La Sala de lo Constitucional suspendió la medida de CEPA y del Ministerio de Salud de exigir la prueba negativa PCR COVID-19 a los salvadoreños y extranjeros que ingresen al país a partir del 19 de septiembre.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió esta tarde una resolución en la que suspende la disposición de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y del Ministerio de Salud para exigir la prueba de COVID-19 negativa a los salvadoreños y extranjeros con residencia definitiva que ingresen al país a partir del 19 de septiembre.
La Sala argumenta que no existe un régimen de excepción aprobado, por lo que impedir el ingreso al país de un salvadoreño o de un extranjero con residencia “implicaría una restricción a su derecho fundamental de ingresar al territorio nacional”.
“Suspéndense los efectos de las decisiones adoptadas por las autoridades del Ministerio de Salud, Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y Dirección General de Migración y Extranjería –entre ellas, la circular identificada con la referencia 024/2020, suscrita el 11 de septiembre de 2020 por el encargado de la Gerencia Aeroportuaria de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma–, consistentes en inadmitir el ingreso de los salvadoreños y extranjeros con residencia definitiva en el país, que no presenten a su arribo al Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, o a cualquier otro punto autorizado de ingreso, una prueba de PCR que dé negativa en COVID-19”, señala la resolución, la cual amplía una medida cautelar de un proceso abierto en abril de este año en lo relativo a la repatriación de los compatriotas varados en el exterior.
El hecho de que el Gobierno salvadoreño impida a las personas ingresar al territorio nacional sin presentar prueba de COVID fue calificada días atrás por abogados constitucionalistas como una medida “improvisada” e ilegal. Según abogados, hay otras opciones para certificar que los ciudadanos ingresen a El Salvador sin riesgo de portar el virus.
Francisco Bertrand Galindo, abogado constitucionalista, aseguró que el artículo 5 de la Constitución garantiza el derecho de permanencia en el territorio de todo ciudadano, por tanto, “a los salvadoreños que vengan al país los tienen que dejar entrar con prueba de covid o sin ella”, señaló.
Para el abogado Enrique Anaya, lo que tiene que hacer el Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, es dar soluciones y no sencillamente poner el requisito. “Lamentablemente vuelve a ser improvisado porque vemos que falta una semana para que el Aeropuerto abra. Es ambiguo y es oscuro y eso va a generar problemas porque se le está enviando a la línea aérea, le están dando una responsabilidad a la línea aérea que tenga que revisar si la persona va a presentar el llamado certificado de PCR negativo”, subrayó Anaya días a El Diario de Hoy.
Esta mañana, Miguel Ángel Fortín Magaña acudió al máximo tribunal para pedir la inconstitucionalidad de la exigencia de la prueba del COVID-19 a los salvadoreños que vienen del extranjero.
Fortín Magaña aseguró que el gobierno violentaría el derecho que tienen los salvadoreños de ingresar libremente al país. Sostuvo que la mayoría de salvadoreños que ingresan por las fronteras terrestres son comerciantes que hacen negocios en los países cercanos y no tienen el dinero para pagar el examen en otro país.
La semana pasada, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) emitió un memorándum sobre las disposiciones que regirán a partir del 19 de septiembre, cuando el Aeropuerto Internacional de Comalapa comience a recibir vuelos comerciales. En esa notificación se advierte que ningún pasajero -nacionales o extranjeros- podrá entrar a El Salvador si no presenta una prueba PCR negativa.
Mientras que el pasado lunes, Francisco Alabí, ministro de Salud, dijo que la prueba de COVID-19 se pediría también para las personas que entren al país por vía terrestre a partir del 19 de septiembre.edh