El camino de Daniel Ortega hacia una nueva reelección en Nicaragua por qué es tan cuestionado

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, busca un nuevo mandato en las elecciones de noviembre. Y hay polémica.

La campaña para las elecciones de noviembre acaba de empezar, pero en Nicaragua se dice que es como si ya se hubiera votado.

Modelo dinástico, régimen de partido único, gobierno autoritario, concentración de poderes y la aniquilación de la oposición: las acusaciones contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, crecen de cara a unos comicios en los que el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) busca reelegirse por tercera vez consecutiva.

Y su victoria se da por descontada.

La Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, intelectuales nicaragüenses y expresidentes latinoamericanos han expresado su preocupación por la enrarecida situación política que atraviesa el país.

Y lo ocurrido en las últimas semanas llevó a muchos dentro y fuera del país a preguntarse si efectivamente puede haber elecciones libres y transparentes y hacia dónde se dirige esta Nicaragua que, de ganar el mandatario, tendría almismo presidente durante 14 años de forma ininterrumpida y acumularía 24 años en el poder.

Golpe a golpe

La erosión a la democracia nicaragüense, dicen los críticos del sandinismo, se ha venido gestando desde la llegada de Ortega a la presidencia y se acentuó en las últimas semanas.

Ello pese a que en campaña electoral el propio Ortega decía una década atrás que quería ganar «para acabar con el presidencialismo» y que «el poder quede en el pueblo». El tiempo pasó y, para sus opositores, el mandatario no ha hecho más que acumular poder en torno a él y su familia.

Eduardo Montealegre, diputado opositor de NicaraguaImage copyrightAFP
Image captionLa justicia le quitó a Eduardo Montealegre la coordinación del principal partido de oposición.

El detonante de la última escalada de tensión en el país se dio en junio cuando la Suprema Corte de Justicia, controlada por el oficialismo, determinó que la representación legal del opositor Partido Liberal Independiente (PLI) le pertenecía al dirigente Pedro Reyes y no al diputado Eduardo Montealegre,

La coordinación del principal partido de oposición pasó así de las manos de quien fuera segundo en las elecciones de 2006, e iba a ser candidato en noviembre, a las de un dirigente considerado afín a Ortega. Esto semanas antes del plazo para inscribir las candidaturas.

El presidente de la Sala Constitucional del máximo órgano de justicia, Francisco Rosales, rechazó que la decisión derivara en la exclusión de las elecciones del grupo de Montealegre y aseguró que podía participar bajo otro partido que sí tuviera reconocimiento legal.

El PLI, que tenía 24 de los 91 diputados de la Asamblea legislativa, lidera la Coalición Nacional por la Democracia, la principal agrupación de oposición que tras el polémico fallo de la justicia decidió no participar en los comicios al denunciar que estos eran una «farsa».

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y Rosario Murillo, la primera damaImage copyrightAFP
Image captionRosario Murillo, la primera dama, será la candidata a la vicepresidencia en la fórmula que encabeza Ortega.

Luego, a fines de julio, el Consejo Supremo Electoral (CSE) le dio otro golpe a la oposición al destituir a 28 diputados (16 titulares y 12 suplentes) con el argumento de que habían desconocido la sentencia de la Corte sobre la representación legal del PLI.

Y a inicios de agosto se anunció que la esposa de Ortega, Rosario Murillo, sería su compañera de fórmula en las elecciones de noviembre.

Con este escenario, el presidente, de 70 años, es el único candidato con posibilidades de ganar una elección donde tendrá como rivales a pequeños partidos de oposición que juntos no alcanzan al 6% de las preferencias en las encuestas.

«Dictadura con pretensiones dinásticas»

Las críticas no se hicieron esperar.

La Iglesia católica señaló que «todo intento por crear condiciones para la implantación de un régimen de partido único (…) es nocivo para el país» y a la advertencia se sumó el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la cúpula empresarial que se ha caracterizado por su cercanía con Ortega.

Y una antigua compañera de armas de Ortega y famosa comandante de la Revolución Sandinista (1979-1990) no duda en afirmar que en Nicaragua hay una «dictadura con pretensiones dinásticas».

Dora María Téllez, excomandante de la Revolución SandinistaImage copyrightAFP
Image captionDora María Téllez, excomandante de la Revolución Sandinista, asegura que en Nicaragua «se pretende establecer la dinastía de una manera institucional».

Dora María Téllez, de 60 años, fue conocida en los años de la revolución como «Comandante 2». En 1995 decidió cortar su vínculo y formar el partido Movimiento Renovador Sandinista (MRS), ilegalizado hace ocho años lo que la llevó a estar dos semanas en huelga de hambre.

