casa Presidencial y posteriormente los pasaron, vía triangulación a cuentas o empresas, algunas de las cuales son del expresidente Saca.
Además, las investigaciones fiscales apuntan que Saca y Charlaix habrían lavado seis millones de dólares que se supone provenían de los 116 millones de dólares. Sin embargo, las autoridades fiscales no descartan que ese monto puede aumentar.
Uno de los fiscales del caso explicó que las cuentas subsidiarias del Tesoro Público las tienen todas las instituciones del Estado y son aquellas donde se les deposita los fondos del presupuesto anual para que sean utilizados en los gastos de la institución.
La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado establece una serie de mecanismos para poder hacer transferencias de fondos institucionales a cuentas corrientes, los cuales fueron vulnerados, según la Fiscalía.
“Se debe de solicitar autorización a la Dirección de Tesorería del Ministerio de Hacienda, pero pasa por un proceso que debe justificarse por parte de la institución que va a solicitar una nueva cuenta”, dijo uno de los fiscales, quien agregó que “la Dirección de Tesorería al considerar que existe una necesidad de la nueva cuenta, entonces se le asigna un número de código y de esa manera tener control y registro de todos los fondos que se van a depositar en ella y para tener control de todos los egresos que se van hacer”.
Rank se defiende de acusaciones
Los siete acusados fueron llevados bajo un fuerte dispositivo policial. El exsecretario de Comunicaciones Julio Rank dijo escuetamente que su abogado demostrará su inocencia. “Yo creo en el derecho que tenemos en la presunción de inocencia, lo demás mi abogado lo va decir”, dijo Rank. El resto de acusados no hicieron comentarios. Al final de la tarde, los siete acusados fueron llevados de regreso a las instalaciones de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía, donde estarán presos hasta el jueves, el día de la audiencia inicial.
fuente:EDH