Durante agosto del 2019, el aumento de los incendios en Brasil y Bolivia volvió a poner el Amazonas en el punto de mira.
Según un informe del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM) los fuegos estaban directamente relacionados con la deforestación.
Expertos atribuyen como las causas principales el acaparamiento de tierras y la expansión de la frontera agrícola y ganadera en estos dos países.
Esta práctica, junto a la minería y la explotación económica descontrolada, entre otras, son responsables de las tasas de deforestación crecientes en los nueve países amazónicos (contando con Guayana Francesa, un territorio francés de ultramar).
Aquí radica el punto de fricción entre gobiernos, ambientalistas, empresas e indígenas: el deseo de desarrollar actividades económicas choca en muchas ocasiones con la preservación del Amazonas y de sus .
“No podemos demonizar las actividades económicas. Si tenemos claro qué queremos hacer con esta región, podemos buscar empresas que generen cadenas productivas que involucren a la población y ayuden a la conservación”, dice Natalia Hernández, experta de la Fundación Gaia Amazonas y .
“Hasta ahora lo que tenemos son discursos y proyectos de infraestructura contradictorios, que contribuyen a la deforestación y no resuelven los problemas reales de la gente que vive en el Amazonas», añade.
Los procesos de deforestación que tienen lugar en estos países, independientemente de las políticas de cada gobierno, afectan al ecosistema en toda la región, incluso a aquellos países sin la Amazonía.
Esto se debe al rol esencial que tiene este gigante verde: suministrar humedad a Sudamérica, regular el clima de la región y capturar grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2), el principal gas de efecto invernadero.
“El cuadrilátero formado entre el centro-sur de Brasil y la cuenca del Río de la Plata sería un desierto si no fuera por el Amazonas”, le dijo a BBC Mundo el climatólogo Antonio Donato Nobre, del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).
“La gente no tiene idea de lo que significa perder este magnífico sistema hidrológico”, advirtió.
Si no se revierten estos niveles de deforestación y , dicen los científicos, las consecuencias del cambio climático podrían acelerarse en todo el planeta.
¿Qué actividades provocan esta deforestación? ¿Cuánto bosque original ha perdido cada Estado? ¿Qué están haciendo los gobiernos?
Estas son algunas de las cuestiones que exploramos en este especial interactivo.
Los incendios en Bolivia, que comenzaron en mayo de 2019, destruyeron casi dos millones de hectáreas de bosque (el equivalente a 13 veces el tamaño de Ciudad de México), según la Fundación Amigos de la Naturaleza, una ONG de monitoreo.
Y casi la mitad ocurrieron en áreas protegidas, conocidas por su alto índice de biodiversidad.
El gobierno de Evo Morales firmó un decreto autorizando la tala de árboles y las quemas para actividades agrícolas en el Amazonas, lo que provocó protestas de grupos indígenas.
Los ambientalistas también acusaron a Morales de haber estimulado la deforestación con la política de vender más tierras de la región amazónica a empresarios y distribuirlas a campesinos.
La expansión acelerada de la frontera agrícola es principalmente para destinarla a la siembra de soja y la cría de ganado, con la expectativa de exportar estos productos al mercado chino.
En agosto de 2019, Morales festejó la exportación del primer lote de carne de res a China. La misma región fue responsable de casi la mitad de la producción de soja en Bolivia en el 2018, y fue la más afectada por los incendios el año pasado.
En respuesta a las críticas que recibió durante la crisis de los incendios, Morales interrumpió la venta de tierras en Chiquitanía, lo que llamó “pausa ecológica”.
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia fue cuestionado sobre su estrategia actual para controlar las quemas y reducir la deforestación, pero no contestó hasta la publicación de este reportaje.
Bolivia ya perdió cerca del 8% de su bosque original.
Brasil recibió elogios a nivel internacional por el brutal descenso de la deforestación entre 2004 y 2012. La caída acumulada llegó a un 80% en casi 10 años.
Pero la pérdida de bosque volvió a crecer desde entonces.
En noviembre de 2019, el gobierno presentó datos que confirmaban las predicciones de los expertos: entre la mitad de 2018 y la mitad de 2019, la deforestación en el Amazonas aumentó casi un 30% en relación al año anterior.
