SAN SALVADOR — En un juicio histórico en El Salvador, 373 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, entre ellos 17 cabecillas, fueron condenados a penas de hasta 74 años de cárcel por los delitos de homicidio, tráfico de armas y pertenecer a organizaciones terroristas.
La oficina de prensa de los Tribunales de Justicia informó el viernes que el proceso a cargo del juez Godofredo Salazar también confirmó las oscuras negociaciones de esos grupos criminales con varios políticos que les habrían pagado para que los ayudaran a ganar las elecciones presidenciales de 2014.
En el juicio, que se desarrolló por casi cuatro semanas, comparecieron los cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS 13) Borromeo Enrique Henríquez, alias “Diablito de Hollywood”; Saúl Antonio Turcios, alias “El Trece”; Arístides Dionisio Umanzor, alias “El Sirra”, y Carlos Tiberio Valladares, “El Snayder”, entre otros. Todos guardan prisión en una cárcel de máxima seguridad donde están aislados.
El juez condenó al “Diablito de Hollywood” a 39 años de cárcel por la coautoría de un homicidio, mientras que “El Trece” fue declarado culpable de dos asesinatos y se le impusieron 60 años de prisión.
“Esto deja señales positivas del trabajo articulado entre el Ministerio de Justicia, la policía y la Fiscalía”, dijo a The Associated Press Ricardo Sosa, especialista en tema de seguridad y de pandillas. “Se dio un giro a lo que hizo el gobierno anterior y se han enfocado en recuperar los territorios, el tejido social y darle tranquilidad a la población con una significativa reducción de la violencia”.
Sosa sostiene que el “gran reto y gran desafío” del gobierno del presidente Nayib Bukele “será trabajar en lo que nunca se ha hecho: en rehabilitación y reinserción de los privados de libertad en un país que cuenta con 28 centros penitenciarios con más de 38.000 reclusos y un hacinamiento que ronda el 140%”.
Durante las audiencias, el juez ordenó que se proyectaran videos, fotos y transcripciones de intervenciones telefónicas con las que se pudo confirmar las reuniones entre pandilleros y políticos.
En su fallo, el juez criticó que el Ministerio Público no acusara a políticos de los partidos Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que negociaron con las pandillas apoyo electoral. Dijo que en el banquillo de los acusados, junto a los pandilleros, debieron estar exfuncionarios y políticos.
En las grabaciones aparecen el expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, ambos de Arena, y el exministro de Gobernación, Arístides Valencia del FMLN, entre otros.
Quijano ha rechazado las acusaciones y afirmó “jamás me he reunido con pandilleros para negociar absolutamente nada”. Por su parte, el alcalde Muyshondt dijo en una entrevista en la televisión local que sí se reunió con pandilleros, pero para pedirles que permitieran votar a los simpatizantes de su partido.
Con la ayuda de un testigo protegido identificado como “Noé”, supuestamente un cabecilla retirado de la MS 13, la Fiscalía buscó demostrar que esta es una organización terrorista responsable de todos los delitos que se les imputan.
En agosto de 2015, la Corte Suprema definió que la MS y el Barrio 18 son grupos terroristas para que los tribunales puedan imponer a los pandilleros penas severas de hasta 60 años de cárcel.
En los interrogatorios, “Noé” aseguró que durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes (2009-2014), cuando se registraban 14 homicidios al día, se negoció con los cabecillas de las pandillas MS 13 y Barrio 18 para bajar los homicidios y sacar provecho electoral en favor del FMLN.
En El Salvador, las maras o pandillas están integradas por más de 65.000 jóvenes y adultos, en su mayoría miembros de la MS 13. Se encuentran en barrios y comunidades populosas y según las autoridades están involucradas en el narcotráfico, la extorsión y el crimen organizado.