Estas serían las primeras sanciones emitidas por EE. UU. y sus aliados tras las recientes elecciones que se celebraron en Nicaragua en medio de cuestionamientos por la falta de competencia.
Cuatro meses antes de los comicios, esta institución abrió procesos contra siete precandidatos presidenciales y más de 40 opositores, entre ellos líderes de la sociedad civil, el sector privado, estudiantes y periodistas.
Según el gobierno estadounidense, el Ministerio Público fue designado por ser el “responsable o cómplice o por haber participado o intentado participar directa o indirectamente en acciones o políticas que atentan contra los procesos o instituciones democráticos en Nicaragua”.
“Basándose en la ley nicaragüense, incluida la Ley 1055, el Ministerio Público ha arrestado e investigado injustamente a candidatos presidenciales y les ha impedido postularse para cargos públicos, socavando así la democracia en Nicaragua”, dijo Estados Unidos.
De igual forma fueron sancionadas nueve personas allegadas a Ortega, entre ellas el superintendente de bancos Luis Ángel Montenegro, el ministro de Energías y Minas, Salvador Mansell; el presidente del Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Energía, José Antonio Castañeda; el gerente de la Distribuidora Eléctrica del Norte (DISNORTE) y Distribuidora Eléctrica del Sur (DISSUR), Rodolfo López Gutiérrez; el viceministro del Ministerio Hacienda y Crédito Público, Adrián Chavarría, y el ministro ante los países árabes Mohamed Farrara Lashtar.
También fueron sancionados los alcaldes oficialistas Leónidas Nicolás Centeno Rivera; Sadrach Zeledón Rocha y Francisco Ramón Valenzuela Blandón.
Las sanciones implican que todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC.
Reino Unido también sanciona
Paralelamente, el Reino Unido impuso sanciones contra ocho funcionarios del gobierno nicaragüense, entre ellos la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega.
También fue sancionado el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; los jefes policiales Fidel Domínguez y Juan Valle; la Fiscal General, Julia Guido, así como la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos.
Asimismo fue incluido en la lista el secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, y Lumberto Campbell, magistrado del Consejo Supremo Electoral.
Wendy Morton, ministra para Europa y las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, afirmó que “el régimen de Ortega está negándole al pueblo nicaragüense sus derechos fundamentales” por tanto las sanciones se asegurarán de que “los responsables por los ataques contra la democracia en Nicaragua enfrenten costos reales por sus acciones”.
Se esperan más sanciones
Las medidas de estos países se suman a otras posibles sanciones contra más allegados a Ortega por “socavar la democracia” en Nicaragua.
El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea evalúa este lunes poner en marcha nuevas sanciones contra funcionarios nicaragüenses, en respuesta a elecciones que aseguraron a Ortega una nueva reelección.