Se deforestaron alrededor 9.800 km2 (980.000 hectáreas), el área deforestada más grande desde 2008.
Estos números aún no cuentan con las cifras de agosto de 2019, en que los incendios en el Amazonas fueron más agresivos.
Durante ese mes, el Instituto de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE) registró casi 30.901 focos de fuego en el bioma amazónico, un número superior a la media histórica para el período entre 1998 y 2018.
Correlación entre los fuegos y la deforestación
A pesar de que el gobierno de Jair Bolsonaro afirmó que eran consecuencia de la época seca, una investigación del IPAM y la Universidad Federal de Acre, en Brasil, contradice la explicación del gobierno con resultados contundentes.
De acuerdo al informe, el número de incendios en la Amazonía está directamente relacionado a la deforestación.
“Los diez municipios amazónicos que más reportaron brotes de incendios también fueron los que tenían las tasas de deforestación más altas. Estos municipios son responsables del 37% de los brotes de incendios en 2019 y del 43% de la deforestación registrada hasta julio”, dice el texto.
La práctica de quemas controladas es común después de deforestar un área de bosque, según Erika Berenguer, experta en selvas tropicales de la Universidad de Oxford, Reino Unido.
“Tras ser talado, se deja secar unos meses y se le prende fuego para limpiar toda la vegetación. En general, lo usan para plantar capín y hacer pasto”, dice.
Al principio de la crisis, el presidente dijo que los datos del INPE eran “mentira” y acusó al director del Instituto, Ricardo Galvão, de estar “al servicio de alguna ONG”. La reacción de Bolsonaro provocó reacciones negativas dentro y fuera de Brasil.
La especulación de tierras y la ganadería
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), un 80% de la pérdida de bosques en Brasil se relaciona directa o indirectamente con la ganadería.
Brasil es el mayor exportador de carne de res del mundo, según datos del Departamento de Agricultura de EE.UU. y de la Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne de Res.
Esta actividad corresponde al 7% del PIB del país y supone el 4,6% de sus exportaciones.
En el último año, las áreas que tuvieron las mayores tasas de deforestación están cerca de las ciudades donde está la mayor concentración de cabezas de res de Brasil y son también las regiones que sufrieron más incendios, según el Instituto de Investigación Ambiental del Amazonas (IPAM).
Actualmente, cerca del 40% del ganado del país está en los estados amazónicos.
Pero esto es solo parte de la historia.
El primer uso que se da a tierras deforestadas en Brasil es la ganadería. Pero el objetivo no es necesariamente ganar dinero con la producción de carne, sino con la venta de tierras”.Marcelo Stabile, IPAM
El Amazonas brasileño tiene cerca de 60 millones de hectáreas que son consideradas áreas públicas, o sea, no tienen uso legal definido por el gobierno.
“No son áreas de conservación, ni territorios indígenas, por ejemplo. Las personas acaparan esas tierras, las deforestan y ponen cabezas de res, ya que es la manera más barata de ocuparlas”, dice Stabile, ingeniero agrónomo y investigador del IPAM, a BBC Mundo.
Alexander Lees, de la Red Amazonía Sustentable, coincide.
“Un tramo de tierra sin árboles vale más en el mercado. Por eso, los acaparadores deforestan y ponen ganado ahí, mientras encuentran una forma de venderlo, ya sea a agricultores o a otros ganaderos”, dice Lees.
El próximo paso en esta cadena, según Stabile, es conseguir ilegalmente un título de propiedad de la tierra y venderla. Acto seguido, los acaparadores buscan otro trecho de bosque, y así sucesivamente.
“Muchas veces esas tierras son vendidas a grandes ganaderos, que pueden saber qué es tierra deforestada ilegalmente y qué no”, explica.
Este proceso se repite en otros países amazónicos como Colombia, Perú y Ecuador.
Los nuevos datos de deforestación muestran que la proporción de áreas grandes (con más de 500 hectáreas) deforestadas entre 2018 y 2019 fue la mayor en 10 años. Y eso, según los expertos, puede indicar que grandes productores también pueden estar involucrados en el acaparamiento de tierras.
