Muchas cosas han sido excepcionales en Chile durante los últimos días: las protestas pacíficas multitudinarias, los destrozos causados por quienes se han manifestado de forma violenta, los saqueos…
También lo ha sido la respuesta del Estado: las declaraciones de estado de emergencia, los toques de queda, la presencia de los militares en las calles en labores de orden público -algo que no ocurría desde el regreso del país a la democracia- o las cifras de heridos y detenidos que se cuentan por centenas.
La ola de protestas se inició la semana pasada en respuesta a la decisión del gobierno de Sebastián Piñera de aumentar el precio del billete del metro de Santiago, pero se mantuvo incluso después de que el presidente retirara la medida.
Y, en medio de la conmoción, resurgió la preocupación, el miedo y las denuncias por las violaciones masivas a los derechos humanos.
Por las redes sociales circularon imágenes impactantes de actos represión, aunque no siempre resulta fácil confirmar que se corresponden con lo que ocurre estos días en las calles de Chile.
Otras publicaciones hacen referencia a lugares que supuestamente se han convertido en centros de tortura y llegan incluso a tejer un paralelismo entre la situación actual y lo que se vivió durante el gobierno de facto de Augusto Pinochet, cuando hubo miles de personas que se convirtieron en «desaparecidos» a manos de las fuerzas de seguridad.
En cualquier caso, la situación ha causado alarma y llamados de atención por parte de numerosas organizaciones de derechos humanos chilenas e internacionales.
Misión de la ONU
Este jueves, de hecho, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció el envío de una misión de verificación al país para «examinar las denuncias de violaciones de los derechos humanos».
El gobierno de Piñera invitó a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU a que envíe una comisión de verificación.Piñera informó previamente sobre la invitación enviada a Bachelet para que su organismo pudiera comprobar cuál es la situación viajando al país. El ministro de Exteriores de Chile, Teodoro Ribera, aseguró que las autoridades quieren máxima transparencia sobre este tema.
Tras monitorear la crisis desde el comienzo, he decidido enviar una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los #DerechosHumanos en #Chile. Parlamentarios y el Gobierno han expresado su interés en recibir una misión de @UNHumanRights.
— Michelle Bachelet (@mbachelet) October 24, 2019
«En vez de equiparar las manifestaciones con un ‘estado de guerra’ y a quienes protestan con un enemigo del Estado, estigmatizando de forma generalizada a tales personas y allanando el camino para justificar abusos en su contra, el gobierno del presidente Piñera debería escucharlas y atender seriamente sus legítimos reclamos», dijo este lunes la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.
Un día después, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó como «profundamente preocupantes» las imágenes de brutalidad policial y de violencia de manifestantes.
«El presidente Piñera debería dejar en claro la necesidad de respetar los derechos humanos y la justicia debe investigar a los responsables», señaló Vivanco en un tuit.
Pero, ¿qué se sabe hasta ahora sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos en Chile?
Situación de anormalidad
El saldo de las jornadas de protesta y represión es impactante.
El descontento de estos días también se ha expresado de forma pacífica.De acuerdo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), un organismo estatal pero autónomo de los demás poderes, hasta las 10 de la noche (hora local) de este jueves se habían registrado más de 2.800 detenciones y 582 personas habían resultado heridas, de las cuales 295 recibieron impactos de armas de fuego.
Ese organismo había iniciado 67 acciones judiciales, incluyendo 5 querellas por homicidio, 12 por violencia sexual y 36 por otros tipos de abusos.
Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica Judicial del INDH, advirtió que estas cifras eran producto de la observación directa realizada por integrantes de esa organización y, por tanto, son únicamente una muestra de lo que ocurre en el país, pero no la totalidad.
Ymay Ortiz, directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Chile, explicó por su parte que el registro de las denuncias se ha visto dificultado por la magnitud y las características anómalas de la situación.
«El sistema de justicia está diseñado para una situación de normalidad institucional, no de anormalidad. Esto es algo que no ocurría en Chile desde hace 30 años, por lo tanto, hemos tenido que adaptarnos a lo que está ocurriendo».
La funcionaria apuntó que el trabajo de la institución se ha visto impactado no solamente por los casos de violencia institucional, sino también por aquellos casos de daños a la propiedad que han sido numerosos y que también están obligados a investigar.
Muchos negocios han quedado destruidos por los saqueos.«La mayoría de la gente cuando le roban su casa, ¿adónde denuncian? A carabineros. Sin embargo, hoy precisamente quienes resultan denunciados son los propios policías, por lo que las personas ya no pueden ir a denunciar ante ellos», señala.
