La práctica de la corrupción es un problema añejo que afecta a la humanidad; en este espacio editorial lo hemos analizado en varias ocasiones.
No obstante que en algunos países han existido avances en combatir la corrupción, la tónica general es que se profundiza, particularmente en México, que desde hace tiempo tiene una imagen de enraizamiento que ha tenido severos impactos sobre el desarrollo del país y en el nivel de vida de sus habitantes.
En este contexto, la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su visión de que México lleve a cabo una transformación del régimen político y no solo de cambio de administración, pone como pilares de la misma, acabar con la corrupción y la impunidad, la llamada Cuarta Transformación, en la que él se erige como líder indiscutible.
A más de un año que AMLO tomó las riendas del país, ya que desde el anuncio de su aplastante triunfo electoral en julio del 2008, la administración del presidente Enrique Peña le cedió la conducción de la economía, existe la percepción de que la Cuarta Transformación ha provocado retroceso económico y creciente desempleo que cuestionan la viabilidad del proyecto de AMLO.
En materia de corrupción se han expuesto a la justicia a varios funcionarios de alto nivel de la administración peñista, empero, se registran nuevas formas de corrupción, muchas de ellas encubiertas, que crean desánimo en la ciudadanía; no obstante, es muy preocupante que varios colaboradores de AMLO tengan antecedentes de profunda corrupción y AMLO los presente como funcionarios honestos.
Asimismo, existe alarma de que a través de la política redistributiva del presupuesto hacia la “partida secreta del Presidente”, que no está sujeta a fiscalización, para que este último canalice recursos a programas sociales, francamente improductivos, empero, altamente redituables para AMLO y su partido Morena. Si bien estas acciones subjetivas de la administración de AMLO no pueden calificarse como corrupción, sí son condenables por sus propósitos.
En este entorno, Transparency International, un movimiento global que comparte una visión: un mundo donde el gobierno, las empresas y la sociedad civil y la vida cotidiana de las personas, se desarrollen libre de corrupción. A través de más de 100 capítulos en el mundo y una secretaría internacional en Berlín, lidera la lucha contra la corrupción para convertir esta visión en realidad.
Así, Transparency International, en su décima edición del Barómetro Global de la corrupción en América Latina y el Caribe 2019, realizada entre enero y marzo de este año, que encuesta telefónicamente a más de 17,000 ciudadanos que viven en 18 países de la región, reveló que más de la mitad de los ciudadanos sostienen que la corrupción está empeorando en su país y que su Gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra este fenómeno.
La encuesta reflejó que más de una de cada cinco personas que accedieron a los servicios públicos, como agua o electricidad, habían pagado sobornos el año anterior. Esto equivale a aproximadamente 56 millones de ciudadanos en los 18 países estudiados.
El barómetro también revela que algunas de las personas más vulnerables son las que se ven más afectadas por la corrupción; las mujeres son más propensas a pagar sobornos por los servicios de salud y la educación pública. Además, por primera vez, el barómetro arroja luz sobre la extorsión sexual, o sextorsión, una de las formas más significativas de corrupción basadas en el género.
Los datos también destacan la compra de votos, las amenazas de represalia si los ciudadanos no votan de determinada manera y la difusión de noticias falsas.
A pesar de esto, en el barómetro aumentan las esperanzas de que se produzca un cambio positivo. El 77% de los ciudadanos sostienen que pueden ayudar a detener la corrupción.
La corrupción dificulta el crecimiento económico y la prestación de servicios políticos. En algunos casos, priva a las personas de sus derechos humanos y dignidad, como cuando se ven obligadas a realizar favores sexuales a cambio de obtener servicios públicos, como aquellos relacionados con la salud y la educación. Esta práctica es conocida como extorsión sexual o “sextorsión”.
La falta de integridad política amenaza con socavar los cimientos democráticos de muchos países de América Latina y el Caribe. Esto se puede observar en los abusos cometidos en los procesos electorales, como la compra de votos y la difusión de noticias falsas, así como en el debilitamiento de las instituciones políticas. La creciente desconfianza y decepción hacia el Gobierno ha llevado a agudizar el sentimiento de rechazo hacia la corrupción en toda la región, pero esta situación fortalece a los dirigentes populistas que, con frecuencia, empeoran las cosas.
