La Fiscalía ha solicitado al Parlamento desaforar al funcionario judicial, a quien se le acusa de agresión sexual contra una menor de edad.
La decisión de quitarle el fuero al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, acusado por el delito de agresión sexual contra una menor de edad, será tomada por los diputados, quienes podrían tardar aproximadamente un mes para acordar que el caso pase a los tribunales comunes o no.
Escalante Díaz fue capturado el martes pasado por la Policía bajo la acusación de haber abusado de una menor de edad. El funcionario está en su casa, a la espera del antejuicio, debido a que el edificio legislativo no tiene condiciones para resguardar a nadie, dijo en su momento el presidente de la Asamblea, Norman Quijano.
Ahora que la suerte del funcionario judicial está en manos de los legisladores, estos tienen que formar una comisión especial de antejuicio, la cual debe estar integrada por diputados de todas fracciones parlamentarias.
Pero para llegar a una decisión final sobre el desafuero o no del magistrado se debe transitar por varias etapas, y esto podría tomar alrededor de 4 o 5 semanas, estimaron los abogados y diputados René Portillo Cuadra, de ARENA, y Rodolfo Parker, del PDC.
El legislador tricolor aseguró que es la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales la que recibe y analiza el requerimiento presentado el viernes por la Fiscalía y ella misma realiza las audiencias y emite un dictamen al final del proceso.
En cambio el diputado Parker asegura que la comisión de legislación tras evaluar que existe fundamento en la acusación fiscal traslada al pleno su informe y es el plenario el que nombra una comisión especial de antejuicio que es la que desarrolla las audiencias.
Una vez las bancadas legislativas han propuesto a su representantes, se designan los cargos que los diputados van a desempeñar durante el proceso de antejuicio.
“De entre ellos se nomina quién va a ser el fiscal, quién va a ser el defensor; eso abre para el debido proceso etapas procesales, hay periodo de pruebas, hay periodo de alegatos”, detalló el diputado pedecista.
El pasado viernes, un grupo de fiscales de Apopa, entre ellos, Marina Martínez, quien es directora de la Unidad de la Mujer, Niñez, Adolescencia, LGTBI y Grupos Vulnerables del ministerio público, presentó la solicitud formal de antejuicio contra Escalante Díaz, quien desempeña actualmente el cargo de magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador.
Por desempeñar ese cargo, la Constitución de la República le otorga fuero y es por eso que la Asamblea Legislativa decidirá en antejuicio si su caso procede a los tribunales regulares o no.
fuente:edh