«Paola era una niña muy alegre, amorosa, querida por toda su familia y llena de sueños».
Así describe Petita Albarracín a su hija, Paola Guzmán, una joven ecuatoriana que quiso quitarse la vida al enterarse que estaba embarazada producto del abuso sexual que sufrió durante dos años en su colegio.
Como presunto responsable, las autoridades ecuatorianas investigaron a Bolívar Espín, quien entonces era vicerrector de la escuela Martínez Serrano, donde acudía Guzmán en Guayaquil y tenía tenía 66 años de edad.
Guzmán, en cambio, no pasó de los 16 años, que era la edad que tenía el 12 de diciembre de 2002, cuando tomó pastillas de fósforo blanco o «diablillos», como se conocen en Ecuador, que se utilizan como pirotecnia y que contiene una sustancia química muy tóxica y con altas posibilidades de causar la muerte si se ingiere.
Su madre, familia y amigas quisieron salvarla tras la ingesta del tóxico pero una sucesión de encubrimientos y omisiones hicieron que Paola perdiera la vida.
Luego de 18 años y sin culpables, el caso de Paola llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el primero sobre violencia sexual en el contexto educativo y cuya audiencia se celebró el pasado martes.
Allí, los representantes del Estado de Ecuador pidieron disculpas a Petita y a su otra hija Denís, aunque no reconocieron responsabilidad en la falta de atención a Paola.
Petita solo quiere justicia por su hija.
¿Quién era Paola?
Paola Guzmán vivía con su hermana pequeña, su madre y abuela en un suburbio de Guayaquil, Ecuador, a principios de los 2000.
«Vivíamos una vida tranquila. Había mucho amor y valores», describió Petita en la audiencia del martes pasado por el caso Guzmán Albarracín y otros contra Ecuador en la CIDH.
«Yo he sido madre y padre para mis hijas. He tenido que trabajar duro para que no les falte nada», contó la madre.
Entre los proyectos de Paola estaba conocer Nueva York donde vivía su tía y terminar la escuela secundaria.
Ella «quería ser secretaria para poder trabajar en una buena empresa»
Pero en octubre de 2002, Petita comenzó a notar cambios en Paola.
«¿Mi hija qué te está pasando? ¿Tienes algún problema?», le preguntó.
«‘No, mamita’ y me hacía bromas», relató.
«Pero yo me di cuenta (de que algo pasaba) por unas llagas que le salieron (en el cuerpo). El médico me dijo que era psoriasis, que esa enfermedad brota cuando alguien tiene problemas o preocupación», describió.
La mujer contó que no conoció al vicerrector del colegio hasta 2001, cuando Paola tuvo una nota baja en un examen. Ella acompañó a su hija para hablar con Bolívar Espín porque estaban dando oportunidades a alumnos con calificaciones bajas.
«Le dije que yo le podía poner un profesor en casa, pero creo que no le gustó. Entonces no la ayudó», relató Petita en la audiencia en la CIDH.
El trágico día
El 12 de diciembre de 2002 sonó el teléfono en la casa de los Guzmán Albarracín. Atendió una sobrina de Petita. De repente sus ojos se pusieron rojos.
«¿Qué pasa?», preguntó la mujer.
«Llamó una compañera que Paola tomó (algo) y que vayamos al colegio rápido. Con mis sobrinos tomamos un taxi y fuimos. Había un grupo de niñas afuera llorando y comentando, pero yo seguí de largo al rectorado a ver a mi hija. Y ahí vi como en un callejón a mi hija tirada en una butaca. En ese momento el vicerrector se acerca y me dijo: ‘coja a su hija y llévesela’«, relató Petita casi al borde del llanto.
«‘¡Mamita, mamita perdóname!’, escucho que me dice ella».
Paola apenas podía caminar del dolor y decidieron llevarla al hospital. Según la familia, la joven no había recibido atención médica en la escuela.
«En el hospital la doctora me dice: ‘señora su hija tomó diablillos», relató Petita.
Los «diablillos» son pastillas explosivas que se encienden por un raspado violento y se usan en fiestas populares, principalmente en las de diciembre. Pero si se ingieren en cantidad pueden ser mortales.
Estas pastillas contienen fósforo blanco inorgánico en una concentración promedio de 20 miligramos por tableta, una dosis 50 a 60 mg es letal, según explicaron los peritos en la Corte.
Paola tomó 11 pastillas.
«Se trató de un caso grave de evolución rápida que llevo a una falla multiorgánica», dijo uno de los expertos en la audiencia.
La comunidad médica de Ecuador viene advirtiendo sobre la peligrosidad de este producto hace décadas ya que es de fácil acceso y los jóvenes lo utilizan para intentar suicidarse.
