La Casa Blanca dice que Sally Yates “traicionó” al Departamento de Justicia al negarse a hacer cumplir el decreto legal para proteger a los ciudadanos estadounidenses.
En un movimiento dramático que ha provocado un choque sin precedentes entre el presidente estadounidense Donald Trump y el personal profesional de alto rango del gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca declaró el lunes que despedía a la Fiscal General de Estados Unidos Sally Yates por su oposición a la orden ejecutiva del viernes pasado que prohíbe la entrada a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.
Yates dijo el lunes que no defenderá la orden ejecutiva en la corte, explicando en una carta a los abogados del Departamento de Justicia: “soy responsable de velar que las posiciones que tomamos en los tribunales sean consistentes con la solemne obligación de esta institución de buscar siempre la justicia y defender lo que es correcto. En este momento no estoy convencida de que la defensa de la orden ejecutiva es consistente con estas responsabilidades ni estoy convencida de que la orden ejecutiva sea legal”.
La Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Justicia revisó la orden ejecutiva de Trump antes de que el presidente la firmara, pero Yates explicó en su carta que esta entidad dentro de su departamento “no evaluó si la política encarnada en la orden ejecutiva es sabia o justa” y agregó que era su “responsabilidad asegurarse de que la posición del Departamento de Justicia no sólo es legalmente defendible, sino que está fundamentada en nuestra mejor visión de lo que es la ley después de considerar todos los elementos”.
“Mientras yo sea la fiscal general en funciones, el Departamento de Justicia no presentará argumentos en defensa de la orden ejecutiva, hasta que esté convencido de que es apropiado hacerlo,” manifestó en su carta. Yates fue nombrada vicefiscal general por el ex presidente Barack Obama en 2015, y se convirtió en fiscal general en funciones hace diez días tras la toma de posesión de Trump. El senador republicano Jeff Sessions, candidato de Trump para fiscal general espera la confirmación del Senado.
La Casa Blanca emitió una comunicado el lunes por la noche acusando a Yates de haber “traicionado al Departamento de Justicia” y agregó que “la Sra. Yates, una funcionaria del gobierno de Obama, es débil con respecto a fronteras y muy débil con respecto a la inmigración ilegal”. La declaración agrega que Trump ha nombrado a Dana Boente, fiscal federal del Distrito Este de Virginia, para actuar como fiscal general hasta que se confirme la nominación de Sessions.
Poco después de despedir a Yates, la administración anunció el reemplazo de otro alto funcionario relacionado con la política de inmigración. Daniel Ragsdale, director en funciones de la Agencia de Inmigración y Aduanas, fue reemplazado el lunes por Thomas Homan, un policía veterano con “casi 30 años de experiencia en el cumplimiento de la ley de inmigración,” según el Departamento de Seguridad Nacional. La declaración no explica por qué el Sr. Ragsdale fue reemplazado.
Stephen Miller, asesor político de Trump dijo que la carta de Yates a sus empleados en el Departamento de Justicia era “una demostración más de cómo nuestro sistema legal se ha politizado”. Yates recibió el apoyo de Eric Holder, ex fiscal general en el gobierno de Obama, quien tuiteó que “Sally Yates, una persona íntegra, abogada con grandes habilidades legales, ha servido a esta nación con distinción.
La orden ejecutiva de Trump fue impugnada en los tribunales de todo el país desde el viernes por la noche, y a partir del lunes, al menos cuatro jueces federales en diferentes tribunales dictaminaron a favor de las personas detenidas por la nueva orden
Fuente: Haaretz