Trump afirmó el viernes que el acuerdo protegerá «los derechos de aquellos que tienen peticiones legítimas», acabará con el «abuso» del sistema de asilo, y aminorará la crisis en la frontera sur de Estados Unidos.
El mandatario añadió que como parte del acuerdo, Estados Unidos incrementará el acceso a visas de trabajo temporales H-2A a trabajadores del campo de Guatemala, que ayudará a los comerciantes, agricultores y ranchos».
«Vamos a hacer que ese programa sea mucho más fácil y menos engorroso», añadió el mandatario estadounidense.
No queda claro por el momento cuándo entrará en vigor el acuerdo. La Corte Constitucional de Guatemala concedió tres interdictos que impiden al gobierno firmar el acuerdo sin la aprobación del Congreso.
En conferencia telefónica, el Secretario Interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés), Kevin McAleen, señaló que «esta es la culminación de un esfuerzo extendido con nuestra Guatemala y otros socios en la región para desarrollar planes juntos, para asumir la responsabilidad compartida del desafío migratorio y el fenómeno migratorio que enfrentamos en toda la región».
McAleen afirmó que el ministro de gobierno de Guatemala, EnriqueDegenhart, estuvo con en la Oficina Oval para la firma y «ha sido nuestro socio en el trabajo, a través de este acuerdo».
Afirmó, además, las dinámicas de las familias que llegan en busca de asilo; dijo que «si usted tiene una familia que viene de Guatemala a la frontera con Estados Unidos, queremos que se sientan seguros para reclamar la protección de la solicitud de asilo lo antes posible. Y así, teniendo ese proceso de asilo disponible para esa familia, a través de otro grupo, existe una solicitud de asilo apropiada de una demanda de persecución religiosa, étnica, racial y religiosa, que debe hacerse lo antes posible», sostuvo.
Informó que este acuerdo se trabajó en colaboración con el Departamento de Estado y con el apoyo de la embajada de Estados Unidos en Guatemala; además, que ha visitado al equipo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en la región y con los propios Servicios de Ciudadanía e Inmigración y, según él, todas esas entidades están trabajando en colaboración con el gobierno de Guatemala en temas de capacidad de asilo.
Sobre los desafíos legales, McAleen respondió que la Ley de Nacionalidad de Inmigración es la que cubre este tipo de acuerdos con gobiernos extranjeros. Y que cree que Guatemala puede trabajar en forma consistente con su régimen legal y la supervisión del tribunal constitucional.
Al referirse al tema de la seguridad, añadió que es peligroso «etiquetar a un país entero como inseguro, ya que a menudo pintamos Centroamérica con un pincel muy amplio. Guatemala ha tenido una reducción significativa en su tasa de homicidios y luego en su tasa de crímenes violentos en los últimos cinco años».
¿Qué es un tercer país seguro?
Este término, que se basa en los principios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, implica que un país puede negarse a concede asilo a una persona y remitirla a un tercer país que sea considerado “seguro”.
Existen dos maneras de interpretar el concepto de tercer país seguro. La forma menos estricta es la de un sitio que ofrezca “protecciones básicas, un estatus legal, autorización de trabajo y servicios sociales básicos”, de acuerdo con Fisher.
Sin embargo, de acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, un país seguro es en el que se respete la vida y libertad de las personas y donde no sean perseguidas por motivos de raza, religión, opinión política, nacionalidad o por pertenecer a algún grupo social particular.