«Como debe haber estado desesperada mi hija por haberse tomado los diablillos», reflexionó Pepita.
«¿Por qué lo hiciste?»
La familia decidió llevar a Paola a una clínica privada. Pero el estado de salud de la joven empeoraba.
«Me decía mamita báñame, dame agua…(el fósforo blanco) ya le estaba quemando. Y yo no podía hacer nada», relató Petita con voz angustiada.
«Yo le preguntaba: ‘¿Por qué lo hiciste? ¿Algún enamorado? ¿Qué paso?‘«.
«No mamá, no es nada», dijo la madre llorando en la sala de audiencias. «Al día siguiente mi hermana se da cuenta que las uñas están moradas y me grita: ¡Paola se está muriendo!».
La llevaron a terapia intensiva. Paola murió el 13 de diciembre de 2002.
La verdad
Luego de 18 años de ese trágico hecho que cambió su vida por completo, Petita Albarracín recordó en la sala de la CIDH el mismo dolor y llanto de ese día y cómo se enteró de la verdad.
«Estábamos en la clínica con todas sus compañeras y entra una periodista gritando ‘¿Quién es la mamá de Paola? Señora, usted tiene que denunciar a Bolivar Espín, el vicerrector, porque una compañera me llamó y me contó todo. Este hombre la acosaba, la violó y la embarazó‘», narró.
«Me quede sorprendida de enterarme sobre tantas cosas que le estaban pasando a mi hija. Le dije al doctor que le haga un examen para ver si mi hija estaba embarazada», continuó.
Pero el cuerpo de Paola ya estaba en manos de los forenses y serían ellos los encargados de determinar si la joven estaba embarazada.
«Sin importarle el dolor que yo sentía, (el forense) me hizo entrar y vi a mi hija en una mesa desnudita y con su cuerpo todo abierto, sus órganos ahí…. Me enseñó una carne y me dijo: ‘Este es el útero de su hija, no hay embarazo'», relató Petita con la voz entrecortada.
«En el medio de mi dolor ¿cómo podía saber si eso era un útero?», se preguntó la madre. «Mi hija estuvo embarazada porque le enseño una prueba de un laboratorio particular a su compañera», añadió.
Petita cuenta que días antes de su muerte Paola le contó a sus amigas que estaba embarazada del vicerrector.
Pero, las cosas irían a peor para la joven.
«El victimario le indicó que debía practicarse un aborto en el servicio médico del colegio, allí fue nuevamente víctima de violencia sexual pues el médico le condicionó el procedimiento a cambio de sexo», según el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro Ecuatoriano para la Acción y Promoción de la Mujer CEPAM-Guayaquil, organizaciones que dan apoyo legal a Petita.
«El abuso que tuvo mi hija lo vivió ahí (en la escuela). Lo sabía el rector, las autoridades, los profesores, el alumnado, las compañeras, y no me dijeron nada. Todos los sabían«, se lamentó este martes la madre.
Paola dejó dos cartas de despedida: una dirigida a su madre y otra a Bolívar Espín.
«La que se dirige a mi dice: ‘mamita, mamita, perdóname, cuida a mi ñaña (abuela) que yo te cuidaré desde el cielo», relató Petita rompiendo en llanto en la sala de audiencia.
Después de haber leído ambas cartas, la madre afirmó que su hija sufría por culpa de Espín.
«Él abuso de su confianza. Ella tal vez lo vio como un superior, como un profesor. Pero él abusó, la manipuló. Mi hija tenía 16 años y este hombre tenía 65. Eso no es amor. Cuando ella estaba ahí tirada él tuvo que haberla amenazado para que no nos dijera nada. Eso ella se lo llevo a la tumba», retomó.
La investigación
Para esta mujer ecuatoriana, la muerte de su hija no solo desmoronó su vida sino que tuvo que salir a buscar justicia con los pocos recursos que tenía. Y no le fue fácil.
La muerte de Paola «derrumbó mi vida».
«Mi hija no habló porque estuvo manipulada y amenazada», dijo Petita Albarracín.«Yo era una mujer pobre. Tuve que buscar abogados. Fui a la Defensoría del Pueblo, me apoyaron dos meses y me dejaron abandonada», contó.
«Fue una lucha terrible. Hice todo lo posible por mandarlo preso: fui a la fiscalía, al juzgado… hubo mucha humillación. No me atendían y los papeles los tiraban. ‘Aquí no va a haber justicia, yo no puedo estar aquí‘, pensé«.
En 2003 se inició una investigación en la fiscalía del Guayas, en el oeste de Ecuador, donde la defensa de Petita solicitó la prisión preventiva contra Espín, pero el juez negó el pedido.
