Comenzó con una «encerrona», una reunión privada en la que las jóvenes universitarias se desahogaron y empezaron a abrirse sobre lo que sentían… y acabó en un movimiento estudiantil sin precedente.
Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) -la mayor en el país-, la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico se declararon esta semana en estado de emergencia ante «la violencia persistente e histórica» contra las mujeres en los campus y la «negligencia» de las autoridades en el manejo de estos casos.
Su «alerta» se produjo después de meses recopilando denuncias de toda índole vía redes sociales y mayoritariamente de forma anónima bajo hashtags como «Me pasó en la UCR» o «Me pasó en la UNA».
«Cuando se inició ‘Me pasó en la UCR’, en cuestión de un día, recibimos una cantidad enorme de denuncias anónimas… de acoso, violencia sexual, entre otras cosas. Nos horrorizamos y decidimos hacer algo», explica Elyana Quimbayo Bolaños, de 22 años y estudiante de Derecho de este centro.
«Es ahí donde empezamos a tener comunicación con las chicas de la UNA y la Tecnológica y nos dimos cuenta de que en todas las universidades pasan casos».
Bajo el hashtag «Me pasó en la UCR» o «Me pasó en la UNA», las estudiantes recogen denuncias de toda índole.Recientemente el colectivo de Quimbayo recibió diversas denuncias de estudiantes que nombran a un mismo catedrático de la UCR y aseguran que este, que imparte clases en Estudios Generales, las obligó a ver pornografía y les dijo que las aprobaría si salían con él.
Las autoridades de la UCR y la UNA coinciden con estas estudiantes en que el acoso y el hostigamiento sexual es un problema «sistemático y estructural» en los campus desde la perspectiva de que lo es «en toda la sociedad costarricense», si bien destacan el trabajo que han realizado y realizan los organismos creados en los propios centros contra estas prácticas.
La situación no es igual en todas las universidades y es la UCR la que cuenta con el mecanismo «más poco apropiado» para atajar la situación, advierten desde el estatal Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), ente autónomo con rango ministerial encargado de la protección de las mujeres en la sociedad costarricense.
Desde la Inamu consideran que este movimiento estudiantil es un caso sin precedentes en el país, si bien lo enmarcan en el «resurgimiento» de mujeres jóvenes que ponen en la agenda casos de acoso y derechos de la mujer.
«Un gran impacto»
Los testimonios publicados en redes sociales describen diferentes situaciones: desde acoso por parte de profesores y alumnos, a comentarios y actitudes sexistas o abusos sexuales.
«Cada vez que tenía una duda me tocaba las piernas y me sugería que podía aclarármelas en horas de consulta a puerta cerrada»; «En una clase de Derecho Administrativo mi profesor dijo que la ‘Administración Pública es como las mujeres: solo sirve para comprar'»; o «Llama a las alumnas como bebé y mi amor (…) y se lamenta de ser profesor pues de otro modo sería novio de algunas de las estudiantes».
Son algunos ejemplos de las denuncias que le llegaron al colectivo de la UCR; unas 150 en total desde su creación en octubre de 2018.
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— #MePasóEnLaUCR (@mepasoenlaucr) March 24, 2019
Costa Rica promulgó en 1995 una ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, lo que obligó a todas las instituciones y lugares de trabajo a tener reglamentos propios y garantizar procesos de sanción.
En el caso de la UCR, se creó la Comisión contra el Hostigamiento Sexual y en los últimos cuatro años, este ente registró 18 casos de personas sancionadas. En 2018, se presentaron 17 denuncias, según las autoridades.
«Últimamente, las denuncias se han disparado (…) pero bajo los parámetros de la administración muchas no tipifican«, critica Daniela Martínez, miembro del colectivo «Me pasó en la UCR».
Las jóvenes de la mayor universidad de Costa Rica crearon un formulario digital a través del que van recogiendo los testimonios y ayudan a las personas que se decidan a denunciar ante las autoridades competentes, si bien reconocen que son pocas las que lo hacen.
La Universidad de Costa Rica es la mayor en tamaño del país.Las alumnas aprovecharon para realizar la declaración de emergencia después de la publicación de un artículo en el «Semanario Universidad» este mes, que generó un escándalo: en él, se recogían múltiples denuncias de estudiantes contra un catedrático de la Facultad de Derecho, por insultos, frases obscenas y proposiciones sexuales.
El profesor, que había sido sancionado en 2015 con ocho días de suspensión, fue apartado de su puesto como medida cautelar, según este medio.
«Aprovechamos las valientes denuncias de la Facultad de Derecho para tomar por sorpresa la situación y conseguir un impacto mayor», explica Elyana Quimbayo. Ella, como otros miembros del colectivo, asegura haber sido víctima de acoso y reconoce no haber denunciado por «miedo».