Ortiz explica que, dadas las circunstancias, muchas víctimas están haciendo las denuncias en los hospitales, ante ONG o abogados de las escuelas de Derecho de las universidades e, incluso, durante las audiencias cuando son presentados ante un juez para ser acusados de algún delito.
Por todo ello, asegura que la Fiscalía está enfrentando dificultades a la hora de consolidar las cifras, pues en muchos casos no está recibiendo las denuncias de manera directa.
Tortura, malos tratos y abusos sexuales
Hasta la noche del jueves, la cifra de víctimas mortales ascendía a 18.
De estos casos, el INDH solamente se había querellado por cinco casos, en cuatro de los cuales los acusados como responsables de homicidio son efectivos militares.
La labor de los cuerpos de seguridad está bajo escrutinio por el trato que la han dado a los manifestantes.Sin embargo, según asegura Ortiz, la Fiscalía «está investigando todos los fallecimientos como muerte sospechosa, para que no quede ninguna duda».
La funcionaria explica que también hay muchas denuncias contra los carabineros por lesiones causadas con el uso de armas no letales, como los balines de goma, lo que ha derivado en muchas denuncias por lesiones en los ojos.
El Colegio de Médicos de Chile (Colmed) denunció este miércoles que 29 personas habían sido atendidas en la red de salud con trauma ocular severo, de las cuales 15 habían sufrido estallido ocular y 9 tenían visión cero al ser ingresados.
«Cuando vemos este número de personas con daño ocular, es que no se están respetando los protocolos de uso de la fuerza, porque significa que se está disparando directo al cuerpo, a la cara», dijo el vicepresidente del Colmed, Patricio Meza, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Rodrigo Bustos, del INDH, coincide con esta apreciación.
«Lo que hemos visto -y hemos observado también en directo- en las manifestaciones, es que ha habido en varios casos el uso indiscriminado de disparos de perdigones, que se han incrustado en cierta parte del cuerpo. Incluso ya tenemos muchos casos de personas que han perdido la visión de algunos de sus ojos debido al uso de este tipo de armas», apunta.
El uso de balines de goma ha dejado numerosos heridos, algunos con lesiones graves.Pese a todo, según explica Ortiz, la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos se han producido durante el proceso de detención y, en el caso de las mujeres, se ha traducido en varios casos en tocamientos de tipo sexual, lo que en Chile está tipificado como abuso sexual.
«Lo que se ha repetido varias veces son desnudamientos de mujeres, muchas veces de adolescentes, obligándoles a que una vez estén desnudas, hagan ejercicios físicos delante de algún policía», apunta Bustos.
«Tanto la tortura, los malos tratos en comisarías y la violencia con connotación sexual son preocupantes», señala el experto cuando se le pregunta por los abusos más frecuentes desde el inicio de las protestas.
Denuncias de mujeres
Entre las denuncias dadas a conocer por el INDH está el caso de una niña de 14 años que dijo que, tras haber sido detenida, fue golpeada con bastones en distintas partes del cuerpo y luego fue obligada a desnudarse por completo y a hacer ejercicio delante de dos mujeres policías que la agredían verbalmente.
También hay varios casos de personas que dicen haber sido golpeadas e insultadas por los funcionarios, a lo que -sobre todo en el caso de las mujeres- se le suma un componente de abuso sexual, según las denuncias.
Muchas mujeres jóvenes han participado en la ola de manifestaciones.Una de las denuncias públicas que generó más alarma entre la población chilena indicaba que supuestamente se estaban realizando torturas en una estación del metro de Santiago.
El señalamiento fue realizado por un joven que aseguró haber sido conducido hasta allí por los carabineros y que en el lugar estaban ocurriendo ese tipo de abusos.
Sin embargo, según explica Ortiz, dos jueces fueron a inspeccionar el lugar, revisaron las cámaras de seguridad «y no encontraron señales de este tipo, salvo dos tiras plásticas de las que se usan para amarrar cosas del supermercado, que es lo que se está usando ahora en vez de esposas, para el traslado y la detención de personas».
Está por ver el transcurso de las investigaciones y las acciones judiciales emprendidas, pero de momento ¿qué dice toda esta crisis sobre los avances en derechos humanos logrados por Chile en las últimas décadas?
«Nosotros no habíamos tenido una situación como ésta en más de 30 años. La incorporación de los derechos humanos en el actuar de los cuerpos de seguridad es un proceso cultural en todas partes del mundo», responde Ortiz.
«Y en Chile, si bien se han hecho avances, yo creo que esto nos puso a prueba».
fuente:bbcmundo