A pesar de estas dificultades, los ciudadanos tienen un gran interés en marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción. A fin de cuentas, las personas tienen el derecho de denunciar los casos de corrupción, exigir a los políticos que actúen con integridad y aprovechar las oportunidades de participar activamente en las decisiones y procesos que afecten sus vidas, familias y comunidades.
La mayoría de los ciudadanos de América Latina y el Caribe (53%) sostienen que la corrupción aumentó en su país en los últimos 12 meses, mientras que muy pocos de ellos opinan que disminuyó (16%).
En Venezuela, un número abrumador de ciudadanos (87%) piensan que la corrupción aumentó, lo que representa el porcentaje más alto en la región. La mayoría de los ciudadanos de la República Dominicana y el Perú también sostienen que la corrupción aumentó (66% y 65%, respectivamente).
El caso de Venezuela es patético, ya que está experimentando una extraordinaria crisis humanitaria, en parte como resultado de niveles sin precedentes de gran corrupción y malversación de fondos. Miles de millones de dólares de dinero público se han canalizado al exterior, y más de 20 países han abierto investigaciones judiciales sobre el presunto mal uso de los fondos venezolanos
De acuerdo con la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela, en las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se malversaron unos 400, 000 millones de dólares. Entretanto, más de cuatro millones de venezolanos abandonaron el país debido a la falta de alimentos, medicamentos y servicios públicos básicos, como agua y electricidad. Por otra parte, también el deterioro de los servicios de seguridad y transporte, así como la escasez de combustible, provocaron que millones de ciudadanos huyeran del país.
Desde el 2015, la Asamblea Nacional ha sido atacada por el Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo al no tener la capacidad de supervisar los recursos públicos, la Asamblea Nacional está mal preparada para ocuparse de sus funciones constitucionales. En su lugar, Venezuela ha estado gobernada por decretos presidenciales, en contravención directa de la Constitución.
Las protestas públicas son ilegales y cientos de ciudadanos fueron arrestados por manifestarse. Además, se llevaron a cabo más de 8000 ejecuciones extrajudiciales desde el 2015. Los datos del Barómetro Global de la Corrupción demuestran que, si bien el 87% de los venezolanos sostienen que la mayoría o todas las personas de la oficina del presidente son corruptas solo el 38% de ellas piensan que la mayoría o todos los parlamentarios son corruptos. Al parecer, los ciudadanos consideren que la Asamblea Nacional, que está compuesta en su mayoría por la oposición, es menos corrupta que el Poder Ejecutivo.
Según la encuesta, la corrupción aumentó 65.0% en Perú en los últimos 12 meses; en Trinidad y Tobago 62.0%, en Panamá 62.0%, en Brasil 54.0%, en Chile 54.0%, Argentina 49.0%, Costa Rica 49.0%, Jamaica 49.0%, Guatemala 46.0%, el Salvador 45.0%, Bahamas 45.0%, México 44.0%, Guyana 40.0% y Barbados 47.0%.
Cuando se preguntó si la corrupción en el Gobierno es un problema en su país, una gran mayoría de personas en la región (85%) afirmó que es un problema grave. Solo el 13% sostuvo que no es un problema o es un problema menor.
Perú y Colombia registran el porcentaje más alto de ciudadanos que consideran que la corrupción en el Gobierno es un problema grave en su país (96% y 94%, respectivamente).
Bajó el nivel de confianza en el Gobierno, los tribunales y la policía.
La corrupción contribuye al debilitamiento de la confianza de los ciudadanos en su Gobierno. Los resultados demuestran que la confianza en el Gobierno, los tribunales y la policía es muy baja en América Latina y el Caribe.
Barbados y Guyana son los únicos dos países donde la mayoría de los ciudadanos confían en el gobierno, los tribunales y la policía. En Venezuela, El Salvador, Colombia, Guatemala, Panamá y Perú, el 90% o más de los ciudadanos afirman tener poca o ninguna confianza en estas instituciones.
Cuando se preguntó a la gente de cómo calificarían los esfuerzos de su gobierno para abordar la corrupción, los resultados demuestran una clara insatisfacción con las medidas tomadas hasta el momento. La mayoría de los ciudadanos (57%) opinan que su Gobierno está haciendo un mal trabajo en el abordaje de los riesgos de corrupción. Sin embargo, en algunos países, el porcentaje es mucho mayor.
El 91%de los ciudadanos de Venezuela sostienen que su Gobierno está fracasando en la lucha contra la corrupción, seguido por Panamá (79%) y la República Dominicana (72%).
