El cargo de «delincuencia organizada» es uno de los más graves que se pueden imputar en México y normalmente es aplicado a narcotraficantes y jefes de bandas criminales.
Pero en un inusual caso, la Fiscalía General de la República (FGR) ha invocado ese delito contra 31 científicos, a los que acusa de haber malversado recursos públicos.
El juez que ha recibido la solicitud de detención de los científicos, ha rechazado ya dos veces los argumentos de la fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero.
Los científicos acusados, entre ellos varios miembros del Sistema Nacional de Investigadores (el grupo más alto de científicos del país), han negado todas las acusaciones y consideran que se trata de una «cruzada contra la ciencia» por parte de la fiscalía.
Aun así, la FGR informó que volverá a presentar cargos contra los investigadores, un anuncio que ha polarizado más las opiniones en México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que está a favor de que «se investigue», pues asegura que la acusación se justifica dado el presunto uso ilegal de dinero público.
No obstante, instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e incluso miembros del partido de López Obrador hay rechazo a la investigación de la FGR.
Pero ¿de qué se les acusa a los investigadores?
1. ¿De qué se les acusa?
Los cargos de la FGR contra los investigadores tienen como base una denuncia que presentó en 2019 el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (Conacyt) a través de su directora, María Elena Álvarez-Buylla.
La institución rectora de la política en ciencia del país asegura que hay «posibles irregularidades» en el financiamiento que recibió el Foro Consultivo en Científico y Tecnológico (FCCyT).
Se trata de una asociación civil creada por investigadores para ofrecer asesoría a instituciones públicas y empresas, la cual estuvo financiada durante casi 8 años con recursos del Conacyt.
Según la FGR, científicos y funcionarios sacaron provecho de sus puestos públicos en el Conacty para financiar dicha la asociación civil y después «incorporarse a ella», lo cual es contrario a la ley.
«Ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos», dijo la FGR en un comunicado.
La FGR no divulgó más detalles sobre la acusación.
Sin embargo, el presidente López Obrador expuso en una rueda de prensa la semana pasada que él ha tenido acceso a la investigación del Conacyt y dio a conocer qué tipo de gastos presuntamente hubo en el FCCyT.
«Entre los gastos de operación había facturas de chóferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero», según López Obrador.
También la asociación adquirió un inmueble «de lujo» en el barrio de Coyoacán, una zona de alta plusvalía ubicada en el sur de la Ciudad de México, «con recursos que no justificó al Conacyt», según el presidente.
La acusación señala que los científicos malversaron unos 561 millones de pesos (casi US$28 millones) del Conacyt.
Por ello la FGR busca que un juez los procese por cuatro delitos: peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Estos dos últimos cargos son los que los narcotraficantes suelen recibir al enfrentar a la justicia.
Además, la FGR pidió a un juez de la prisión de máxima seguridad de El Altiplano (donde han estado recluidos delincuentes como Joaquín «El Chapo» Guzmán) que otorgue la prisión preventiva, pues considera que los involucrados tienen recursos para evadir la justicia.
2. ¿Qué dicen los científicos acusados?
Las 31 personas incluidas en la investigación de la FGR han rechazado las acusaciones, que califican de «sorprendentes e infundadas».
En una carta abierta, aseguraron que la creación del FCCyT vino por una ley de 2002 y que su financiamiento ha estado plenamente justificado.
«Durante más de 18 años, el FCCyT funcionó como una asociación civil autónoma y con financiamiento de Conacyt», señala el documento firmado por seis antiguos coordinadores de la asociación.
«Todas las cuentas del FCCyT han sido presentadas ante el Conacyt en tiempo y forma. Todos los resultados de sus programas tienen evaluaciones positivas. Existe documentación probatoria de las afirmaciones aquí realizadas», añadieron.
De manera separada, algunos de los señalados por la FGR han celebrado que el juez que escuchó el caso haya rechazado en dos ocasiones las pruebas presentadas en su contra.
«Es una cruzada contra la ciencia porque se está atacando a representantes de una mesa directiva (del FCCyT) en la cual están las principales instituciones de este país», dijo Gabriela Dutrénit, una de las acusadas.
Entre los involucrados hay miembros del SNI nivel III, el máximo grado de investigador que puede tener un académico en México, pertenecientes a la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y otras altas instituciones de educación.
3. ¿Por qué se produce ahora?
López Obrador impulsó desde su llegada al gobierno en 2018 recortes a los programas gubernamentales bajo su política de austeridad.
Siguiendo esa política, el Conacyt ha reformado el funcionamiento de sus proyectos científicos y en 2019 aplicó un recorte al FCCyT. Inconforme ante esto, la asociación entonces llevó a los tribunales el caso.
«Durante el proceso judicial se hicieron evidentes posibles irregularidades ejecutadas a través de asignaciones directas millonarias a favor del FCCyT, desde distintos fideicomisos del Conacyt», dijo este último en un comunicado.
«Como consecuencia, la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt presentó una denuncia de hechos, sin señalar a persona alguna, ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control», continuó.
El señalamiento a los 31 científicos y funcionarios del Conacyt fue hecha por la FGR luego de su investigación.
4. ¿Qué reacciones ha generado?
Las opiniones en México se han dividido desde que se dio a conocer la acusación.
Para López Obrador, es algo que «debe investigarse».
«Como ya no se pueden mantener estos privilegios, ahora se sienten perseguidos, pero yo le pregunto a la gente: ¿el combate a la corrupción va a ser selectivo, o va a ser parejo? Que se investigue, y si hay corrupción, que se castigue«, señaló.
La alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, una de las figuras más importantes del partido de López Obrador y quien también se ha desempeñado como científica en el pasado, considera que es «un exceso» de la FGR.
Mientras, Enrique Graue, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima institución de investigación pública en el país, dijo que la acusación de la FGR es un «despropósito» y algo «inconcebible».
Por su parte, el exministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossio, criticó el uso de la figura de delincuencia organizada por parte de la FGR.
«La delincuencia organizada es un asunto muy delicado que no puedes estar imputando a todas las personas en todos los casos. Tiene una legislación especial, tiene principios especiales y me parece que no se puede usar como si fuera cualquier herramienta ordinaria», dijo al diario El Universal.
«Esto me parece que es una de las formas más perversas que no sólo en México sino en otros lugares del mundo se están usando para meter a las personas a prisión», añadió
Aun así, la FGR ha dicho que insistirá su caso en una tercera presentación ante el juez.
«Se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan».
fuente.bbcmundo