También requirió otras medidas cautelares como la prohibición de enajenar bienes y salir del país para cinco de los 22 procesados, entre ellos Correa -que vive en Bélgica desde mediados de 2017. Otros acusados son los ex ministros Walter Solís y Vinicio Alvarado y el asesor ministerial Jamil Massuh.
Salazar presentó casi una docena de pruebas, entre ellas un depósito de 6.000 dólares en la cuenta personal del ex mandatario proveniente de un presunto fondo partidario al que aportaban las empresas.
En su cuenta de Twitter, Correa adujo que “tenía un recurrente sobregiro y pedí prestado $6.000 del fondo solidario que teníamos en la presidencia (nuestros mismos aportes) y lo pagué hasta el último centavo”.
La mayor parte de los indicios provienen de unos cuadernos de la entonces asesora de Correa, Pamela Martínez, y de una computadora de una asistente de ella donde aparecen precisos detalles con nombres, montos y fechas de los supuestos aportes irregulares.
Ambas están procesadas y detenidas.