La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al estado salvadoreño ordenar, sistematizar y entregar a las víctimas, autoridades judiciales y a la sociedad en su conjunto los archivos militares que corresponden a la guerra civil, para avanzar en el conocimiento de la verdad y la persecución penal de las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados durante el conflicto armado.
La CIDH, que publicó el sábado las observaciones preliminares de su reciente “visita in loco” a El Salvador, pidió también que se reconstruyan los archivos que hayan sido destruidos o los documentos que no se redactaron cuando legalmente debían producirse.
En noviembre, el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Alberto Guzmán, a cargo del caso de la masacre El Mozote, perpetrada en 1981, ordenó al presidente salvadoreño Nayib Bukele, en su calidad de comandante general de las fuerzas armadas, que entregara todos los archivos militares relacionados con la matanza en la que murieron 989 campesinos.
Sin embargo, las actuales autoridades del ministerio de la Defensa Nacional les informaron que “no existe, o identifican, archivos concretos sobre las operaciones responsables, mandos y otros aspectos relativos al conflicto”, expresó la CIDH en su informe preliminar.
Las autoridades del ministerio de la Defensa Nacional anunciaron recientemente la creación de una comisión al interior de las fuerzas armadas para la revisión y auditoría de los archivos, pero no se tiene ninguna información pública del trabajado realizado.
La CIDH también llama la atención respecto a los archivos de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, cuya apertura han solicitado las víctimas, y que “tampoco han sido entregados para fines judiciales a El Salvador”.
La Comisión de la Verdad, que investigó las graves violaciones a los derechos humanos durante los 12 años de guerra civil que cobró la vida de unas 75.000 personas y dejó miles de desaparecidos, fue creada después de la firma de los Acuerdos de Paz suscritos el 16 de enero de 1992, dando por finalizado el conflicto armado.
Más de tres décadas después de la matanza, el juez Jorge Guzmán Urquilla reabrió la investigación de la masacre de El Mozote luego de que la Corte Suprema derogó la Ley de Amnistía General de 1993, que impidió que fueran investigados los delitos de lesa humanidad y los crímenes de la guerra civil salvadoreña.
A inicios del juicio en marzo de 2017, Guzmán Urquilla citó a 18 exmilitares, pero varios fueron retirados del proceso debido a que ya fallecieron.
En la audiencia estuvieron presentes el exministro de Defensa y Seguridad Pública, general José Guillermo García; el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas armadas, general Rafael Flores Lima; y el exjefe de la Fuerza Aérea, general Juan Rafael Bustillo.
La masacre ocurrió entre el 11 y 13 de diciembre de 1981 a unos 120 kilómetros al este de la capital salvadoreña durante una operación del ahora extinto batallón Atlacatl, entrenado en Estados Unidos en tácticas de contrainsurgencia. Los soldados entraron a la zona en busca de las unidades de la guerrilla, pero algunos de ellos mataron a civiles.
Muchos cadáveres fueron abandonados dentro de una iglesia y luego les prendieron fuego. En una fosa, los forenses encontraron 136 esqueletos de niñas y niños, con edad promedio de seis años.
Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, divulgado en 1983, responsabilizó de la masacre al coronel Domingo Monterrosa, entonces comandante del batallón Atlacatl, así como al jefe de operaciones, el coronel Armando Azmitia y a otros seis oficiales entre capitanes y mayores que no fueron juzgados bajo el amparo de la ley de amnistía promovida por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) después de divulgarse el documento de la ONU.
Monterrosa y Azmitia murieron en El Mozote el 23 de octubre de 1984, cuando un helicóptero en el que volaban explotó en el aire por una bomba colocada por la guerrilla.