El presidente chileno, Sebastián Piñera, removió este lunes a sus ministros del Interior y Hacienda como parte de un ajuste a su gabinete de gobierno, ante la amenaza de nuevas protestas y en medio de la mayor crisis en el país desde el regreso a la democracia hace casi tres décadas.
Piñera y los manifestantes coinciden en que los cambios en el Gabinete no calmarán las protestas, pero el presidente sigue tomando medidas para apaciguar los ánimos y encontrar una salida a los problemas.
En la cartera del Interior, Piñera nombró a Gonzalo Blumel en reemplazo de Andrés Chadwick, quien ha sido el mayor blanco de críticas durante los manifestaciones, que han dejado al menos 17 muertos y miles de detenidos.
En tanto, en el Ministerio de Hacienda el gobernante designó al profesor Ignacio Briones para sustituir a Felipe Larraín.
La portavoz Cecilia Pérez, también fuerte blanco de críticas, fue trasladada al Ministerio de Deportes. En su puesto entrará la gobernadora metropolitana de Santiago, Karla Rubilar.
La crisis detonada por un alza en el transporte subterráneo, que ha dejado al menos 17 muertos y miles de detenidos, llevó a Piñeira a pedir perdón y emprender algunas iniciativas, como un alza de las pensiones, y congelar alzas de transporte y electricidad.
El viernes, las calles de Santiago se llenaron con más de un millón de personas en la capital y otras ciudades importantes del país, en la manifestación social más grande que haya visto el país, según varios historiadores.
Una nueva protesta congregó el domingo a más de 15 mil personas en el parque O’Higgins de la capital, donde los chilenos dijeron que el incremento en el precio del boleto del subterráneo fue sólo la chispa que hizo estallar años de frustración con la forma en que los gobiernos han actuado para hacer del país una de las principales economías en América Latina.
«Que vea lo que dice el pueblo, que escuche. Algo se puede hacer. No ha anunciado nada concreto todavía (…). Esto no termina, esto va a seguir», dijo Jorge Sepúlveda, un conductor de camión de 33 años.
En las redes sociales se multiplicaban este lunes llamados a distintas movilizaciones durante la semana, incluyendo una el martes por la tarde frente al palacio de gobierno de La Moneda.
También este lunes una misión enviada por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, iniciaba una visita al país para conocer sobre las denuncias de abusos de las fuerzas de seguridad durante los días que rigió el estado de emergencia, que fue levantado el domingo.
Mientras tanto, los chilenos quieren muchos cambios y tienen en la mira la Constitución de 1980, escrita bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet, la cual creó las bases legales para la economía de mercado con la que opera el país.
Se quejan de que la Constitución permite la privatización de todos los aspectos de la vida desde hace más de 30 años.
Visto de lejos, Chile es considerado un país con una historia de éxito, con presidentes electos democráticamente tanto de derecha como de izquierda, una política de libre mercado que ha potenciado el crecimiento, una baja en la pobreza y con uno de los niveles más altos en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que mide tanto esperanza de vida, como niveles educativos e ingreso per cápita.
Sin embargo, las cosas no lucen tan bien desde adentro. Un reporte de la ONU de 2017 señaló que el 1% más rico de la población acumula el 33% de la riqueza del país, lo cual ha convertido a Chile en una de las naciones más desiguales de la OCDE, ligeramente peor que México.
fuente:voanoticias