“Obviamente el tamaño del área deforestada indica el poder de quien lo está haciendo. Deforestar 500 o mil campos de fútbol no es una tarea barata. Se necesitan máquinas, gente para hacerlo”, dice el investigador del IPAM.
Pero, según Stabile y otros investigadores, Brasil podría duplicar o hasta triplicar sus rebaños sin deforestar ni un hectárea más de Amazonas.
“Lo que ocurre ahí es especulación de tierras, ese es el gran impulsor de la deforestación. Si el gobierno determinara un destino a esas tierras públicas, eso dejaría de ser algo lucrativo”.
Ambientalistas e investigadores dicen que las declaraciones y políticas del gobierno de Bolsonaro están estimulando la tala de bosques y la persecusión a indígenas. Bolsonaro niega esas acusaciones.
Desde que llegó a la presidencia, Bolsonaro dijo que acabaría con lo que tildó como “industria de multas ambientales” y dijo que el país tenía demasiadas áreas de conservación. El gobierno también quiere empezar a permitir la minería en territorios indígenas.
Entre enero y septiembre de 2019, los ataques e invasiones a tierras indígenas en Brasil subieron más de un 40% en relación al año anterior, según datos del Consejo Indigenista Misionero.
Los ataques son atribuidos a acaparadores de tierras y personas involucradas en la minería y en la tala de madera ilegal.
El Ministerio del Medio Ambiente brasileño fue cuestionado sobre su estrategia para reducir la deforestación y el acaparamiento de tierras en el Amazonas, pero no contestó a la solicitud hasta la publicación de este reportaje.
En enero, Bolsonaro anunció la creación de un Consejo del Amazonas y de una Fuerza Nacional Ambiental para la “protección, defensa y desarollo sostenible de la Amazonía”, pero no dio detalles de cómo funcionaría.
Brasil perdió aproximadamente 18% de su Amazonas original.
En 2017, la deforestación de Colombia fue una de las mayores de la región amazónica y la más alta en la historia del país. Se perdieron más de 140.000 hectáreas de bosque, el doble que el año anterior.
El punto álgido de la tala fue consecuencia del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, que dejó un vacío de ocupación en las áreas forestales.
Junto con el desarme, el acuerdo con el expresidente Juan Manuel Santos se tradujo en el abandono de las áreas ocupadas por las FARC en el territorio nacional, la mayoría de ellas en la selva.
Los líderes comunitarios dijeron a los medios locales que las FARC funcionaban como una especie de autoridad ambiental, imponiendo reglas a los campesinos sobre cuánto se permitía deforestar o quemar para la agricultura o la ganadería.
“Antes, los agentes del gobierno no se acercaban a la región amazónica debido a la presencia de las FARC que, para su protección, tenían interés en mantener el bosque en pie. Por lo tanto, establecían límites estrictos”dijo Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible.
Colombia ahora ve una carrera por el acaparamiento de tierras en la Amazonía que involucra a grandes agricultores, autoridades locales, narcotraficantes y otros grupos paramilitares aún armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), según Botero.
“En la punta de esta cadena de deforestación están los pequeños agricultores, pero las tierras son compradas por grupos con poder económico, sean de narcotraficantes o empresarios. Hay un mercado de tierra y el gobierno no puede frenarlo”, afirma.
Para lidiar con este problema, el gobierno colombiano creó, en 2018, un Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el grupo trabaja para identificar núcleos de deforestación y sus causas y para recomendar las acciones necesarias.
Una resolución de 2018 también pasó a considerar que la protección del agua, la biodiversidad y el medio ambiente pasan a ser prioridades de la estrategia de seguridad nacional, según dijo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible colombiano .
Ahora, por ley, el gobierno podrá intervenir en parques nacionales amazónicos cuando sean afectados por actividades ilegales.
Las áreas a priorizar contienen importantes reservas de recursos naturales que deben ser protegidos. Ahí se concentran actividades ilícitas que los destruyen, fundamentalmente ligadas al narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y al aprovechamiento ilegal y tráfico de flora y fauna”.Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia
Entre las acciones del gobierno también están las operaciones militares contra acaparadores de tierra en parques nacionales y programas para generar incentivos financieros a la conservación.
