Tiene una orden de arresto por un proceso judicial vinculado a la sentada islamista de Rabe al Aduiya, que se saldó con entre 700 y 1,000 muertos.
Osama Mursi, uno de los hijos del derrocado presidente egipcio Mohamed Mursi y portavoz de la familia, ha sido arrestado este jueves por las fuerzas de seguridad egipcias. Así lo han denunciado los allegados del ex mandatario islamista, desalojado del poder tras el golpe de Estado de julio de 2013.
Según la familia, Osama ha sido detenido por la policía en su casa en la provincia de Sharqiya, ubicada en el delta del Nilo al norte de El Cairo. El joven abogado, uno de los cinco vástagos de Mursi, está acusado de incitar a la violencia. Contra él pesaba una orden de arresto por un proceso judicial vinculado a la sentada islamista de Rabea al Adauiya, dispersada brutalmente por las autoridades egipcias en agosto de 2013.
En el caso figuran destacados miembros de los Hermanos Musulmanes, acusados de bloquear las calles aledañas a la plaza de Rabea al Adauiya, organizar una resistencia armada y tentativa de asesinato. El 14 de agosto de 2013, las fuerzas de seguridad sofocaron la sentada segando -según los diferentes recuentos divulgados- entre 700 y 1.000 vidas. La impunidad reina desde entonces en el capítulo más sangriento de una fallida transición política. Como denuncia la organización Human Rights Watch (HRW), ningún cargo del Gobierno ni responsable de las fuerzas de seguridad ha sido juzgado por la masacre.
En un comunicado divulgado este jueves, la familia ha asegurado que la detención de Osama no servirá para “presionar al presidente Mohamed Mursi”. El juicio en el que está acusado el hijo del ex mandatario celebra una nueva vista el próximo sábado. Su arresto se produce apenas cuatro días después de que la familia del islamista hiciera público un comunicado en el que denuncia que las autoridades no les permiten visitar al ex presidente, confinado en la cárcel de Tora, a las afueras de la capital egipcia.
“Las autoridades del golpe [en alusión a la asonada] han prohibido las visitas a Mursi sin base legal alguna. De hecho, desde su secuestro la familia del presidente sólo ha podido verle en una única ocasión el 7 de noviembre de 2013 en la prisión de Borg al Arab, en el oeste de Alejandría”, reza la nota publicada por la Hermandad. “Las autoridades también han denegado el acceso a los abogados durante las sesiones en el tribunal desde enero de 2015”, agrega un comunicado que denuncia que el régimen ha rechazado hasta en 50 ocasiones la petición de visita de sus parientes durante este año.
El texto -firmado por la familia del “secuestrado presidente egipcio”- acusa también al Gobierno egipcio de rehusar la solicitud para que Mursi sea sometido a un chequeo médico. “Consideramos totalmente responsables al régimen golpista -con todos sus funcionarios- dirigido por el comandante golpista de la salud del presidente así como de su seguridad y bienestar”, concluye el documento.
En las últimas semanas Mursi, el primer líder egipcio elegido en las urnas, ha sido testigo de la anulación de varias de las abultadas penas que pesaban contra él. El mes pasado el Tribunal de Apelaciones revocó la pena capital por escapar de prisión durante las revueltas que forzaron la renuncia de Hosni Mubarak en 2011 y la cadena perpetua por conspirar junto al movimiento palestino Hamas. En ambos casos, la corte ordenó la repetición del proceso.
En la actualidad, Mursi, de 65 años, cumple aún dos condenas: otra cadena perpetua por filtrar documentos a Qatar dictada el pasado junio y 20 años de prisión por intimidar a los manifestantes de la oposición durante los choques que sus partidarios y detractores protagonizaron el 5 de diciembre de 2012 a las puertas del palacio presidencial de Ittihadiya.
Desde el derrocamiento de Mursi, el régimen egipcio ha protagonizado la campaña de represión más severa en décadas contra la Hermandad, la fuerza política más organizada del país: cientos de sus simpatizantes han muerto; miles de sus dirigentes y miembros han sido encarcelados; la Hermandad ha sido declarada “grupo terrorista” sin aportar pruebas de su vinculación con los atentados y sus asociaciones de caridad han sido confiscadas. El Cairo ha clausurado, además, los medios de comunicación de la oposición; promulgado una draconiana ley que restringe el derecho de protesta y ahogado todos los espacios de libertad.
Fuente:elmundo.es