En medio de los debates en el Congreso boliviano para convocar a nuevas elecciones presidenciales, el partido Movimiento al Socialismo, MAS, dijo este jueves que el ex mandatario Evo Morales no será el candidato de esa agrupación política.
La noticia fue anunciada por el legislador del MAS Henry Cabrera en una entrevista con el canal de televisión local Unitel, donde dijo también que su partido indígena no va a sugerir vocales para el Tribunal Supremo Electoral.
«El Movimiento al Socialismo tendrá otro candidato a presidente», dijo Cabrera, quien es vicepresidente de la Cámara de Diputados de Bolivia.
La renuncia de Morales a la presidencia dejó a Bolivia convulsionada y a su propio partido fracturado, pero en medio de la crisis han surgido nuevos líderes indígenas que fueron ignorados por el mandatario en sus casi 14 años de gobierno.
Los nuevos presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado son de origen aymara y pertenecen al MAS, que controla la mayoría en la Asamblea Legislativa.
“Queremos mostrar nuestra voluntad de pacificar el país y vamos a trabajar con todos, nadie debe quedar al margen”, dijo Sergio Choque, presidente de la Cámara de Diputados, después de asumir el cargo.
Poco más de un 50% de los legisladores son indígenas, pero es la primera vez que los presidentes de las dos cámaras tienen ese origen.
A pesar del apoyo indígena que tenía y tiene aún Morales, muchos se quejan de que en su último gabinete el expresidente ya no tenía ministros indígenas.
El analista político Carlos Cordero dijo a la agencia AP que los indígenas “no eran del entorno de Morales. Frecuentemente los usaban para levantar la mano y aprobar lo que enviaba el Ejecutivo… Ahora el partido ha quedado en manos de ellos y el desafío es renovarlo”.
La presidencia de Morales mostró un progreso económico y una mayor participación política de los pueblos indígenas, quienes componen el 40% de la población de Bolivia, según el censo más reciente.
Pero también alejó a algunos simpatizantes quienes alguna vez lo aclamaron como su campeón.
Morales se enfrentó con grupos de indígenas sobre el desarrollo de tierras tribales, ofreció beneficios a comunidades favorecidas y eludió los límites al mandato presidencial.
Continúan las protestas y la violencia
A pesar de los esfuerzos de la presidenta interina Jeanine Añez para encontrar una salida a la crisis constitucional que vive Bolivia y los debates en el Congreso para fijar una fecha a las elecciones generales, las protestas y la violencia siguen golpeando diariamente en las calles del país.
En El Alto, las manifestaciones diarias exigen el retorno de Morales. Cientos de bolivianos bloquearon el jueves una importante planta de energía y libraron mortales enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Muy pocos vehículos se animan a acercarse hasta los barrios colindantes con Senkata, ante los bloqueos callejeros instalados desde el puente Bolivia sobre una avenida que es parte de la carretera hacia la región andina de Oruro, la central Cochabamba y a otra ruta que va hacia Chile.
Otros marcharon hacia La Paz agitando wiphalas, una bandera de cuadros de siete colores que usan varios grupos indígenas andinos, con el objetivo de aumentar la presión sobre Añez.
Treinta personas han muerto en la violencia desatada en Bolivia tras la renuncia de Evo Morales, el pasado 10 de noviembre.
El gobierno quiere juzgar a Morales
El gobierno de Añez considera que de comprobarse que Evo Morales alienta los bloqueos y financia grupos armados en el país debe ser juzgado como un “ciudadano común” e inclusive detenido por la Interpol en cualquier país, debido a que ya no goza del fuero de un mandatario, informó el periódico local La Razón.
El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, explicó este jueves, que esto implica que las autoridades competentes deben citarlo para que retorne al país para asumir defensa y si no eso no ocurre se debe expedir una orden de captura internacional para que se lo detenga en el país que resida.
No obstante, el gobierno desconfía de la labor del Ministerio Público, entidad a la que calificó de negligente y sin imparcialidad.
Por ello, ha decido impulsar por cuenta propia y a través de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) un proceso de investigación del origen del dinero que supuestamente financia los actos vandálicos.