En 2018, la tasa de deforestación en el Amazonas cayó, pero solamente un 4%. Según el propio gobierno, casi la mitad de la destrucción se debe al acaparamiento de tierras.
La región amazónica colombiana perdió hasta 2018 cerca de un 11,7% del bosque original. De este total, el 14% fue deforestado en los últimos ocho años.
En el norte de Ecuador, el cultivo de palma aceitera es la principal amenaza, según expertos.
Este aceite es utilizado mundialmente en la producción de alimentos industrializados como chocolates, cosméticos, productos de limpieza y combustibles.
Ecuador es el segundo productor de palma aceitera en América Latina y el sexto mayor del mundo. La producción en la Amazonía corresponde aproximadamente al 13% del total.
La expansión de las fronteras de cultivo de palma y de cacao en los últimos diez años es la principal causa de deforestación, dicen Global Forest Watch y el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (Maap).
Eso es especialmente preocupante porque, a pesar de ocupar solo el 2% del bioma amazónico, Ecuador tiene uno de las partes más diversas del bosque. En una sola hectárea en el Parque Yasuní, se registraron 670 especies de árboles, más que en toda América del Norte.
Y, según un estudio del Instituto Nacional de Biodiversidad del país, cerca de entre el 40% y el 60% de las especies de árboles del Amazonas ecuatoriano aún son desconocidas.
La creciente minería
El Mirador, una mina abierta de cobre, oro y plata que será instalada en dos provincias amazónicas, es el mayor proyecto de este tipo en el país, pero no el único.
El gobierno dice que la minería industrial en la región, llevada a cabo por una empresa china, será ejecutada de manera responsable y los ingresos permitirán invertir en infraestructura en la región.
Sin embargo, varios investigadores creen que la actividad puede conllevar problemas graves para el Amazonas.
“Las minas están en áreas donde las consecuencias pueden ser muy negativas. Más allá de la deforestación, no sabemos exactamente dónde van a poner las represas, ni cómo se va a monitorear” dijo a Carmen Josse, la directora científica de la Fundación EcoCiencia.
Son áreas de topografía accidentada y con mucha biodiversad. No queremos un accidente como el de Brumadinho, en Brasil”.Carmen Josse, Fundación Ecociencia
El gobierno de Ecuador fue cuestionado sobre su estrategia para prevenir que la minería contribuya a la deforestación en la región, pero no contestó hasta la publicación de este reportaje.
Hasta ahora, Ecuador ha perdido un 10% de su bosque amazónico.
La selva amazónica cubre aproximadamente el 95% de Guayana Francesa, un territorio de ultramar de Francia.
Y alrededor del 75% de esa cobertura es bosque primario (el que tiene poca o ninguna intervención humana), según los datos de Global Forest Watch en 2016, el último año disponible.
Tiene el mayor porcentaje de bosques en áreas protegidas – alrededor del 50% – y la tasa más baja de deforestación de los nueve países amazónicos.
Sin embargo, representantes de pueblos nativos y ambientalistas han expresado su preocupación por el avance de la minería legal e ilegal en el área preservada.
A principios de 2019, el presidente francés Emmanuel Macron suspendió un megaproyecto de extracción de oro dentro del Parque Nacional Parque Amazónico de Guyana.
Él mismo lo había apoyado a principios de su gobierno, pero lo suspendió tras campañas nacionales e internacionales en contra.
A pesar de eso, la minería ilegal es la principal amenaza del parque. Las fuerzas de seguridad han detectado un aumento en el número de minas ilegales en la zona desde 2017.
Con una población de menos de 300.000 personas, Guayana Francesa tiene entre 8.000 y 10.000 mineros ilegales. El aumento en los precios del oro desde la crisis de 2008 también ha provocado una carrera por el metal en el país.
“Los buscadores suelen ser niños pobres de Brasil que buscan dinero fácil. Viven en el bosque durante meses y meses”, dijo el capitán Vianney, líder de las operaciones de la Legión Extranjera contra la minería de oro.
El Ministerio de Ultramar de Francia, responsable de los territorios franceses, fue cuestionado sobre su estrategia para combatir la deforestación en la Guayana, pero no contestó hasta la publicación de este reportaje.