Por el contrario, el 67% de los ciudadanos de Guyana y el 61% de los ciudadanos de México opinan que su Gobierno está haciendo un buen trabajo.
Los presidentes, los primeros ministros y los parlamentarios son considerados los más corruptos.
Cuando se preguntó a las personas cuál pensaban que es el nivel de corrupción que existe en las diversas instituciones de su país, más de la mitad de los ciudadanos piensan que la oficina del presidente o primer ministro y el Parlamento son las instituciones públicas más corruptas.
El 87% de los venezolanos sostienen que la oficina del presidente está compuesta en su mayor parte o en su totalidad por personas corruptas, seguido por Guatemala (71%) y Honduras (65%).
Por el contrario, los ciudadanos de Barbados y Guyana opinan que la oficina del presidente o el primer ministro es menos corrupta (23% y 29%, respectivamente).
La policía tiene el índice más alto de soborno. Los resultados demuestran que la policía registra el índice más alto de soborno (24%) y es el servicio público más propenso a pedir y recibir sobornos. Los niveles más elevados se registran en Venezuela, 62.0%, México 52.0% y República Dominicana 47.0%.
Las clínicas públicas y los centros de salud tienen el índice más bajo de soborno, aunque el 10% de las personas que utilizaron servicios de salud en los últimos 12 meses pagaron un soborno para recibir la atención médica que necesitaban.
Existen varias razones por las cuales los ciudadanos pagan sobornos. Algunas personas pagan para que las cosas se hagan más rápido o mejor (21%) para expresar agradecimiento por el servicio recibido (16%). Es interesante señalar que solo el 33% de quienes pagan sobornos informaron que les pidieron pagarlos, mientras que el 20% de ellos afirmaron que, si bien no se los pidieron, sabían que esperaban un pago extraoficial.
Venezuela es el único país donde la mayoría de los ciudadanos informaron que les habían pedido pagar sobornos (61%). Otro 15% de los ciudadanos informaron que pagaron sobornos porque sabían que esperaban un pago extraoficial.
También se analizó qué usuarios de servicios públicos son más propensos a pagar sobornos para recibir dichos servicios. Las personas de entre 18 y 34 años tienen más del doble de probabilidades de pagar un soborno que las personas mayores de 55 años.
Cabe destacar que una de cada cinco personas experimentó extorsión sexual o conocen “a alguien que pasó por esta situación. El 71% de los entrevistados sostiene que la extorsión sexual ocurre al menos ocasionalmente. Las pruebas en relación a la extorsión sexual apuntan a un sesgo de género y que afecta en especial a las mujeres. Algunas mujeres se ven obligadas a prestar favores sexuales a cambio de obtener servicios públicos, incluidas la atención médica y la educación.
Por otra parte 1 de cada 4 entrevistadas expresó que las personas recibieron sobornos a cambio de votos. Los resultados demuestran que aún quedan muchos caminos por recorrer para mejorar la integridad política.
El entorno político siempre cambiante de América Latina y el Caribe, sumado a los notorios escándalos de corrupción que conmocionaron a la región en los últimos años, recuerdan que hoy más que nunca los dirigentes deben luchar contra la corrupción y fortalecer la democracia. Las medidas principales incluyen las siguientes:
1. Promover una mayor integridad política, en especial, en época de elecciones. Los Gobiernos deberían asegurar un entorno electoral transparente, imponer sanciones cuando se detecte la compra de votos y cumplir y reformar las normas de financiamiento de las campañas electorales. Por otra parte, los Gobiernos y las empresas deben resolver el problema de la difusión de noticias falsas y apoyar el periodismo basado en hechos.
2. Mejorar la transparencia del financiamiento político. Los Gobiernos deben establecer normas, asegurar la divulgación habitual de los ingresos, gastos, bienes y préstamos de los partidos políticos o los candidatos y cerciorarse de que toda la información se publica en un único portal en línea, en un formato de datos abiertos.
3. Disminuir los factores que propician los sobornos, en especial, en los servicios públicos. Los Gobiernos deben hacer más eficientes los servicios públicos, invertir en plataformas digitales fáciles de usar para acceder a los servicios y simplificar los procesos burocráticos.
4. Fortalecer las instituciones judiciales. Los Gobiernos deben promover procesos no políticos e independientes de nombramientos judiciales, mejorar el bienestar del personal judicial, los jueces y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y crear criterios transparentes para la asignación de los casos.
