Juana Pérez atendía su negocio de venta de fruta en un mercado de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el sureste del país, cuando pidió a sus dos hijos pequeños que fueran al puesto de su abuela.
Los niños Dylan Esaú y su hermana de 5 años de edad caminaron por los pasillos, llenos de compradores y comerciantes.
Dylan, de 2 años, nunca llegó con su abuela. Una niña de unos 10 años de edad lo abordó, lo tomó de la mano y lo sacó del mercado.
Fuera los esperaba una mujer adulta. El grupo se alejó del lugar. El recorrido fue grabado por cámaras de seguridad de los negocios por donde pasaron.
Esto ocurrió el 30 de junio y desde entonces no se conoce el destino de Dylan Esaú Gómez Pérez. El 4 de noviembre es su cumpleaños.
El caso cobró notoriedad en México cuando su mamá viajó a la capital del país para pedir ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Red familiar de trata
Durante varios días permaneció fuera de Palacio Nacional, la sede del gobierno mexicano, con un cartel con la foto de su hijo.
Juana Pérez no logró hablar con el presidente pero varios medios publicaron su historia.
Fue por eso, y la intervención de funcionarios de la Presidencia de México que las autoridades de Chiapas empezaron a buscar a Dylan.
No lo han encontrado pero en la investigación descubrieron una red de trata de menores en San Cristóbal de las Casas.
El grupo tenía cautivos a 23 niños, entre ellos varios bebés, en una casa de la ciudad. Los menores eran obligados a vender artesanías y pedir limosna en las calles.
Tres mujeres adultas fueron detenidas. La Fiscalía General del Estado (FGE) cree que la red es responsable del plagio de Dylan.
De hecho, según la FGE, la mujer que se llevó al menor del mercado es hermana de una de las detenidas. Por su captura se ofrece una recompensa de 300.000 pesos, unos US$13.000.
La misma cantidad se ofrece por información para localizar al menor.
La familia de la mujer, asegura el fiscal de Chiapas Jorge Llaven Abarca a medios locales, forma una red de trata de personas
La desaparición de menores es un problema creciente en Chiapas, denuncian organizaciones como Melel Xojobal.
Según datos oficiales, entre enero y julio se reportaron 160 casos y de ellos sólo 27 fueron localizados.
Si se mantiene la tendencia podrían duplicarse los registros de 2019, dice Jennifer Haza Melel, directora de la organización.
«En todo el año pasado fueron 184 reportes de desaparición y ahora sólo hasta julio tenemos 160», recuerda.
La Fiscalía rechazó la solicitud de entrevista con el fiscal Llaven Abarca para abordar el tema.
7 desaparecidos al día
Como Dylan, en México todos los días desaparece un promedio de siete menores, según ha documentado la Red por los Derechos de la Infancia.
Del 1 de enero al 21 de julio de este año se reportó la desaparición de 1.970 niños, niñas y adolescentes. De ellos 532 no han sido localizados.
En algunos casos se vinculan con la guerra contra el narcotráfico que empezó el expresidente Felipe Calderón en 2006. Desde entonces, existen 12.762 menores desaparecidos.
Es un problema grave e inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en Twitter que observa «con preocupación los casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes en el país».
La CIDH «hace un llamado a México a cumplir con su obligación de investigar estos delitos con la debida diligencia».
Y la CIDH no es el primer organismo internacional que hace este pronunciamiento pues en otros momentos UNICEF expresó mensajes similares.
A pesar de eso, el problema no parece haberse atendido, le dice el director de la Red, Juan Martín Pérez García.
Y en el caso de las redes de explotación de personas, especialmente menores, la desatención es más evidente añade.
«El gran problema que tenemos en México con la trata es que no se logran sentencias. Generalmente las autoridades priorizan el espectáculo y no la solidez de la investigación».
La situación se ha complicado pues en los últimos años las redes de explotación de personas se extendieron a lugares donde no se había detectado el problema.
Las organizaciones civiles documentaron que existen grandes grupos criminales que operan redes de esclavitud laboral en estados como Sinaloa, Durango, Jalisco y Guanajuato, por ejemplo.
Estos lugares se añaden a los que eran conocidos, las redes de esclavitud sexual en Tlaxcala, Puebla y Ciudad de México. Una de las razones para el crecimiento es que los criminales no son castigados, insiste Pérez García.
«Cuando llegan los casos al sistema judicial se caen, es ínfimo el número de sentencias. El delito se mantiene en la impunidad».
Desnutridos y obligados a trabajar
La FGE asegura que la red de trata desmantelada en San Cristóbal de las Casas está vinculada con la desaparición de Dylan Esaú.
El fiscal Llaven Abarca aseguró a medios locales que el grupo «nos va a dar información, sobre todo las detenidas, para dar con el paradero del niño».
Los menores rescatados padecen desnutrición y se encontraban en condiciones precarias, explica la FGE.
Vivían en Los Altos de Chiapas, una región montañosa con severas condiciones de marginación y pobreza. Varios de ellos son originarios de San Juan Chamula, el pueblo más grande de la zona
Todos fueron sustraídos de sus comunidades y concentrados en la casa donde los encontraron las autoridades. No es la primera vez que menores de esta región son víctimas de trata laboral.
En febrero de 2019, por ejemplo, 14 niños de la región fueron rescatados en la capital del estado de Aguascalientes, donde eran obligados a trabajar. Los menores indígenas eran originarios de Simojovel, también en Los Altos.
Además, varias organizaciones civiles han denunciado que en las ciudades de la frontera sur de Chiapas hay redes de esclavitud sexual que mantienen cautivas a niñas y adolescentes de Guatemala.
No está claro si la red de trata desmantelada recientemente se vincule con otros casos
Vulnerables
En estos casos y el de menores como Dylan o los rescatados en San Cristóbal, el común denominador es la pobreza.
En Chiapas, el 80% de los menores, especialmente de comunidades indígenas, viven en condiciones de marginación,recuerda Jennifer Haza, directora de Melel Xojobal.
«Hay muchas familias indígenas que viven en condiciones de precariedad, de hacinamiento».
Esta situación los hace más vulnerables ante las organizaciones de trata de personas, añade Pérez García.
La desprotección y abandono histórico a estas comunidades las convierte en presa fácil de las redes de criminalidad,asegura.
«El país enfrenta estas realidades que son más visibles en el tema de narcotráfico, pero en el caso de las comunidades indígenas queda como algo normalizado. Lamentablemente cada vez más los grupos criminales toman control de estas condiciones de desprotección».
fuente:bbcmundo