La Guayana Francesa perdió cerca del 3% de su bosque original.
El 95% de Guyana está cubierto por el bioma amazónico.
El país plantea dos formas de tratar la selva que, para muchos, parecen irreconciliables. Por un lado, busca cómo explotar económicamente el bosque, y por el otro, venderse al mundo como un “Estado verde” que conserva el Amazonas.
La tasa anual de deforestación de Guyana es una de las más bajas de la región: 0,051% en 2018, según el gobierno.
Parte del éxito se debe a estrategias como la creación de una comisión de manejo forestal, que decide qué árboles pueden o no pueden ser cortados.
Aun así, la tala legal de madera, aunque administrada por el gobierno, es considerada un factor que facilita la deforestación.
Según ambientalistas, las licencias para grandes madereras internacionales dan acceso a áreas vírgenes del bosques y esto es aprovechado para llevar a cabo minería ilegal.
La Comisión Forestal de Guyana dijo que, desde 2015, no se abrió ninguna nueva área de bosque para la tala legal de madera.
De hecho, algunas áreas fueron expropiadas de las empresas que tenían licencias para explotarlas y pasaron a ser dedicadas a la conservación”.Gobierno de Guyana
La minería ilegal – principalmente de oro – es responsable de casi el 85% de la pérdida de bosques, según dijo la Comisión Forestal de Guyana. El oro es el principal producto de exportación del país.
El gobierno dice tener una “estrategia de desarrollo de Estado Verde” para el país, que incluye más inversión en ecoturismo y en energía renovable, límites más rígidos a las emisiones de CO2 y el aumento de la conservación de los bosques.
Todo esto financiado por acuerdos internacionales para la preservación de la Amazonía y por el descubrimiento de enormes reservas marinas de petróleo.
Hasta ahora, Guyana ha perdido un 1% de su bosque originario.
La agricultura a pequeña escala ha sido tradicionalmente la principal causa de la deforestación en Perú. Pero, en los últimos años, el cultivo de palma aceitera, de cacao y de coca están ganando terreno.
Un estudio de 2018 dice que, a pesar de que corresponde solo a un 4% de los cultivos en el Amazonas, la palma fue responsable del 11% de la deforestación entre 2007 y 2013. El aceite se usa mundialmente en la producción de alimentos, cosméticos y combustible.
“Después de que algunas empresas productoras de aceite fueran multadas por deforestación, empezaron a comprar tierras a pequeños agricultores que ya habían talado el bosque ilegalmente”, dijo la ingeniera geógrafa Sandra Ríos, del Instituto del Bien Común (IBC Perú).
El Estado está tardando mucho en construir los mecanismos para monitorear, controlar y sancionar la deforestación por estas y otras actividades”.Sandra Ríos, IBC Perú
Al Ministerio del Medio Ambiente peruano se le preguntó cuál es la estrategia para reducir la deforestación, pero no contestó hasta la publicación de este reportaje.
La minería ilegal de oro también amenaza cada vez más el Amazonas peruano.
Perú es el mayor exportador de oro en América Latina y el sexto del mundo. Sin embargo, los expertos dicen que hasta el 25% de la producción anual del país proviene de la minería ilegal.
Desde 2006, Perú vive un nuevo fervor por la explotación de oro en la Reserva Natural Tambopata, una de las más biodiversas de la región, impulsada por el aumento del precio del metal y por la construcción de la Ruta Interoceánica Brasil-Perú.
La carretera, además de facilitar el transporte, dio acceso a áreas antes poco accesibles de la selva. Ahí se formó un núcleo de mineros conocido como “La Pampa”, que llegó a tener más de 5.000 personas.
Los mineros quitan la vegetación del suelo amazónico para buscar oro. Para separar el metal precioso de otras impurezas usan mercurio, que contamina las aguas e intoxica a los animales.
En el 2017, la pérdida de bosque causada por la minería alcanzó su punto más alto desde 1985, según un estudio del Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia).
Hasta hoy, Perú ha perdido alrededor del 8% de su bosque original.
Con aproximadamente el 94% del territorio ocupado por el Amazonas, Surinam es uno de los países de la región con el mejor desempeño en conservación del bioma.