En entrevista con BBC Mundo, señala que el gobierno de Ortega no permite el ejercicio de los derechos políticos, ostenta un control total de las instituciones y los poderes del Estado, tiene un monopolio mediático y goza de una alianza con el gran capital.

Téllez advierte que Ortega busca instaurar en Nicaragua un sistema como el que el sandinismo derrotó en 1979 al acabar con el régimen militar de la familia Somoza, que se había impuesto en el país desde 1937.

«Se pretende establecer la dinastía familiar de una manera institucional, es un modelo redondo de control de poder por parte de la familia Ortega-Murillo», señala.

Pero el diputado sandinista Jacinto Suárez desestima los temores sobre una eventual sucesión dinástica. «Ay Dios mío, sean serios. Eso son pavadas, son tonterías, son epítetos», le dice a BBC Mundo.

Protesta contra Daniel Ortega en ManaguaImage copyrightAFP
Image captionLas medidas del gobierno han generado cuestionamientos dentro y fuera de Nicaragua.

Para este viejo aliado del mandatario, la reelección indefinida, aprobada con polémica en 2014, «es buena porque este es un proyecto de reconstrucción nacional«.

Antes, para las elecciones de 2011, la justicia aliada del oficialismo había eliminado las dos trabas que impedían que Ortega volviera a ser candidato pues la Constitución de ese entonces establecía que no podía ser presidente quien ocupara el cargo o lo hubiera ocupado ya dos veces.

«Estamos preguntando: ¿Quieren que siga el bueno gobierno? ¿Qué van a decir ellos? ¿Van a decir que no quieren que siga?», argumenta Suárez.

El diputado también rechaza las críticas a la destitución de sus colegas porque todo se hizo dentro del «marco legal y constitucional» y asegura que hay «una burbuja creada por los medios de que se los ha expulsado injustamente, como si fuera una cosa autoritaria».

Y Suárez también desestima los señalamientos de que Ortega eliminó la autonomía de poderes, pues ve aspectos positivos en esa concentración.

«Dicen que porque tiene el Congreso, porque tiene la Corte Suprema, tiene esto, tiene lo otro, pero si ése es el éxito de tenerlo todo. ¿Qué es lo que dicen los presidentes cuando se van del poder? No pude hacer mi programa de gobierno porque el Congreso no me dejó. Aquí no sucede eso».

«Cuando todos caminamos en la misma dirección, hay estabilidad», agrega. «Se da un sistema muy fuerte (…) no veo por qué es antidemocrático que todos los poderes caminen en la misma dirección«.

«Es ridículo»

Para las voces oficialistas un nuevo mandato de Ortega es necesario para continuar la «democracia social» que el sandinismo defiende como el modelo adecuado para Nicaragua.

El diputado Suárez señala que como el sandinismo, tras dos períodos de gobierno «excelentes», cuenta con un «75% de aceptación», un amplio sector es favorable a la reelección de Ortega. «¿Cree que alguien necesita hacer trampa? Es ridículo», apunta.

Campaña del PLI en NicaraguaImage copyrightAFP
Image captionLos partidos de oposición que siguen en contienda registran menos de un 6% de intención de voto en las encuestas.

Sin embargo, no son pocos en el país quienes hacen hincapié en que si el apoyo al presidente fuera tan sólido, no hubiera sido necesario sacar a la oposición real de la contienda electoral.

De esta forma, el periodista Carlos Chamorro, director de la publicación Confidencial e hijo de Violeta Chamorro, presidenta entre 1990 y 1997, cree que las maniobras de Ortega en las últimas semanas podrían implicar un «golpe preventivo».

«Detrás de la gran fortaleza que exhibe este régimen hay algunos elementos de debilidad. Este gobierno se está adelantando a los hechos en los cuales podría deteriorarse el nivel de control que tiene sobre la sociedad nicaragüense«, le dice a BBC Mundo, refiriéndose a un eventual empeoramiento de la situación económica, debido en parte a la caída en la cooperación del gobierno aliado de Venezuela.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.Image copyrightAFP
Image captionVenezuela ha sido un aliado político y económico clave del gobierno de Daniel Ortega.

De cara a los comicios, la oposición impedida de participar ya hizo un llamado a laabstención masiva en las elecciones del 6 de noviembre, y también le está pidiendo a los empleados públicos voten nulo.

«Tenemos que desconocer estas elecciones, son ilegítimas e ilegales, no van a representar la voluntad popular, se tienen que repetir con todos los actores», considera en diálogo con BBC Mundo Ana Margarita Vijil, presidenta del MRS.

Esta exdiputada lanza una advertencia al asegurar que su país no está habituado a las grandes manifestaciones políticas.

«Estamos al borde de otra guerra. No tenemos experiencia en salidas cívicas a los problemas políticos, entonces si no hay salida electoral (…) es sumamente peligroso, no podemos repetir los ciclos», advierte.

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