5. Empoderar a las personas, la sociedad civil y los medios de comunicación para que denuncien los casos de corrupción. Los Gobiernos deben involucrar a la sociedad civil y generar un entorno seguro y propicio para que las ONG y los medios de comunicación vigilen y denuncien los casos de corrupción. Los países deben adoptar y hacer cumplir una legislación amplia para proteger a los denunciantes, basándose en las normas internacionales vigentes.
6. Reconocer y abordar las formas específicas de corrupción basadas en el género. Los Gobiernos deberían reconocer la extorsión sexual como una forma de corrupción y aplicar medidas para acabar con la cultura de avergonzar y culpar a las víctimas. Los sistemas judiciales deberían contar con las herramientas adecuadas para abordar las situaciones de extorsión sexual y crear mecanismos de denuncia seguros, responsables, accesibles y, sobre todo, que tengan en cuenta las cuestiones de género.
7. Adoptar el compromiso de Lima. Los Gobiernos deben informar públicamente sobre los avances logrados respecto del Compromiso de Lima firmado en la VIII Cumbre de las Américas, que describe 57 medidas para fortalecer la gobernanza democrática en la lucha contra la corrupción.
Es importante asegurar que las personas puedan denunciar de manera segura los casos de corrupción, garantizar que se impongan sanciones a todos por igual, posibilitar que las ONG puedan operar con libertad y empoderar a los ciudadanos para exigirles a los gobiernos que rindan cuentas. Si bien existen obstáculos a tales esfuerzos contra la corrupción en la región, muchas personas están preparadas y dispuestas a tomar medidas.
A pesar del temor a las represalias y la inacción, las personas están esperanzadas. El 77% de los ciudadanos piensa que pueden marcar diferencia en la lucha contra la corrupción.
Esto es especialmente cierto en Bahamas, Guyana y Panamá, done más de cuatro de cada cinco personas creen que su opinión importa.
Denunciar los casos de corrupción ante las autoridades correspondientes es fundamental para luchar contra este fenómeno. Sin embargo, los resultados demuestran que casi tres cuartos de los ciudadanos sostienen que, si las personas denuncian los casos de corrupción, sufrirán represalias. Además, opinan que los canales de denuncia son ineficaces.
Las personas de El Salvador, Venezuela, Jamaica y Honduras están preocupadas en especial por las represalias, donde más del 80% de los encuestados piensan que esto ocurre.
A través de los Centros de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), Transparency International ofrece a los ciudadanos asesoría y apoyo cuando denuncian un caso de corrupción. Los Gobiernos deberían apoyar y trabajar con mecanismos como estos para asegurar que las autoridades correspondientes investiguen las denuncias de manera eficaz y segura.
La información es una herramienta fundamental para empoderar a los ciudadanos a fin de que puedan luchar contra la corrupción y les exijan a los Gobiernos que rindan cuentas. Menos de la mitad de los ciudadanos (39%) saben que tienen el derecho de pedirles información a los organismos e instituciones gubernamentales. “Solo el 17% de los ciudadanos ejercieron este derecho para solicitarle al Gobierno documentos oficiales en los últimos 12 meses”.
En Jamaica y México, más de la mitad de los ciudadanos conocen su derecho a la información (51% y 64%, respectivamente), que son los porcentajes más altos en la región.
En conclusión, los resultados de la última edición del Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe demuestran que los ciudadanos están preocupados por la corrupción. La mayoría sostienen que la corrupción es un problema grave y, en nueve de los países estudiados opinan que el problema se va agravando.
Los resultados también demuestran que es necesario una mayor integridad electoral y política, en especial, en los entornos done la compra de votos, las amenazas de represalia y la difusión de noticias falsas son acontecimientos comunes en época de elecciones.
A pesar de las experiencias negativas, los ciudadanos son optimistas sobre el futuro. Un promedio del 77% de los ciudadanos piensa que pueden marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción. Esta energía positiva se puede canalizar empoderando a las personas, la sociedad civil y los medios de comunicación para que denuncien los casos de corrupción y tomen medidas contra ellos.
Es hora de que los dirigentes actúen contra la corrupción con dedicación e integridad. Los países deben cumplir con las obligaciones del Compromiso de Lima firmado en la VIII Cumbre de las Américas. También es importante recordar que con las leyes no basta. Se necesitan la aplicación y el cumplimiento, en particular, a través de instituciones judiciales fortalecidas.