Reclamos
El grupo critica duramente los vacíos que considera que hay en la normativa de la UCR y el procedimiento. Entre otras cosas, aluden a las penas estipuladas (8 días de suspensión como máximo para un profesor por falta grave) o el largo periodo que toma el proceso (hasta dos años).
El rector del centro, Henning Jensen Pennington, asegura en declaraciones a BBC Mundo que ya solicitó al Consejo Universitario realizar una revisión de los procedimientos y las sanciones.
«Personalmente, considero que las sanciones no se corresponden con la gravedad de los hechos. Yo esperaría y desearía que casos de hostigamiento sexual comprobados, y en los cuales se hayan respetado todos los derechos fundamentales de todas las personas, fueran resueltos de manera mucho más rápida», manifiesta.
No obstante, Jensen también destaca el papel pionero que jugó el centro en este ámbito.
«Podría dar la impresión de que la UCR ha sido descuidada o negligente respecto al hostigamiento, pero el hostigamiento sexual en la UCR empezó a tratarse desde los años 80 y fuimos la primera institución en Costa Rica en tener una comisión contra el hostigamiento sexual y también la primera en todo el país en tener un reglamento contra ello«.
«Ahora vamos a hacer todo lo posible por responder de una manera más adecuada a aquello que durante años ha sido nuestra preocupación», añade.
Desde la Universidad Nacional del país, la segunda en tamaño, las estudiantes del colectivo «Me pasó en la UNA» también consideran que hacen falta cambios; entre otros, endurecer las sanciones, agilizar el proceso (que en este caso puede durar hasta cuatro meses) o dar a conocer los nombres y cargos de las personas que hayan sido sancionadas.
«Hay un caso que es de un docente que estuvo destituido por 5 años y luego volvió, y no sabemos qué ha pasado con él (…) No deben proteger los nombres, sino publicarlos; no proteger a las vacas sagradas», defiende Verónica Gómez, de 22 años y miembro del colectivo.
Uno de los casos más recientes que les llegó fue el de una compañera de biología que «fue abusada durante una gira» (salida a hacer trabajo de campo) por un alumno. «Ella no sabe qué hacer hasta la fecha», precisa Gómez.
«Tolerancia cero»
La UNA cuenta con un reglamento para prevenir, investigar y sancionar los hostigamientos y dos instituciones especializadas: la fiscalía contra el hostigamiento sexual y la comisión de resolución de la denuncia sobre hostigamiento sexual, que emite recomendaciones sobre qué sanciones tomar a la rectoría.
«Es muy importante; si no me equivoco, es la única institución de enseñanza superior que lo tiene y una de las pocas en el país que tiene la figura de un fiscal«, destaca el rector de la UNA, Alberto Salom Echeverría, en conversación con .
En esa fiscalía, trabajan actualmente una abogada y una psicóloga, 20 y 10 horas semanales, respectivamente, y ese es otro de los reclamos de las estudiantes: que se aumente su jornada laboral.
«Son 19.000 estudiantes. Tenemos un fiscal general y un adjunto, con su respectivo personal administrativo. ¿Es poco? Probablemente. Somos una institución austera que tenemos muchas limitaciones», precisa el rector.
Las estudiantes se reúnen de forma periódica para seguir su campaña y recoger denuncias.Salom manifiesta su apoyo a la iniciativa de las estudiantes a modo de «alerta», pero defiende que en el centro se ha logrado «contener bastante el hostigamiento sexual» y recuerda su decisión de despedir, entre otros, al vicerrector a finales de 2017, después de que fuera acusado de abuso sexual.
Según los datos proporcionados por la fiscalía, desde 1999 hasta 2018 se ha despedido a ocho docentes y funcionarios y este año la comisión ya recomendó echar a un docente.
«Somos reconocidos por tolerancia cero al hostigamiento sexual. El proceso es riguroso», manifiesta la fiscal adjunta Gabriela Quiros, quien explica que no pueden divulgar detalles de los procesos por un tema reglamentario pero avanza que las normas están siendo revisadas por el organismo competente, el Consejo Universitario.
Las universidades públicas, según el rector de la UNA, «somos probablemente las que más hemos ayudado a luchar contra el machismo en la sociedad y la violencia contra las mujeres» y recuerda, como ejemplo, el emblema que suscribieron este año «de la igualdad, la equidad y la no violencia contra las mujeres» y por el que organizaron diversos foros de discusión y otras iniciativas.
Costa Rica ha cambiado mucho y las jóvenes «valientes» son ejemplo de ello, contextualiza Ana Hidalgo, coordinadora de programas de prevención de la violencia del Instituto Nacional de las Mujeres.
No obstante, tanto ella como la mayoría de entrevistados consideran que aún queda camino por delante.
«Creo que hay avances si uno lo ve comparado con nuestra propia historia; pero el sistema tiene deudas con las mujeres, definitivamente. Las deudas son grandes«.
fuente:bbcmundo