Evo Morales pasó en menos de tres semanas de declararse ganador de las elecciones a denunciar un golpe de Estado y después verse obligado a convocar a nuevos comicios.
Tres semanas fue lo que tardó la Organización de Estados Americanos en emitir una devastadora auditoría sobre las «irregularidades» del escrutinio del 20 de octubre.
Los problemas empezaron en la misma noche de las elecciones, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió por sorpresa el conteo rápido con el 83% escrutado y con una tendencia que apuntaba a que iba a haber segunda vuelta entre el mandatario boliviano con el candidato opositor Carlos Mesa.
Al día siguiente, ese conteo rápido denominado Transmisión Rápida de Resultados Preliminares (TREP) se reactivó con un 95% de avance y con Morales ganando en primera vuelta por un estrecho margen.
Las sospechas que habían suscitado los extraños movimientos del TSE llevaron a la oposición a clamar un «fraude descarado».
Incluso las misiones de observación de la OEA y la Unión Europea pidieron que hubiera segunda vuelta.
Pero Morales insistió en que él había ganado las elecciones y, en respuesta a las manifestaciones de la oposición, llamó a sus seguidores a «defender la democracia» en las calles y frenar un «golpe de Estado».
Eso sí, también aceptó que la OEA hiciera una auditoría del escrutinio.
1. La auditoría
En pleno escrutinio el mismo día de la votación y con la oposición ya hablando de fraude, la propia misión de observadores de la OEA apuntó a la interrupción del conteo como una de las «sustanciales deficiencias» que minaban la «necesaria credibilidad y transparencia».
El candidato opositor Carlos Mesa denunció que en las elecciones del 20 de octubre había ocurrido un «fraude descarado».El gobierno le pidió a la OEA una auditoría para despejar cualquier duda. Y hay que recordar que el candidato opositor, Carlos Mesa, quien denunciaba «fraude descarado» rechazó en todo momento las condiciones en las que el organismo iba a revisar el escrutinio.
Mesa quedó en segundo en los comicios del 20 de octubre y desde el primer momento aseguró que Morales no alcanzó la diferencia necesaria para derrotarlo en primera vuelta.
La auditoría resultó devastadora para el gobierno. La OEA determinó que era estadísticamente improbable que Morales hubiese ganado por el margen de 10% que necesitaba para evitar una segunda ronda electoral.
La auditoría del organismo internacional también encontró actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas. En el informe de 13 páginas se señala que en muchos casos no se respetó la cadena de custodia de las actas y que hubo manipulación de datos.
Morales respondió este domingo con una declaración ante la prensa en la que, sin mencionar a la OEA y sin señalar la fecha, llamó a nuevas elecciones.
2. Motín de la policía
El viernes pasado, cuando estaban a punto de cumplirse tres semanas de violencia en las calles, comenzó a extenderse por el país un «motín policial».
En distintos departamentos de Bolivia, los policías decidieron amotinarse en contra del gobierno.Los agentes de diversas unidades, primero en Cochabamba (centro) y luego en todas las capitales departamentales, comenzaron a declararse en rebeldía uniéndose así a las protestas contra el gobierno.
Y aunque a diferencia de otros gobiernos «en problemas» en la región, Morales sigue disfrutando de un enorme poder de movilización entre sus bases, la falta de la policía en las calles deja al presidente en una situación de evidente debilidad.
Más cuando el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, declaró a los medios en La Paz que el presidente, como capitán general de las Fuerzas Armadas, dio orden para que los militares no salgan a las calles.
Los bolivianos ya vieron en el pasado, con Gonzalo Sánchez de Lozada como presidente, cómo policías se enfrentaban con los militares que defendían el palacio de gobierno.
Los amotinamientos policiales en Bolivia durante las últimas décadas han sido una señal de que la crisis política es elevada.
La insurrección de los policías fue atribuida a las condiciones precarias en las que se encuentra la tropa en comparación a los privilegios de los militares, además del rechazo a continuar acciones represivas contra la población movilizada en las calles.
3. Presión en la calle
La oposición a Morales apostó desde el primer momento a la movilización callejera para forzar la mano del presidente.
La paralización del conteo rápido de resultados la noche de las elecciones disparó las manifestaciones de calle.Con huelgas y paros por todo el país, Bolivia se convirtió en una gran batalla campal entre partidarios del presidente y sus detractores.
Pero a diferencia de las crisis políticas que vivió el país durante el mandato de Morales, las protestas se hicieron fuertes esta vez en la ciudad de La Paz, otrora uno de los bastiones de Evo.
Universitarios y clases medias salieron noche tras noche a enfrentarse a la policía y a los poderosos sindicatos y «movimientos sociales» (entre ellos mineros y cocaleros) llegados a la sede de gobierno para defender al presidente.
Los heridos han sido centenares. Aunque solo se han reportado tres muertos, algo que parece poco dada la intensidad de la violencia de los enfrentamientos y teniendo en cuenta que los mineros usan dinamita en la protesta.
Así, un presidente que llegó al poder hace más de 14 años tras una larga trayectoria de protestas como líder de los sindicatos de productores de hoja de coca, se vio cercado por quienes pasaron de reclamarle una segunda vuelta ante Carlos Mesa a exigir su renuncia.
4. Radicalización de la oposición
Y es que la oposición hace tiempo que dejó atrás la exigencia de una segunda vuelta entre Morales y Mesa por no creer que hubiera ganado con más de 10 puntos porcentuales como exige la Constitución.
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, exige la renuncia del gobierno y del Congreso.El endurecimiento de las posturas de la oposición ha ido de la mano de la pérdida de protagonismo de Mesa a manos del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Con Camacho llevando la voz cantante, los opositores ya no se conforman ni siquiera con la renuncia de Morales.
Ahora exigen que dimitan el presidente y todo su gobierno, también los senadores y diputados, además de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional.
Todo, para dejar el país en manos de una junta de notables que designe un nuevo TSE que celebre nuevas elecciones en un plazo de 60 días.
«La OEA nos ha demostrado que el fraude era tan obvio que por la resistencia del pueblo boliviano, no podía ocultarlo. El presidente Evo Morales ha cometido delitos», dijo Camacho este domingo.
5. La re-re-reelección
Morales gobierna Bolivia desde el 22 de enero de 2006.
Pese a perder el referéndum para buscar un cuarto mandato, Morales logró luz verde del Tribunal Constitucional para postularse de nuevo.La Constitución boliviana dispone que solo dos mandatos presidenciales continuos son permitidos, pero en la actualidad Evo ya va en el tercero.
No conforme con eso, este 20 de octubre intentó asegurarse un cuarto mandato que lo habría convertido en su puesto hasta 2025.
Para lograr estos fines, el presidente tuvo que cobijarse en fallos del Tribunal Constitucional para habilitarse como candidato.
Sin embargo, aquellos recursos jurídicos no fueron el principal detonante de la molestia en Bolivia como sí lo fue el desconocimiento de un referendo que le dijo no a un cuarto mandato de Morales.
El 21 de febrero de 2016, más de la mitad del país votó en contra de una posible nueva reelección del dirigente cocalero.
Gracias al Tribunal Constitucional y al reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral, ambas entidades acusadas en Bolivia de ser funcionales al gobierno, Evo Morales logró ser candidato una vez más.
Las protestas empezaron hace tres semanas, pero ya se veía venir que este nuevo intento de reelección iba a ser el más difícil que afrontaría Evo desde su primera victoria presidencial hace casi 14 años.
Lo que no muchos vaticinaban era un desenlace como el que ahora Bolivia entera presencia.
fuente:bbcmundo