Ese mismo año, la madre presentó una segunda demanda contra el vicerrector por daño moral ante la instigación al suicidio de su hija.
En 2004, la justicia dictó una orden de prisión preventiva contra Bolívar Espín pero éste se fugó. Luego fue llamado a juicio por los delitos de acoso sexual e incitación al suicidio. Sin embargo, tampoco apareció.
En 2005, fue sentenciado a pagar una indemnización de US$25.000 dólares por la demanda de daño moral presentada por la madre de Paola. Pero Espín siguió sin comparecer ante la justicia hasta que los delitos imputados en su contra prescribieron.
Solo en el ámbito administrativo se logró una sanción por abandono del cargo como vicerrector.
«Nosotros agotamos todas las instancias. Hice lo que más que puede hacer una madre. Lamentablemente en Ecuador no se hizo justicia», dijo Petita.
«Él está libre y vivo, mi hija no. Trabaja en colegios particulares donde no lo conocen», afirmó.
Y aparentemente el caso del abuso a Paola no fue el único.
«Se llegó a saber que adolescentes que fueron abusadas por este señor que tuvieron que ser cambiadas de colegio, y sus familias no quisieron contar lo que pasó», dijo Lita Martínez, directora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) de Guayaquil y abogada de Pepita.
Pero cuando se conoce la historia de Paola comenzaron a saberse de otros casos, aunque no hubo denuncias en la justicia.
«Una profesora había informado a las autoridades del (Ministerio) de Educación que este señor la había encerrado en una habitación, había tocado su cuerpo, la había acosado, pero no se hizo nada. Hubo un silencio cómplice de todas las autoridades», resumió Martínez.
Cambio de vida
«Este hombre destruyó la vida de mi hija, la mía y de mi familia», describió Petita en la CIDH.
«Fue una lucha tan dura que yo ya no quería seguir, pero tuve que hacerlo. Encontré buenas abogadas para seguir luchando porque mi hija fue una víctima», añadió.
Petita Albarracín junto al CEPAM de Guayaquil presentaron el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no encontraron la justicia que buscaban en Ecuador.
«Estuvimos en un acuerdo de solución amistosa con Ecuador durante muchos años pero no se pudo avanzar porque siempre había algún contratiempo», dijo Martínez, quien representa a Petita Albarracín desde 2005.
«Cuando hay impunidad y no hay justicia se deja un mensaje de permisividad para que este tipo de acciones puedan ser totalmente naturalizadas, avaladas, permitidas y sigan siendo parte de la cotidianidad que vivimos las mujeres en todos los países de América latina», reflexionó.
¿Qué dijo el Estado ecuatoriano?
Durante la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ecuador pidió disculpas a Pepita Albarracín y a su otra hija Denis.
«Como representante del estado ofrezco a la señora Petita Albarracín y a Denis Guzmán las disculpas públicas por aquellas acciones u omisiones del estado ecuatoriano que hayan ocasionado violaciones a los derechos de Paola Guzmán», dijo María Fernanda Álvarez, abogada representante del Estado de Ecuador.
Y también expresó sus disculpas «por aquellas acciones u omisiones del estado ecuatoriano que hayan generado violaciones a sus derechos en la búsqueda por la verdad y el reconocimiento».
Sin embargo, los representantes del Ecuador no reconocieron responsabilidad en el caso de Paola. Algo que a la defensa llamó mucho la atención.
«Ofrecer una disculpa pública y luego no reconocer la responsabilidad de los hechos es por lo menos contradictorio. Nos causó mucha indignación», afirmó Martínez
«Con sus mismos peritos nos permitió aclarar que hubo una desatención a Paola, que el haberse dado de otra manera había una probabilidad, aunque mínima, de que Paola aún estuviera con nosotros», agregó.
De todos modos, en su exposición, Ecuador reiteró «su compromiso de que los hechos de este caso no se vuelvan a repetir».
Búsqueda de justicia
Pepita quiere ahora que se limpie el nombre de su hija tras 18 años de impunidad y que ninguna otra niña tenga que pasar por lo que Paola vivió.
«Yo espero de esta Corte haga lo que no ha hecho mi Ecuador porque no me dieron protección. No hubo justicia. Se lo dejo en manos de Dios y en su corazón», le dijo a los jueces mirándolos a los ojos.
Se espera que la CIDH emita su falló al respecto recién en un año.
«Esto no me la va a devolver a mi hija. Pido justicia y reparación. Estoy cansada y enferma psicológicamente. Esto es lo último que hago por Paola», dijo Petita.
«Solo espero vivir una vida tranquila y que no le pase nada a mi otra hija que es la única que me queda», agregó.
Paola tendría hoy 33 años de edad.
fuente.bbcmundo