«No a la impunidad», «verdad y justicia» y «Piñera debe responder» fueron algunas de las consignas con las que 11 parlamentarios chilenos presentaron esta semana una inédita acusación constitucional en contra del presidente de ese país, Sebastián Piñera.
Los legisladores culpan al mandatario de haber infringido «abiertamente la Constitución y las leyes» al consentir -afirman- que las Fuerzas Armadas «cometieran violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada».
La presentación de la iniciativa el martes busca la destitución del presidente y se produce en medio de las manifestaciones sociales que comenzaron hace más de un mes en Chile y que tienen al país sudamericano sumido en la crisis social más grande de las últimas tres décadas.
Con el fin de sustentar la acusación, el documento cita datos de informes elaborados por distintas organizaciones que buscan proteger los derechos humanos y que exponen el abuso hacia algunos manifestantes por parte de la policía.
La acusación menciona un reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de fecha 18 de noviembre, en el que se indica que se presentaron seis querellas por homicidio en contra de agentes del Estado, siete por homicidio frustrado, 66 por violencia sexual y 273 por torturas.
Además, se señala que 1.482 de las 2.391 personas que fueron ingresadas en hospitales estaban heridas por armas de fuego y que 222 personas tenían heridas oculares.
«Estos atropellos y violaciones graves de los derechos humanos de la población, de carácter generalizado y sistemático, acontecieron desde el primer día de la crisis con el conocimiento del Jefe de Gobierno, quien lejos de impedir que se siguieran cometiendo, dio señales políticas claras de respaldo a las Fuerzas Armadas y Carabineros», se lee en el documento.
Los diputados opositores critican a Piñera por usar a la Fuerza Armada para reprimir la protesta.En sus primeras declaraciones tras ser presentada la acusación en su contra, Piñera dijo que esta no tiene «ningún fundamento» y que «no aporta nada».
«Lo que el país necesita hoy día es paz, es unidad, es acuerdos y soluciones a los problemas de los chilenos», afirmó.
¿Qué tan común es acusar constitucionalmente al presidente en Chile?
La acusación fue liderada por diputados comunistas chilenos aunque también participaron miembros del Frente Amplio y otros partidos de oposición.La iniciativa liderada por los diputados comunistas chilenos -y que también contó con el apoyo de algunos parlamentarios del Frente Amplio y otros partidos de oposición- generó una fuerte controversia en el sector político.
Esto se debe en parte a que no es una herramienta que se suela utilizar en la institucionalidad chilena.
Desde el regreso a la democracia, ningún jefe de Estado ha sido acusado constitucionalmente a pesar de que es una herramienta que los diputados pueden utilizar cuando así lo estimen.
Según registros del diario El Mercurio, la única y última vez que se presentó una denuncia de este tipo en contra de un jefe de Estado fue en 1956 en contra de Carlos Ibáñez del Campo, que no tuvo éxito.
Algunos manifestantes han pedido la renuncia del presidente Piñera.En conversación con Javier Sajuria, profesor asociado de la Universidad Queen Mary de Londres, explica algunas de las razones que explican por qué en Chile este mecanismo no es común.
«Aquí existe un sistema superpresidencialista por lo tanto las atribuciones del presidente son muy altas y no hay mucho contrapeso, menos para que termine su período antes», dice.
«Además, la acusación constitucional es como un arma nuclear, es todo o nada, matar o morir. Porque no solo destituyes al presidente sino que también lo inhabilitas de ocupar cargos públicos por cinco años. Y, con ello, simplemente lo destierras de la vida política».
Por lo mismo, Sajuria agrega que «es una medida que tiene una pena asociada muy fuerte para que sea considerada como una opción liviana». «Por eso es tan inédita».
Durante las protestas, ha habido fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la policía.«Para que tú puedas acusar a un presidente constitucionalmente tiene que haber una situación muy grave», afirma Rodrigo Ahumada, profesor de historia y filosofía.
Viabilidad de la acusación
De acuerdo con los plazos establecidos en la Ley Orgánica Constitucional, este miércoles se ingresó el libelo acusatorio al Congreso y se sorteó a los cinco legisladores que integrarán la comisión encargada de evaluar el mérito jurídico de la presentación.
A partir de ahí, en un plazo de tres días, deben notificar al presidente, quien, a su vez, tendrá un plazo de 10 días para responder en persona o por escrito.
Diversas instituciones han asegurado que la policía en Chile han abusado de su poder frente a algunos manifestantes.Para prosperar, la acusación necesita la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado.
Esto hace que muchos políticos en Chile den por hecho que la iniciativa en contra de Piñera no triunfará y, por lo mismo, la han calificado de una «irresponsabilidad».
El diputado socialista Fidel Espinoza dijo que, aunque es un «férreo opositor» al mandatario, acusarlo es un «grave error» pues «unirá a la derecha».
«Cuando sea rechazada y se fortalezca un presidente sordo e indolente ahí asuman sus responsabilidades», dijo a través de su cuenta de Twitter.
Además, para varios líderes políticos la acusación constitucional atenta en contra de la estabilidad de las instituciones chilenas y contra la gobernabilidad.
«Una salida prematura del presidente significaría ciertamente una decisión muy grave», dijo el senador socialista José Miguel Insulza.
fuente.bbcmundo