Cientos de manifestantes protestaron este sábado en la capital de Guatemala en rechazo a una ley aprobada por el Congreso oficialista que endurece las penas por aborto, cierra la puerta al matrimonio de personas del mismo sexo y limita derechos a la comunidad LGBTI.
«Nosotros como personas de la comunidad LGBT merecemos, por el simple hecho de vivir en este Estado, tener los mismos derechos que las demás personas», dijo a la AFP Ángel Cabrera, uno de los manifestantes.
En la protesta, que se inició en el sur de la capital y llegó hasta el centro histórico, los participantes, con bailes, música y banderas multicolores, exigieron al Parlamento archivar la «Ley para la Protección de la Vida y la Familia», aprobada el martes.
La norma eleva de tres a 10 años la pena máxima de cárcel a «la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause».
Además, dejó en claro que «se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo» y restringió a los centros educativos la posibilidad de enseñar sobre diversidad sexual, entre otras limitaciones para la población LGBTI.
Diputados opositores afirmaron que la ley, además de ser inconstituciona, puede criminalizar a las mujeres por abortos espontáneos y aumentar el riesgo de crímenes de odio por motivos deorientación sexual.
El jueves, el presidente Alejandro Giammattei pidió al Parlamento archivar la ley, al considerar que viola la Constitución y convenios internacionales suscritos por el país. De no hacerlo, anunció, la vetará.
Un día antes el mandatario había participado en un foro cristiano que declaró a Guatemala como «Capital Pro Vida de Iberoamérica»,
Shirley Rivera, presidenta del Legislativo y diputada del partido oficialista que promovió la ley, señaló que analizarán si la norma contiene ilegalidades.
«Con nuestros derechos no se juega» y «No a la ley del odio», señalaban algunas pancartas en la protesta de este sábado.
Los diputados impulsores de la ley argumentaron en el texto que hay «grupos minoritarios» en Guatemala que proponen «modelos de conducta y convivencia distintos al orden natural del matrimonio y de la familia» y que representan una «amenaza al equilibrio moral» y «la paz».