El gobierno argentino y el oficialismo en el Congreso intentan nuevamente aprobar una Ley Nacional del Aborto, para asegurar que el procedimiento sea legal, seguro y gratuito. La iniciativa genera fuertes enfrentamientos en la sociedad.
BUENOS AIRES – Las comisiones del Congreso argentino comenzaron a debatir el proyecto del presidente Alberto Fernández, que intentará por novena vez en la historia, aprobar un proyecto de legalización del aborto.
En Argentina, el aborto, es considerado un delito, excepto en casos de violación sexual o peligro de muerte para la madre.
El Congreso rechazó en el 2018 la iniciativa que propone nuevamente la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación. Además propone no obligar a los médicos a realizar el procedimiento médico y plantea un plan de 1.000 días para fortalecer la atención de las mujeres durante el embarazo y el nacimiento.
«La criminalización del aborto de nada ha servido, solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente, en cifras preocupantes», dijo el presidente, Alberto Fernández, al argumentar la iniciativa el mes pasado.
Según una encuesta de Ipsos en agosto, la aprobación para la legalización ha aumentado ocho puntos porcentuales desde 2014, y el apoyo está dividido.
«El dilema que debemos superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de Salud argentino», expresó el mandatario argentino.
Protestas sociales
El tema a llevado a movilizaciones en las calles de país a favor y en contra del aborto. Resaltan por un lado los grupos contrarios, incluyendo los llamados pro vida -Los Celestes y Los Verdes-, sectores de la iglesia católica y la evangélica, y también están manifestándose a favor las agrupaciones feministas, partidos de izquierda y otros grupos de derechos humanos.
«El aborto no lo considero ni lo reconozco como un derecho, como para reconocerlo como un derecho de la mujer», dijo a la VOA una activista.
Otros dijeron que «el aborto legal es impedir violencia. Que te obliguen a tener un hijo o a parir».
Más opiniones
Mientras los diputados, como Waldo Wolf, de la Oposición Pro (peronismo disidente), señalan que muchos consideran que la mujer es quien debe decidir.
«Como legisladores, no me puedo poner en un tribunal moral para decir quién tiene un hijo y quién no. En toda caso, que cada mujer decida, que sea responsable ante ella, ante su creencia, ante sí misma, con las decisiones que toma», dijo Wolf. Estadísticas oficiales estiman que se realizan entre 370.000 y 500.000 abortos clandestinos por año en el país.
La Conferencia Episcopal Argentina ha dicho que no quiere debatir sobre el aborto durante la crisis del coronavirus y aludió a los comentarios del Papa, en los que instó a respetar a quienes «todavía no son útiles», incluidos los «no nacidos».
ticas oficiales estiman que se realizan entre 370.000 y 500.000 abortos clandestinos por año en el país.
La Conferencia Episcopal Argentina ha dicho que no quiere debatir sobre el aborto durante la crisis del coronavirus y aludió a los comentarios del Papa, en los que instó a respetar a quienes «todavía no son útiles», incluidos los «no nacidos».
En la región
Varios de los 20 países de la región prohíben el aborto por completo, incluido El Salvador, que ha condenado a algunas mujeres a hasta 40 años de prisión. La mayoría de las naciones, incluida Brasil -la más poblada de la zona-, permiten el aborto sólo en circunstancias específicas, como una violación o cuando la salud de la madre corre riesgo.
Solo Uruguay y Cuba permiten abortos electivos.
Al igual que en Estados Unidos, donde los conservadores han logrado avances en la restricción del derecho de las mujeres al aborto, en Latinoamérica hay un rechazo a los llamados a una mayor liberalización. Brasil, bajo el mandato del derechista Jair Bolsonaro, está dificultando aún más el aborto.
Desde mediados de 2018, los legisladores en México han presentado más de 40 propuestas para poner fin al castigo por el aborto, según el grupo mexicano de derechos reproductivos GIRE. Sólo la capital y Oaxaca permiten abortos electivos.
En Chile, los activistas están celebrando una votación de octubre para redactar una nueva constitución como una oportunidad para expandir una ley de 2017 que permitía el aborto para salvar la vida de la madre, en casos de violación o si el feto no es viable.
Colombia, donde la corte constitucional acordó considerar una petición para eliminar el aborto del código penal, podría ser un ejemplo, dijo Anita Peña, directora del grupo chileno de derechos reproductivos Corporación MILES.
Según el Instituto Guttmacher, una organización de investigación en salud reproductiva con sede en Estados Unidos, se estima que el 29% de los embarazos en Latinoamérica y el Caribe entre 2015 y 2019 terminaron en aborto, lo que abarca a 5,4 millones de mujeres. Los abortos suelen ser clandestinos, por lo que las cifras son difíciles de determinar.
[Con información adicional de Reuters]