Marta es salvadoreña, tiene 27 años y dos hijos (una adolescente de 15 años y un niño de 9). Creció con su abuela, nunca conoció a su padre y la mamá la dejó porque su nuevo esposo no quería hacerse cargo de ella. Comenzó a trabajar a los 10 años haciendo de sirvienta en una casa de una colonia acomodada en San Salvador. A los 12 años fue violada por uno de sus jefes y quedó embarazada de su hija. La despidieron del trabajo al saber que estaba esperando un hijo y la abuela la echó de la casa por lo mismo. “Ahí comenzó toda una vida de desgracias para mí y para mi hija”, relató a Voz de América.
Marta tuvo una serie de relaciones por “necesidad”; por techo, por comida y en cada una de ellas fue golpeada y obligada a hacer cosas que no quería. De uno de esos idilios es fruto su segundo hijo. Ahora está en EE.UU., solicitando asilo por amenazas de muerte y porque huyó con su hija, abandonando al hijo a cargo de un familiar, porque a ésta la violaron un grupo de pandilleros y quedó embarazada.
La hija de Marta estuvo desaparecida por más de un mes y fue esclava sexual de una clica de la mara 18. El pecado de Marta (y el de su hija) fue nacer mujer, según ella, y en una región donde el patriarcado aún define de qué forma serán tratadas las ciudadanas.
En El Salvador, según un estudio presentado en 2019, por La Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO) con el apoyo de el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), las mujeres viven alrededor de 78 años; lo que quiere decir que Marta ha sufrido violencia casi la tercera parte de su vida (desde el abandono de la madre).
Pero ese tipo de trasgresiones no son exclusivas de una mujer, otras al igual que ella viven historias similares en el Triángulo Norte de Centroamérica, región castigada por décadas por la violencia, aunque sus países no están en guerra.
VOA realizó un esfuerzo noticioso para saber cuál es la situación de las mujeres centroamericanas, quienes al igual que Marta, si tienen suerte conviven con la violencia la cual se ha normalizado y las que no la tienen, mueren víctimas de este flagelo sin que las autoridades hagan avances por cambiar esta situación.
En cifras
El Triángulo Norte, según datos reveladores por el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos para Centroamérica, registró alrededor de 2.200 feminicidios entre el mes de enero de 2018 y agosto de 2019.
El informe detalla que en el periodo comprendido al 2018 se perpetraron 1.590 feminicidios, mientras que en los siete meses restantes del periodo tomado en cuenta (de enero a agosto de 2019) ocurrieron 628 crímenes de odio contra las mujeres.
Esta afirmación es respaldada por el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras al revelar que, solo en ese país, en promedio es asesinada una mujer cada 23 horas.
Los números se vuelven más alarmantes en el caso de El Salvador, que encabeza la estadística en Latinoamérica. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) cuatro de las cinco tasas más altas de feminicidio en la región se registraron en ese país, donde 6.8 mujeres fueron asesinadas por cada 100 mil, luego está Honduras que posee una tasa de 5.1 y finalmente Guatemala con 2.0 respectivamente.
Sin embargo, para las autoridades salvadoreñas esos datos indican una disminución en comparación con años anteriores. Según la Policía Nacional Civil (PNC), los homicidios de mujeres en el año 2018 fueron 383, frente a los 469 reportados en 2017, lo que supone que fueron asesinadas 86 mujeres menos.
Al escuchar las cifras, así como el hecho que cataloguen las muertes como homicidios y no feminicidios, viene la gran pregunta ¿Qué pasa con las legislaciones en pro de las mujeres en estos países? ¿Qué pasa con los otros tipos de violencia? La que no mata, pero que marca a la víctima y a su grupo familiar o en el caso de Marta la que se hereda y amplifica.
Ley muerta
En el caso de Guatemala a pesar de que la Constitución política de la república garantiza la defensa de los derechos humanos de todos sus ciudadanos, las mujeres, niñas y adolescentes continúan siendo los grupos más vulnerables y desprotegidos a criterio de colectivos y profesionales que trabajan por los derechos de las mujeres.
La doctora Yolanda Sandoval, integrante de la Fiscalía de la Mujer en el Ministerio Público dijo a VOA que “La fiscalía de la mujer en ese país, recibe un aproximado de 226 a 230 denuncias diarias de violencia contra la mujer”.
Sandoval también habló de los daños irreparables, no solo en la víctima, que muchas veces pierde la vida, sino también cómo afecta a toda la familia.
Entre los casos más notorios en Guatemala se encuentra la desaparición hace nueve años de Cristina Siekavizza, cuyo esposo es el principal sospechoso del caso. Mientras que los asesinatos de Claudina Velásquez en agosto de 2005, e Isabel Véliz en diciembre de 2001, ambos casos fueron condenados por derechos humanos, debido a irregularidades en el manejo de la escena del crimen, la indiferencia de las autoridades y la impunidad en la que permanecen los hechos.
Según Julio Riera Claverín, analista político y exministro de Seguridad en Guatemala, parte del problema tiene sus raíces en el machismo que se ejerce por ambas partes (hombres y mujeres), y “la única solución a mediano y largo plazo es educar a los propios hijos en casa, esto no es un tema de maestros, es un tema de hogar. Y empieza por el trabajo que tienen que desarrollar las madres y los padres en las casas”.
El agresor y sus cómplices
En Honduras sólo en el mes de enero se perpetraron unos 30 feminicidios, en su mayoría a manos de la pareja o expareja, detalló Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de Violencia UNAH.
Ayestas también fue más allá y habló de la pérdida de escrúpulos ante el tema por parte de la población, quienes ven la violencia contra la mujer como normal “la sensibilidad social y el compromiso de un estado claramente rebasado por la criminalidad”, hace que al tema se le reste importancia y se enfoque desde una óptica de problemas de convivencia familiar.
El nuevo Código Penal, próximo a entrar en vigencia en Honduras, incorpora diversas tipificaciones de la violencia contra mujeres con penas de hasta 40 años de prisión; sin embargo, desde el punto de vista de activistas el aumento de penas no resuelve el problema.
«En cinco años, 2,095 feminicidios aproximadamente se cometieron y la impunidad pues sigue igual, estamos hablando de más del 95% de los casos en la impunidad y que una de las problemáticas es por ejemplo el hecho de que los investigadores no están bien capacitados y al llegar a la escena del crimen empiezan con la hipótesis de que es homicidio y no que es feminicidio», afirmó Suyapa Martínez directora del Centro de Estudios de Mujeres Honduras.
Feminicidios y la migración
El fenómeno de la migración centroamericana está íntimamente relacionado al tema de la violencia, y datos revelan que en el caso de la violencia contra la mujer y feminicidios son datos relevantes para que ésta se dé.
Por ejemplo, la salvadoreña Marta, asegura que migró para rescatar a su hija de un destino de esclavitud sexual al lado de las pandillas, así como al nieto. Vendió su casa y le pagó a un coyote para que las sacara de El Salvador.
Las razones de Marta no son extrañas para la OEA, quien reveló que el 45% de las personas que migran de Centroamérica son mujeres y no cualquier mujer, son las víctimas de violencia que quieren preservar su vida y la de su familia.
Este trabajo periodístico es un coproducción de la Voz de América con Radio Sonora (Guatemala), Radio América (Honduras) y Radio YSKL (El Salvador).