Sin embargo, desde el 2012 el país registra un aumento de pérdida forestal, estimulada principalmente por la minería de oro.
Entre 2000 y 2014, según un informe del Equipo de Conservación del Amazonas (ACT), la extensión del territorio minero, generalmente a pequeña escala, ya sea industrial o artesanal, creció un 893%.
Según la Fundación para el Manejo y Control de la Producción Forestal del gobierno de Surinam, la minería representa el 73% de la deforestación en el país.
A pesar de su pequeño tamaño, Surinam ocupa el décimo lugar en el mundo en producción de oro proporcional a su territorio (sin incluir la producción de minería ilegal).
La mayor parte de la minería ilegal en el país tiene lugar en áreas remotas del bosque, y también lejos de las organizaciones de fiscalización. Según ACT, se estima que hasta el 60% de los mineros de oro en Surinam son brasileños que cruzaron la frontera ilegalmente.
En algunos de los territorios más grandes de indígenas y de descendientes de esclavos, la minería se ha convertido en la principal fuente de ingresos para las familias.
Surinam perdió aproximadamente 4% del bosque amazónico.
No hay datos oficiales disponibles sobre la deforestación actual en Venezuela, pero el monitoreo por parte de organizaciones científicas locales e internacionales muestra que la pérdida de bosques aumentó en los últimos años, especialmente después de la creación del Arco Minero del Orinoco, que hizo explotar la minería en los estados amazónicos.
Con la caída drástica de los precios y la producción de petróleo venezolano desde 2014, el gobierno de Maduro ha dirigido su atención a los estados ricos en minerales.
Venezuela tiene la sexta reserva natural de oro más grande del mundo, con alrededor de 7.000 toneladas.
En 2016, el presidente Nicolás Maduro creó el Arco Minero, que permite la concesión de licencias para explotar metales como el oro, el diamante y el coltán (mezcla de columbita y tantalita utilizada en la industria de los celulares) en un territorio de 112.000 km2, alrededor del 12% de la superficie total de Venezuela.
El área también abarca monumentos naturales, reservas forestales, un parque nacional amazónico y al menos cuatro territorios indígenas reconocidos.
“La zona del Orinoco es tradicionalmente una zona minera, y hasta los pueblos indígenas lo hacían”, dijo el ecólogo Carlos Peláez, de la ONG Provita.
“Pero el decreto, en cierta manera, legalizó las formas de minería que ya existían y no hizo que disminuyera la actividad. Esta tiene un impacto enorme en el medio ambiente y en las poblaciones locales.”
El plan de Maduro era otorgar concesiones a compañías mineras extranjeras, que tendrían que formar empresas conjuntas con compañías estatales para explorar el área.
En la práctica, según Peláez, lo que sucedió fue un aumento exponencial de la minería a pequeña escala.
Solo en 2018, según el Banco Central de Venezuela, el Estado compró 9,2 toneladas de oro en el mercado interno, lo que equivale a la cantidad total que compró entre 2011 y 2017.
La actividad tiene un efecto devastador en la región.
“El oro que existe allí es de muy poca calidad, es sucio. Y la cantidad de oro que se saca de esta región es muy pequeña”, explica.
La gente destruye el bosque y cava hasta donde puede. Y deja una arena estéril donde no puede crecer nada. La deforestación en esta zona es irreversible”.Carlos Peláez, Provita
La minería está produciendo toneladas de sedimentos que se acumulan en los principales ríos del país, según los científicos. Y el mercurio, usado para separar el oro de las impurezas, está contaminando ríos y pueblos indígenas.
Este país encabeza el número de minas ilegales en la Amazonía, según una encuesta de Raisg. Hay 1.899 puntos mineros clandestinos, concentrados en el Arco Minero del Orinoco.
En medio de la crisis política en el país, la Asamblea Nacional intentó derogar la ley que creó el Arco Minero del Orinoco e incluso lo consideró un “ecocidio” o crimen contra el medio ambiente.
Cuestionó a tres ministerios venezolanos sobre la estrategia para reducir la deforestación en la zona, pero no contestaron hasta la publicación de este reportaje.
Venezuela perdió cerca de 4% de su bosque original.
