Ambas propuestas fueron modificadas en la reforma de 2017. La comisión bajó de 2.20% a 1.9% y se creó un Comité Actuarial para revisar el monto de la pensión mínima.
Las propuestas por escrito y las informales que los diputados en la Asamblea Legislativa han mencionado en las últimas semanas están dirigidas, sobre todo, a dos cosas: reducir la comisión que ganan las AFP por administrar el dinero de los trabajadores y aumentar la pensión mínima, que por ahora es de $207.
Ambas propuestas fueron discutidas en 2017 como parte de una serie de cambios para mejorar el sistema y reducirle la carga fiscal al Gobierno.
La primera propuesta, planteada por el partido GANA, establece que la comisión de las AFP se reduzca a 1.4%, para que el dinero sea reorientado a las cuentas individuales de cada trabajador y con eso se garantice que su fondo sea mayor cuando se jubile.
Esta comisión fue reducida a 1.9% en septiembre de 2017. Antes de esta reforma las AFP cobraban 2.2% por el manejo del dinero, que de acuerdo a la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) se maneja de forma independiente del dinero que ingresa como capital de ahorro de los trabajadores.
La otra propuesta recurrente entre los legisladores es aumentar la pensión mínima, que por hoy es de $207, una cantidad que, según los legisladores, no logra cubrir las necesidades básicas de una persona mayor de 55 o 60 años con gastos de medicinas y alimentos.
En la reforma de 2017, esta responsabilidad fue entregada a una Comisión Actuarial para que cada tres años pudiera analizar las condiciones fiscales que permitieran el aumento de este beneficio.
El reglamento para crear este Comité Actuarial fue aprobado en 2018, pero a la fecha no están designados ninguno de los miembros que formarían parte esta entidad, que se encargará no solo de revisar la factibilidad de aumentar la pensión mínima, sino también otras alternativas como subir o bajar la edad de jubilación.
Con la reforma también se creó un Comité de Riesgos que sería el encargado de verificar que el dinero de los trabajadores será invertido en instrumentos financieros que generen rentabilidad suficiente como para que su fondo logre cubrir una tasa de reemplazo digna para el trabajador.
Asafondos aún no ha dado posición sobre estas nuevas propuestas presentadas por los diputados.
Las reformas de 2017 tardaron aproximadamente dos años para que fueran aprobadas en la Asamblea Legislativa.
El gran impase era la posibilidad de que se regresara a un sistema de reparto, administrado por el Gobierno y que iniciaría con fondos del sistema actual, es decir, una expropiación de fondos en cuentas privadas e individuales hacia una bolsa común.
Pero para lograr el consenso de esta reforma se creó un grupo denominado Iniciativa Ciudadana para las Pensiones que reunió a trabajadores, empresarios y analistas económicos.
Este grupo realizó estudios por más de seis meses hasta encontrar coincidencias en diferentes temas. Sin embargo quedó en el tintero de la discusión temas como mejorar la cobertura de pensiones, pues actualmente solo uno de cada seis personas recibe una pensión.
Revisar las medidas actuariales que tendrían que tomarse a futuro también fue parte de la discusión que se dejó para que futuras administraciones consideraran modificarla.
fuente:edh