El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a seis miembros del gobierno del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, incluyendo a su esposa y vicepresidenta del país Rosario Murillo y al hijo de ambos Laureano Ortega Murillo.
La medida es coherente con la posición estadounidense que busca presionar cambios en Nicaragua, después de meses de crisis política y el rechazo a las políticas de Ortega que han deteriorado la situación de derechos humanos en la nación centroamericana.
El comunicado del Tesoro estadounidense acusa a ambos parientes de Ortega de violación de derechos humanos, lavado de dinero y corrupción.
También fue sancionado el Banco Corporativo, una entidad bancaria ligada a la petrolera venezolana PDVSA.
«El presidente (Daniel) Ortega, la vicepresidenta (Rosaro) Murillo y los miembros de su círculo íntimo continúan involucrándose en una flagrante corrupción, violencia y violaciones de los derechos humanos básicos. El corrupto régimen de Ortega ha ignorado los llamamientos de reforma del pueblo nicaragüense, incluida la liberación de todos los presos políticos y las primeras elecciones transparentes», dijo Sigal Mandelker, Subsecretario de Hacienda para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera al anunciar la medida.
«El Tesoro está sancionando a Laureano Ortega Murillo y BanCorp por sus papeles en la corrupción y el lavado de dinero para beneficio personal del régimen de Ortega. Estas acciones envían un mensaje a todos los que continúan apoyando al régimen de Ortega de que hay que pagar un alto precio por abusar de la economía nicaragüense y su gente», indicó Mandelker.
Sobre el hijo de Ortega, el comunicado del Tesoro dijo que en su condición de asesor de Promoción de Inversiones de la agencia gubernamental nicaragüense, ProNicaragua, actúa como una extensión de este, supervisando las propuestas y proyectos de inversión.
«A partir de 2018, Laureano (Ortega Murillo) se involucró en negocios corruptos en los cuales inversionistas extranjeros pagaron por un acceso preferencial a la economía nicaragüense. Además, Laureano coordinó las tareas ejecutivas para el proyecto del Gran Canal de Nicaragua y estuvo en el centro de su creación», indicó el texto del Tesoro al anunciar la medida.
La reacción de Ortega
El gobierno de Nicaragua pidió el viernes pasado a la oposición, con la que dialoga en busca de encontrar una salida a la crisis política, que se pronuncie para que cesen y se suspendan las sanciones impuestas por Estados Unidos a altos funcionarios.
La oposición, organizada en la Alianza Cívica, sostiene que no hará ningún llamado a la comunidad internacional para que se suspendan las sanciones mientras no sean liberados los presos políticos.
La crisis en Nicaragua que empezó hace más de un año con protestas contra Ortega y Murillo ha dejado más de 320 muertos y 600 detenidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los opositores también piden que sean restituidos derechos ciudadanos como la libre expresión y movilización, y se permita el regreso de más de 60,000 nicaragüenses que han huido durante la crisis, que lleva más de un año, por temor a represalias.
Ortega catalogó el 1 de Mayo en un acto a la oposición de «miseria humana», al acusarla de pedir las sanciones contra los funcionarios nicaragüenses.
Las sanciones impiden a estas personas y al banco en cuestión hacer negocios con estadounidenses o dentro del territorio nacional.