El grupo militante libanés Hezbolá ha establecido una red criminal y financiera a lo largo de la región.
En su discurso de asunción, el Presidente Trump prometió erradicar al terrorismo radical islámico “de la faz de la tierra.” Un buen lugar para empezar es Latinoamérica.
Durante cerca de cuatro décadas el grupo militante libanés Hezbolá ha dependido de las comunidades de expatriados para establecer vastas redes a lo largo de la región. Con el tiempo, estas redes han comprado influencia política entre las élites locales, construyeron alianzas con el crimen organizado, y ofrecieron servicios financieros a ambos. Como resultado, hoy Latinoamérica es un centro clave para la red financiera global cada vez más sofisticada de Hezbolá.
El gobierno de Trump debe interrumpir las fuentes latinoamericanas de ingresos de Hezbolá tomando como blanco a sus agentes y sus empresas con una campaña sostenida de sanciones, debe fortalecer las campañas de la Administración para el Control de Drogas (DEA) para juzgar a agentes de Hezbolá involucrados en tráfico de drogas, y debe castigar a las élites locales que facilitan la presencia continuada de Hezbolá en la región.
Aprovechando órdenes ejecutivas y legislación de sanciones existentes, el gobierno de Obama tomó como blanco las operaciones financieras de Hezbolá, principalmente en Líbano y el Golfo, después que el Congreso aprobó la Ley de Prevención de Financiación Internacional de Hezbolá a fines del 2015. Sin embargo, evitó tomar acciones en Latinoamérica, a pesar de la evidencia de la creciente presencia de Hezbola allí.
En su capacidad previa como jefe del Comando Sur de EEUU, el ahora Secretario de Seguridad Interior, John Kelly, dijo al Congreso en el 2015 que Hezbolá goza de apoyo entre las comunidades de la diáspora libanesa en Latinoamérica. Estas incluyen a comerciantes y agentes involucrados en “actividades ilícitas lucrativas como lavado de dinero y tráfico en bienes falsificados y drogas.” Agotar sus fuentes de financiación es por lo tanto esencial para una estrategia de contraterrorismo exitosa.
Washington ha usado las sanciones para tomar como blanco las actividades latinoamericanas de Hezbolá en el pasado, aunque con éxito limitado. En el 2006, el Departamento del Tesoro designó a nueve individuos, una empresa, y un centro comercial en Paraguay como financistas del terror para Hezbolá. Ellos incluyeron al agente de Hezbolá Sobhi Mahmoud Fayad por su participación en actividades ilícitas que incluían traficar drogas y falsificar divisa estadounidense. En el 2010, el Tesoro agregó a la lista a Bilal Mohsen Wehbe, un clérigo libanés actualmente radicado en Brasil.
Estas medidas han tenido impacto limitado, sin embargo, debido a que, como escribí en otro lado, ninguno de los agentes de Hezbolá radicados en Latinoamérica sancionados durante la década pasada han sufrido alguna consecuencia significativa, ya sea personalmente o para sus negocios. Los gobiernos locales o los han ignorado o los protegieron.
Atacar las actividades de droga de Hezbolá a través de la policía ha sido más exitoso. Con los años, los casos proseguidos tanto en EEUU como en tribunales extranjeros tomaron como blanco a agentes vinculados con Hezbolá actuando como proveedores de servicios de logística y financieros para los carteles de droga y, más recientemente, como traficantes, distribuidores, y suministradores de precursores químicos usados para refinar cocaína.
En el 2008, Estados Unidos extraditó a dos miembros del clan Zaiter, Nemr Zhayter de Paraguay y su hermano Yahya Zaitar de Rumania, por tráfico internacional de cocaína y heroína. Ellos fueron condenados en el 2012.
En el 2011, el Tesoro designó a Ayman Saied Joumaa, un libanés suní con pasaporte colombiano, por su rol crucial en el caso del banco Canadiense-Libanés, un esquema de lavado de dinero de Hezbolá para la cocaína colombiana que entrecruzó Latinoamérica y Africa Occidental, generando cientos de millones de dólares en el proceso.
En febrero del 2016, una operación conjunta de la DEA y europea interrumpió una red de Hezbolá responsable por vender cocaína en Europa y usar los ingresos para financiar el actual involucramiento militar del grupo en apoyo del régimen sirio. Según informes, la red trabajó con carteles latinoamericanos.
La prueba de la colaboración de Hezbolá con el crimen organizado latinoamericano señala a una relación más profunda entre criminales y terroristas para su beneficio mutuo, y revela el valor financiero de la operación. También revela la vocación de Hezbolá no sólo como una organización terrorista global, sino también como una criminal global, donde su rama criminal trabaja para financiar su brazo terrorista.
¿Qué se puede hacer?
En primer lugar, la administración Trump debe iniciar una revisión minuciosa de las sanciones existentes contra agentes de Hezbolá en Latinoamérica. Muchas tienen más de una década de antigüedad y requieren actualizaciones. Este ejercicio probablemente revelará nuevos negocios y actividades asociados con gente ya bajo sanciones que deben ser agregadas a la lista actual.
Siguiente, las actividades empresarias continuadas de individuos y entidades sancionadas por el Tesoro ocurren porque los gobiernos locales son o reticentes a implementar las sanciones estadounidenses o cooperan activamente con los terroristas. La administración debe demandar que o cumplan o enfrenten las consecuencias.
Estas deben incluir imponer 311 designaciones sobre instituciones financieras conocidas por ser usadas por los financistas de Hezbolá para mover sus ingresos, designar a los sectores bancarios de países que facilitan las finanzas terroristas de Hezbolá como zonas de preocupación primaria de lavado de dinero, trabajando dentro de foros internacionales como la Fuerza de Tareas de Acción Financiera para que tales países sean registrados en la lista negra, y negar visas de EEUU a los políticos implicados y hacerlos personae non gratae en Washington.
Se deben dar a la DEA los recursos y apoyo político necesarios para completar exitosamente sus investigaciones. Eso incluye más que apenas financiación agregada: La Casa Blanca debe contar con los gobiernos latinoamericanos para facilitar las operaciones de la DEA en su propio territorio, expedir solicitudes de extradición, y cooperar en vez de obstruir las investigaciones en curso.
Se puede hacer mucho más para interrumpir las redes financieras ilícitas de Hezbola en Latinoamérica. Reconocer la amenaza e iniciar los pasos mencionados arriba sería un buen lugar para empezar en la lucha contra la amenaza global del terrorismo radical islámico.
Fuente: The Christian Science Monitor