La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue procesada este jueves por presunta asociación ilícita.
El juez Julián Ercolini también ordenó embargarle a la exmandataria propiedades por más de US$600 millones.
Se trata de la segunda acusación formal que recibe Fernández después de dejar la presidencia en 2015.
La expresidenta, quien gobernó por dos periodos entre 2007 y 2015, niega los cargos y dice que es víctima de una persecución política auspiciada por el presidente argentino,Mauricio Macri.
La causa por la que la que Fernández fue procesada este jueves -y que la llevará a juicio- investiga irregularidades en la adjudicación de obras públicas.
Por la misma está privado de libertad el empresario Lázaro Báez, un amigo cercano de Fernández y de su esposo, el expresidente Néstor Kirchner, fallecido en 2010.
Aunque la resolución de Ercolini no presenta argumentos para arrestar a Fernández, esta posibilidad es objeto de todo tipo de análisis en la prensa local.
Adjudicación de obras publicas
Los fiscales a cargo de la causa han calificado la supuesta red de corrupción como un «plan criminal«.
En la resolución emitida el jueves, Ercolini también procesó por administración fraudulenta a dos exministros, a un primo de la expresidenta y a varios empresarios y funcionarios encargados de llevar a cabo autopistas y proyectos de infraestructura.
Image copyrightLA NACIÓNUna reciente auditoría de la gubernamental Vialidad Nacional encontró que durante los gobiernos de Fernández la construcción de obras estaba particularmente concentrada (en un 78%) en un solo grupo empresarial, Austral, de propiedad de Báez.
Entre los años 2012 y 2015, se lee en la misma auditoría, el Estado se tomó en promedio 60 días para pagarle a Austral, mientras que con otras empresas el promedio de pago fue de 207 días.
En la denuncia, el actual titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, asegura que hubo un sobreprecio del 65% en la concesión de la reparación de autopistas.
Qué dice Fernández
Ercolini investiga varios casos en lo que Kirchner está imputada por corrupción, entre ellos uno por lavado de dinero en la construcción de un hotel en la Patagonia argentina.
Asimismo, la exmandataria es procesada por el caso del llamado dólar futuro, que investiga una supuesta estrategia del gobierno para enriquecer a ciertas organizaciones vendiendo dólares baratos ante el escenario de una inminente devaluación durante el gobierno de Macri.
Image copyrightREUTERSPor ese caso el juez Claudio Bonadio ordenó embargarle US$1 millón, dinero que la expresidenta dijo no poseer.
Durante la última comparecencia ante la el juez Ercolini, Fernández negó los cargos y argumentó que es víctima de una persecución política comparable a la que supuestamente sufre el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
La expresidenta se defiende diciendo que durante los 12 años de gobiernos kirchneristas la inversión en obras públicas se multiplicó por seis y asegura que la adjudicación de éstas fue «horizontal«.
«Ninguna compañía ni corporación se alzó con más del 5% del total ejecutado en forma centralizada», ha dicho.
fuente:bbcmundo