El gobierno de Chile y la oposición llegaron a un histórico acuerdo que marca la hoja de ruta para cambiar la Constitución del país, una de las principales demandas de los manifestantes que llevan semanas protestando en las calles del país.
El acuerdo establece la realización de un referendo el próximo año, en el que los chilenos tendrán que decidir si quieren una nueva carta magna.
La consulta ciudadana se realizará en abril de 2020 y resolverá dos preguntas.
En la primera, los ciudadanos tendrán que responder si quieren o no una nueva Constitución.
En la segunda, deberán pronunciarse sobre qué tipo de órgano debería redactarla: una «convención mixta constitucional», compuesta en un 50% por parlamentarios y otro 50% por ciudadanos electos para la ocasión; o una «convención constitucional», en la que todos sus integrantes serán electos para este efecto.
Si se redacta una nueva Constitución, esta sería sometida a su ratificación en otro plebiscito mediante sufragio universal obligatorio.
«Es una noche histórica para Chile y para la democracia», dijo el presidente del Senado, Jaime Quintana, al anunciar el acuerdo.
Quintana señaló que con este acuerdo la política asume su responsabilidad sobre «una serie de injusticias e inequidades» que los chilenos han señalado en sus manifestaciones.
La actual Constitución chilena data de 1980 y, aunque fue modificada varias veces, es criticada por ser herencia del régimen militar de Augusto Pinochet y por consolidar un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos, que justamente es uno de los motivos de las protestas que se iniciaron el 18 de octubre.