La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quedó un paso más cerca de ser removida del cargo por el Congreso después que una comisión de diputados aprobara este lunes un informe a favor de someterla a juicio político.
La comisión creada para analizar una denuncia contra Rousseff decidió, por 38 diputados contra 27, que hay razones suficientes para juzgarla por presuntos crímenes «de responsabilidad».
La presidenta está acusada de usar dinero de bancos públicos para pagar programas del gobierno y maquillar el déficit fiscal, violando normas que prohíben esa práctica.
Redactado por el diputado Jovair Arantes, el informe que aprobó la comisión sostiene que los actos atribuidos a Rousseff «revelan serios indicios de gravísimos y sistemáticos atentados a la Constitución».
La presidenta y sus defensores rechazan las acusaciones, señalan que las prácticas denunciadas ocurrieron en gobiernos anteriores y acusan a la oposición de intentar un golpe de Estado mediante el juicio político.
El abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, dijo a la comisión este lunes que el informe contiene «contradicciones» y «equívocos conceptuales» por «el deseo político de llegar al impeachment» de Rousseff.
El texto aprobado no es vinculante para la decisión que deberá tomar el Congreso sobre Rousseff, pero supone un nuevo avance del proceso contra la mandataria.
Sin embargo, el camino hacia la destitución de Rousseff aún tiene etapas pendientes que supondrán pruebas de fuerza cruciales tanto para la oposición como para el oficialismo.
A continuación, un resumen de los próximos pasos previstos en esta batalla por el poder en el mayor país de América Latina.
La incógnita de Diputados
El expediente contra Rousseff pasó ahora al plenario de la cámara de Diputados, que se espera que vote sobre el asunto el próximo domingo 17 o lunes 18.
Para que el pedido de juicio político sea autorizado y vaya a consideración del Senado, requiere el apoyo de al menos dos tercios de los 513 miembros de la cámara de Diputados.
Por lo tanto, el proceso de impeachment continuará sólo si 342 diputados o más votan a favor del mismo (en contra de Rousseff).
De lo contrario, la denuncia se archiva y la presidenta de 68 años y del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) seguirá en el cargo.
Lo que ocurrirá en los próximos días en Diputados es una incógnita hasta para los propios miembros del Congreso.
Diferentes cálculos coinciden en que la oposición tiene una mayoría de diputados dispuestos a votar contra la presidenta, pero le falta llegar a los dos tercios exigidos.
Sin embargo, Rousseff tampoco tiene asegurados los 172 diputados que necesita para bloquear su impeachment, ya sea votando en contra del proceso, absteniéndose o simplemente faltando a la sesión.
Hay decenas de representantes que permanecen indefinidos y se han reportado intensas negociaciones de ambas partes en procura de conquistarlos.
El presidente de Diputados, Eduardo Cunha, un rival de Rousseff que enfrenta serios cargos de corrupción, podrá manejar la forma y tiempos de la votación en función de sus intereses.
Pero aun si el juicio político a Rousseff fuera autorizado por Diputados, todavía faltaría al menos un paso más para que la presidenta fuese apartada del cargo temporalmente.
Juicio en el Senado
En caso de recibir el proceso de impeachment de Diputados, el Senado brasileño tendrá que decidir por mayoría simple si lo aprueba o rechaza.
No hay un plazo establecido para que esto ocurra y la votación podría demorarse por eventuales apelaciones de Rousseff ante el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de justicia brasileña.
Pero si al menos 41 de los 81 senadores votasen a favor del juicio político, la presidenta se vería obligada a separarse del cargo por hasta 180 días, mientras la cámara alta decide su destino.
Entonces asumiría temporalmente la presidencia el actual vicepresidente Michel Temer, cuyo Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el mayor grupo del Congreso, rompió recientemente con el gobierno.
El juicio político a Rousseff en el Senado sería supervisado por el presidente del Supremo, Ricardo Lewandowski.
Para que Rousseff resulte impedida definitivamente de ejercer la presidencia, al menos dos tercios (54) de los 81 senadores debería aprobar su destitución.
En tal caso, Temer sería investido como presidente aunque esto también generaría dudas: el actual vicepresidente de 75 años enfrenta otro pedido de juicio político, acusado de cometer los mismos crímenes fiscales que atribuyen a Rousseff.
Pero si la mandataria fuese absuelta o el Senado no tomase ninguna decisión en los 180 días posteriores a su eventual separación del cargo, volvería inmediatamente a la presidencia.
fuente:bbcmundo