Siete años después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenara, en 2012, al Estado de El Salvador por la conocida masacre de El Mozote, acaecida durante la guerra civil (1980-1992) y perpetrada por el ejército, dos organismos humanitarios exigieron este jueves al país centroamericano a que cumpla con las reparaciones a favor de los familiares de víctimas.
“Demandamos el cumplimiento de las reparaciones» señalaron en un comunicado de prensa las organizaciones Tutela Legal María Julia Hernández y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Desde el sábado 7 de diciembre, El Mozote y comunidades aledañas conmemoran el 38° aniversario de la aniquilación de cerca de mil civiles a manos del batallón Atlácatl de la Fuerza Armada de El Salvador.
La matanza, considerada la más sangrienta de las últimas décadas en América Latina, se realizó los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981 en el marco de la operación llamada «tierra arrasada».
Según investigaciones de la Comisión de la Verdad de la Organización de las Naciones Unidas aproximadamente 986 campesinos salvadoreños fueron asesinados, entre ellos 558 niños, por sospechas de que colaboraban con la entonces guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
«A siete años de dictada la sentencia (de la CIDH), El Salvador aún arrastra deudas históricas, pues no ha cumplido con la mayoría de las medidas de reparación requeridas», resalta el comunicado.
Tutela Legal y CEJIL, que defienden a las víctimas, indicaron que el Estado «no ha cumplido aún con el juzgamiento y sanción de los responsables», como lo requirió la Corte Interamericana.
Además, no ha logrado el «pleno reconocimiento e indemnización de la totalidad de las víctimas».
En el mes de julio de 2016, la justicia salvadoreña declaró inconstitucional una ley de amnistía de 1993 que amparaba los crímenes de guerra y poco después un juez abrió un juicio contra 18 militares implicados en la matanza.
Después de la firma de los acuerdos de paz en 1992, que ponían fin a cerca de 12 años de guerra civil, la Comisión de la Verdad culpó de la masacre al coronel Domingo Monterrosa, comandante del batallón Atlácatl; al jefe de operaciones, Armando Azmitia, y a otros seis oficiales.