El Gobierno de EE.UU. sanciona a militares de El Salvador por la masacre jesuita de 1989

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo dio a conocer que EE.UU. prohibió este miércoles el ingreso a más de una decena de militares de El Salvador que participaron en la matanza de seis sacerdotes jesuitas el 16 de noviembre de 1989. Otros sancionados son los miembros de su familia inmediata.

Por medio de un comunicado, Pompeo puntualizó que la sanción, “se debe a su participación en violaciones graves de los derechos humanos en el Salvador relacionadas con la planificación y ejecución de los asesinatos extrajudiciales” ocurridos en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

El hecho que estremeció al país centroamericano, durante la guerra civil de la década de los 80, cobró la vida de los jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López a quienes se asesinó con disparos en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín de la casa en la que vivían dentro del campus de la UCA.

El secretario de Estado dijo que el Gobierno estadounidense apoya la rendición de cuentas, la reconciliación y los esfuerzos de paz en curso en El Salvador.
El secretario de Estado dijo que el Gobierno estadounidense apoya la rendición de cuentas, la reconciliación y los esfuerzos de paz en curso en El Salvador.

En el ataque también murieron ejecutadas por los militares Elba Ramos y su hija Celina Ramos, quienes trabajaban para los sacerdotes

De acuerdo con el periódico salvadoreño El Diario de Hoy los 13 militares y exfuncionarios de las fuerzas armadas sancionados son Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Yusshy René Mendoza Vallecillos y José Ricardo Espinoza Guerra.

También Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Óscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Ávalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez, José Alberto Sierra Ascencio y Inocente Orlando Montaño. Este último es un ex viceministro de Seguridad, quien en 2017 fue extraditado a España tras una orden de un tribunal estadounidense.

En marzo de 2019, un tribunal superior salvadoreño ordenó la reapertura del juicio contra un grupo de militares señalados por su participación en la matanza.

En la declaración escrita, Pompeo dijo que el gobierno estadounidense tiene “información creíble” sobre violaciones a los derechos humanos en las que participaron los salvadoreños, cuyos puestos iban desde generales hasta posiciones civiles. Agregó que Estados Unidos condena todos los abusos a los derechos humanos cometidos por ambas partes durante la guerra civil de El Salvador, entre ellos los del gobierno y los de las partes no gubernamentales.

Además del general Montaño, Benavides y Mendoza, los salvadoreños sancionados por Estados Unidos son Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Oscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Ávalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez, y José Alberto Sierra Ascencio.

Con información de AP

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